La Unidad para las Víctimas, a través de una comunicación dirigida a la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, explicó las acciones extraordinarias dispuestas en materia de ayuda humanitaria, asistencia y atención inmediata, para mitigar contingencias que la población de víctimas del país pueda sufrir, producto del aislamiento ordenado por el Gobierno, para reducir la propagación del COVID-19.
La Unidad reportó que para mitigar esas contingencias que se puedan generar, realizó la colocación masiva adicional de 43.647 giros de atención humanitaria por valor de $31.500.000.000, para familias víctimas de desplazamiento forzado con carencias en subsistencia mínima.
La entidad precisó que los referidos recursos corresponden “a un presupuesto adicional a los 35.000 millones ya entregados a 55.000 familias, ejecutados en el mes de marzo”. “En materia de atención humanitaria, se están programando pagos focalizados en aquellos hogares que tengan identificado nivel de carencias y que tengan giros pendientes”, se anotó en la comunicación.
También recalcó que continuará entregando ayuda humanitaria (Atención Humanitaria de Inmediatez), a través del mecanismo de subsidiariedad y corresponsabilidad por medio del acuerdo que se tiene vigente con las entidades municipales que reporten emergencias humanitarias durante la cuarentena.
Los vulnerables
Respecto a las víctimas en condición de pobreza, la Unidad subrayó que requirió a las entidades territoriales, promover acciones efectivas de atención/ayuda humanitaria inmediata y de asistencia a la población víctima en su territorio, focalizando y priorizando a quienes estén en situación de vulnerabilidad, de manera coordinada y complementando esfuerzos que en la materia adelanta el Gobierno, a través de su entidad, Prosperidad Social y el ICBF en razón a la emergencia sanitaria.
Igual, hizo claridad en el sentido de que “la emergencia que se está presentando no corresponde a una situación asociada al conflicto armado interno, por lo que la Unidad para las víctimas no puede adelantar acciones por fuera del marco legal que establece la Ley 1448 de 2011 y de sus competencias misionales”.
No obstante, agregó que se han hecho recomendaciones a los alcaldes y gobernadores para la implementación de acciones de coordinación con las mesas municipales y departamentales de víctimas, que garanticen a la población víctima vulnerable, sin acceso a otros programas sociales, las ayudas destinadas por la entidad territorial, por la Unidad y demás programas sociales de manera efectiva y eficaz. Se resalta la importancia de que las referidas acciones de articulación también deben efectuarse entre municipios y gobernaciones.
La Unidad para las Victimas también se postuló para acompañar el proceso de atención de la población más vulnerable, e informó que seguirá fortaleciendo los espacios mediante una labor mancomunada con estas mesas (municipales y departamentales de víctimas) a través de los diferentes medios y canales tecnológicos.
En la comunicación a la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, la Unidad anunció que consultará con la Presidencia de la República, la posibilidad de concertar una sesión extraordinaria, teniendo en cuenta la compleja situación que vive el país.
(Fin/AMA/LMY)
