Garantizados los recursos para el arriendo temporal, traslado y atención humanitaria del cabildo indígena zenú de Membrillal, hoy sujeto de reparación colectiva.
Así lo anunciaron las entidades convocadas por el procurador de asuntos étnicos, Richard Moreno, en reunión realizada en la Casa de la Moneda de la Gobernación de Bolívar.
El compromiso abarca desde el pago de arriendo del lote hasta la compra y adjudicación a la comunidad indígena del predio Cachenche. Esto lleva consigo, la entrega de ayudas humanitarias, implementación de proyectos productivos, garantía de entornos seguros y construcción de infraestructura habitacional.
“Comprometimos recursos hasta el mes de diciembre 2019 para el arriendo del lote y ya presentamos ante la Sociedad de Activos Especiales, la carta de intención para que se surtan los trámites correspondientes y poder garantizar la estadía del Cabildo en el predio”, manifestó Dumek Turbay Paz, Gobernador de Bolívar.
El tema de los recursos para el traslado y estadía, estarían garantizados por parte de Alcaldía de Cartagena y la Unidad para las Víctimas.
“Para el 2019 se comprometieron mil millones de pesos para la atención a la comunidad indígena. El tema de la compra del arriendo, está por definir teniendo en cuenta que el lote, se encuentra fuera de nuestra jurisdicción”, delegado de la Alcaldía Distrital.
Este Sujeto de Reparación Colectiva, declarado por la Unidad para las Víctimas en junio de este año, contará con recursos de la entidad para su traslado.
“La comunidad indígena tendrá apoyo logístico para su traslado. Ya se han entregado ayudas humanitarias como corresponde y para el 2019 estaremos iniciando el alistamiento, para la formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva. En cuanto a la oferta institucional que viene con la Reparación integral, como víctimas del conflicto armado, debemos esperar a que se compre y adjudique el predio para poder implementar las acciones”, Miledy Galeano Paz, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Bolívar y San Andrés.
La comunidad recibirá ayuda humanitaria de emergencia, por parte de la Gobernación de Bolívar y si se aprueba, también se contará con recursos de la Alcaldía de Turbana.
Los representantes de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Personería Distrital, acompañarán a la comunidad y garantizarán el cumplimiento de los compromisos por parte de las entidades.
La fecha de traslado quedó para el 26 de noviembre antes de que se cumpla la orden desalojo, establecida por un Juez de la República, para el 4 diciembre.
