Durante la segunda jornada del Tercer Plenario de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas que se desarrolla en la capital del Caquetá, voceros de víctimas de Quindío, Cauca, Antioquia, Boyacá y Bolívar, apoyaron la propuesta realizada la semana anterior por el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, y el contralor de la República, Carlos Felipe Córdoba, de pedir un informe a alcaldes y gobernadores, entrantes y salientes, respecto al cumplimiento de los programas para las víctimas.
“La propuesta del procurador me parece loable; yo quisiera hacer claridad de por qué no tenemos alcaldes y gobernadores sancionados por el incumplimiento de la ley 1448”, manifestó Maicol Martínez, vocero de víctimas del departamento del Quindío.
Por su parte, María Angélica Cruz Rodríguez, delegada del Valle del Cauca, aseguró estar de acuerdo frente a este tema: “Debemos hacer ensambles porque eso está el papel pero en la realidad no se ve reflejado, hay presupuestos y accionares pero cuando llegan queda un trabajo a medias y a mitad del camino, y los perjudicados somos nosotros las víctimas del conflicto armado”
También se unió a la iniciativa Adriana Patricia Pérez Rojas, delegada de Antioquia por el hecho victimizante de desaparición forzada, quien comentó que “es necesario que los gobernantes dejen un informe de gestión con y para las víctimas porque sucede que en muchos territorios no se hace el trabajo o si se hace se desconoce; entonces al rendir el informe vamos a poder tener las misma posibilidad de conocer los procesos nacionales”.
Rut Guauque Castro de Boyacá, consideró que “los gobernantes actuales deben dejar un informe de gestión para poder darle continuidad y realizar un seguimiento a la política pública de víctimas como un deber y un derecho que otorga la ley 1448.”
Finalmente, Ignacio Torralba Gómez, delegado de víctimas del departamento de Bolívar dijo que “es una lucha que llevamos los líderes, en el caso de Cantagallo, en nuestro departamento estamos exigiendo al gobernador una rendición de cuentas en todo lo que tiene que ver con la política pública de víctimas y restitución de tierras”.
Con esta propuesta y a través de la estrategia de nuevos mandatarios desarrollada por la Unidad para las Víctimas, se afianza el compromiso exigido a gobernantes salientes y aspirantes a servidores públicos, a dar continuidad a la política pública, que rescata y defiende los espacios y derechos que garantizan la reparación integral de las víctimas en todo el territorio nacional.
(Fin/YUM/DFM/LMY)
