El Centro Cultural del Oriente, en Bucaramanga, fue el escenario que reunió cerca de 500 personas que hacen parte de la población afectada por el conflicto armado en Santander, que con su voz y voto eligió a sus representantes a la Mesa Departamental de Participación Efectiva de las Víctimas para el periodo 2019-2021.
La Mesa saliente presentó su balance de los años 2017-2019 y mostró importantes resultados, alianzas y recursos ejecutados.
En el marco de las disposiciones contempladas en la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas), se llevó a cabo el proceso de elección de la mesa departamental, donde están representados 81 municipios que hacen parte de la jurisdicción de la Unidad para las Víctimas en Santander.
“Ellos serán los voceros en este periodo de 2 años, acompañando a las nuevas administraciones y asumiendo unos retos importantes en las estrategias desde la dirección territorial y nacional de la Unidad para los cierres de gobierno de los mandatarios y para garantizar que esa transición no sea traumática en materia de implementación de la política pública de víctimas en todo el territorio”, enfatizó Gonzalo García Bautista, director territorial de la Unidad para las Víctimas en Santander.
Durante el proceso de elección de la mesa participaron aproximadamente 500 personas víctimas de los diferentes hechos victimizantes (desplazamiento, homicidio, desaparición forzada, minas y artefactos explosivos, amenazas, torturas, enfoques diferenciales, entre otros).
Ana Ilbia Ariza Ardila, representante elegida por el municipio de Vélez, señaló que la elección de la mesa departamental le da la oportunidad de seguir trabajando en pro de las víctimas. “Son espacios que se nos abren a nosotros, para que vayamos y representemos aquellas personas que no tienen voz en los diferentes ámbitos, para colaborar con la población que tanto lo necesita”, dijo.
“El reto es la construcción de un escenario propositivo, la ley tiene una vigencia en el tiempo y estamos precisamente arrancando este proceso de discusión de lo que va a hacer la extensión de la vigencia de la norma y se requiere un compromiso no sólo institucional sino de la población víctima en un tema de corresponsabilidad para que se aprovechen la inversión y los recursos”, expresó Gonzalo García.
Orlando Burgos, quien fue víctima de desplazamiento forzado y cuya familia fue asesinada hace 18 años, cuenta que desde su época estudiantil empezó a asumir el rol de organizar esta población, “a través de fundaciones que nos permitieran reclamar los derechos de manera organizada, después llega todo el tema de la Ley 387 de población desplazada que aún sigue vigente y después llega la Ley 1448 que nos permite estar ahora en las mesas de víctimas representando los diferentes sectores y enfoques diferenciales”.
Burgos, representante de Barrancabermeja, habló de los resultados obtenidos en la Mesa en el periodo 2017-2019: “Hemos hecho mucha incidencia en estos 4 años, logramos 84 metas de producto con la administración departamental, con recursos por más de siete mil millones y se tuvo la buena voluntad del gobernador que permitió el diálogo”.
El vocero de las víctimas agregó también que la reparación colectiva en Santander ha tenido un buen tratamiento y obtención de recursos dentro de la administración departamental y la Unidad para las Víctimas en el territorio.
(Fin/VRC/DRR/LMY)
