Este viernes, la Unidad para las Víctimas reconocerá al pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como víctima del conflicto armado y Sujeto de Reparación Colectiva. Su inclusión en el Registro Único de Víctimas es un hito en favor de los pueblos étnicos cuya pervivencia se ha visto afectada por los estragos de la guerra y una oportunidad histórica para que el Estado lo repare y garantice los derechos colectivos a la autonomía, la integridad cultural y al maritorio y territorio, que fueron vulnerados.
Desde Providencia, Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas, liderará el acto de notificación al pueblo raizal y presentará la resolución 2023-111763 del 29 de noviembre que contiene los daños que debilitaron su proyecto colectivo: “Este reconocimiento permitirá visibilizar y entender cómo las dinámicas del conflicto se adaptaron de manera diferencial a la insularidad, habla de cómo sus expresiones son distintas a las del resto del país continental”. Con esto, se espera iniciar la ruta para concertar el Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) para resarcir los daños y los derechos vulnerados con ocasión de la guerra.
Este reconocimiento es el resultado de un año de trabajo de la Unidad para las Víctimas con la población víctima raizal, en el marco de una estrategia de intervención integral. Durante 2023, la Unidad para las Víctimas realizó diálogos comunitarios con representantes del pueblo raizal e instancias del Gobierno local, con miras al fortalecimiento organizativo y la reconstrucción de la confianza en la institucionalidad. En ese proceso, el pueblo raizal relató la historia que hay detrás de la llegada del narcotráfico a las islas en la década de 1980, de las disputas territoriales, y de la instrumentalización y estigmatización que han sufrido sus navegantes y pescadores por el conocimiento que ostentan sobre el mar.
A pesar de las decenas de testimonios de las y los raizales, de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, y de los diversos informes que retrataron -más recientemente- los escenarios de violencia ejercidos contra esta población declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, el pueblo raizal había padecido las consecuencias del conflicto sin la atención adecuada del Estado.
Conscientes de esto, la Unidad emprendió este proceso que incluyó actividades de memoria y reivindicación con los pobladores ancestrales de las islas caribeñas. Lo hizo atendiendo la instrucción del Gobierno del Cambio que, en su Plan Nacional de Desarrollo, impulsa a que el Estado garantice efectivamente los derechos de los pueblos étnicos. También, amparada bajo la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y, en especial, bajo el Decreto Ley Étnico 4635 de 2011, enfocado en víctimas negras, afros, raizales y palenqueras.
¿Cuáles son los daños colectivos que reconoce la Unidad para las Víctimas?
A través de la resolución 2023-111763 del 29 de noviembre, la Unidad para las Víctimas incluye en el Registro Único de Víctimas (RUV) a la comunidad perteneciente al pueblo raizal del archipiélago y establece que existen daños a los derechos colectivos, vinculados de forma directa e indirecta al conflicto armado.
El documento señala que el derecho a la autonomía fue vulnerado pues su ejercicio político y de gobierno propio se vio limitado toda vez que se afectaron sus liderazgos, sus formas organizativas, y se impusieron patrones de conducta distintos a los de su cultura, que afectaron el transcurso libre de su vida comunitaria.
También, indica que los patrones de victimización que relató la declarante Rossana Teresa Livingston Henry, primera vicepresidenta del Raizal Council, dan cuenta del daño al derecho a la integridad cultural. Según la resolución, el pueblo étnico se ha enfrentado a hechos de violencia que han “producido la pérdida de su identidad”. La entidad expone que las afectaciones derivadas del narcotráfico, de la implantación del modelo de desarrollo ligado al turismo y de la sobrepoblación han causado una disminución a la calidad de vida y una pérdida paulatina de sus prácticas, “fracturando su preservación, su existencia física y cultural y la efectividad plena de sus derechos sociales, económicos y culturales”.
Finalmente, se afectó el derecho al territorio y maritorio porque las dinámicas de violencia derivadas del narcotráfico tuvieron un especial impacto sobre el mar “por la reconfiguración del maritorio y por el cambio de los significados y usos culturales y de protección ambiental”, dice el documento.
Entre los daños individuales con efectos colectivos, la resolución enumera los siguientes: desaparición forzada, homicidio, delitos contra la libertad e integridad sexual, lesiones personales, esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso, allanamientos, amenazas a la vida, a la integridad y a la seguridad personal, daño por racismo y discriminación racial, y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.
Con este reconocimiento, la Unidad para las Víctimas evidencia que la colombianización es el punto de partida de dichas vulneraciones. Esta se entiende como un proceso de modernización impuesto desde el centro del país para homogeneizar la cultura de la región y asimilar la identidad nacional. La imposición de la lengua española, el ingreso libre a familias continentales para domiciliarse en las islas, y el encargo de la educación a la Iglesia católica fueron algunas expresiones de este fenómeno que se instauró con la ley 52 de 1912 que creo la intendencia nacional de San Andrés y Providencia.
“Una de las exigencias que ha tenido históricamente el pueblo raizal al Estado colombiano es que las instituciones podamos avanzar en la superación del racismo institucional y podamos reconocer los derechos establecidos y continuar con la garantía de sus derechos”, expresó al respecto Tobón Yagarí.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
