Un mayor acercamiento y articulación de las instituciones que facilite la acción del Estado para la restitución de los derechos de las víctimas es, a juicio del defensor Regional del Pueblo de Cundinamarca, Julio Quintero, la acción más importante que se debe emprender para cumplirle a la Mesa Departamental de Participación de Víctimas de Cundinamarca, elegida hoy.
“Cundinamarca es un departamento expulsor, pero también receptor de víctimas. Hay 128 mil víctimas registradas, a quienes se les arrebató su proyecto de vida. Ahora lo que debemos hacer es garantizar que las medidas resulten efectivas y eso se logra dando continuidad y fortaleciendo la alianza estratégica que tenemos con la Gobernación de Cundinamarca y la Unidad para las Víctimas”, dijo el Defensor.
Agregó que debe continuarse con que las acciones del Estado se ejecuten en el territorio para lograr priorizar necesidades y derechos, como se ha venido haciendo hasta ahora.
A este espacio de participación de las víctimas del conflicto armado fueron convocados 549 delegados de las 104 mesas municipales elegidas entre el 20 de agosto al 10 de septiembre de este año, todos ellos en representación de los enfoques diferenciales y hechos victimizantes contemplados en el Protocolo de Participación Efectiva de las Víctimas.
Gladys Zárate Fierro, del municipio de La Palma fue una de las representantes elegidas por el hecho victimizante de Minas Antipersonal. Es la segunda vez que es elegida, y señaló que continuará trabajando en temas relacionados con la vivienda, educación, proyectos productivos y priorización en la indemnización administrativa, para esta población que fue afectada física y psicológicamente, y que, por las condiciones de discapacidad de la mayoría, necesitan tratos preferenciales.
Para Elmer Arias Bedoya, del municipio de Chía, elegido por primera vez en la Mesa Departamental de Participación, por este mismo hecho victimizante, la propuesta de trabajo se resume así: “Necesitamos que las instituciones cumplan la Ley”, en referencia a la Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas.
Por su parte, Olga Lucía Yagüé, del municipio de Funza, también fue elegida por primera vez en la Mesa Departamental, por el hecho victimizante de vida y libertad. “La mesa de víctimas es una instancia que debe organizarse y estructurarse. Debemos entender que no estamos en ella para pedir, sino para proponer. Que somos gestores de nuestros nuevos proyectos de vida, porque debemos volver a empezar, volver a nacer, volver a reconstruir nuestra vida”, señaló.
(Fin/APG/LMY)
