Inversión, mayor presupuesto, subsidios y mejoras en la oferta educativa, fueron algunos de los principales compromisos -incluso como metas con cifras concretas- que se abordaron en las mesas de alto nivel del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas (SNARIV). Este espacio fue convocado por la Unidad para las Víctimas y contó con la representación de la mayoría de las entidades (más de 30) que conforman el sistema. Cabe recordar que la Unidad, como coordinadora del SNARIV, debe velar por una efectiva articulación institucional.
Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas, aprovechó este espacio para hacer un llamado a las entidades del SNARIV a trabajar de manera conjunta y articulada por las víctimas del conflicto armado. “Es un asunto de Gobierno, nos interesa la paz y la justicia social por las víctimas. Este no es un tema menor. A veces siento que se tiene muy poco conocimiento por parte de las entidades que conforman el sistema y requiero de todos ustedes, de toda la sensibilidad para que las y los directores y jefes de oficina entiendan que cumplirle a las víctimas es asunto central y estratégico para el Gobierno nacional”, aseveró.
Las actas, firmadas durante cada día por los representantes de las entidades, dejaron fijados compromisos para la superación de los rezagos en la implementación de la política pública de víctimas. Serán expuestas al presidente de la República, Gustavo Petro y, el próximo 24 de marzo, se llevará a cabo el encuentro institucional del SNARIV.
Compromisos y anuncios concretos
Quizás el anuncio más importante durante estas jornadas fue el del Ministerio de Educación. Esta cartera se comprometió a dar un salto en la inversión para lograr que más víctimas del conflicto armado accedan a la oferta en educación superior. De esta manera, el ministerio reveló que para el segundo semestre de este año destinará 78.305 millones de pesos para este propósito, lo que equivale a 2.000 créditos de educación profesional 100% condonables.
Teniendo en cuenta que durante este primer semestre de 2023 la cartera invirtió 31.000 millones de pesos, representados en 797 créditos condonables-, el anuncio resulta de vital importancia pues significa un incremento en la inyección de recursos de 250%.
Por otro lado, el Ministerio de Vivienda anunció que el próximo 15 de abril empezará con la asignación de nuevos subsidios del programa Mi Casa Ya, para lo cual estableció una nueva metodología que focalizará y priorizará la entrega de estos subsidios a la población víctima en situación de vulnerabilidad en zonas rurales. Esto funcionaría de la siguiente manera: sobre el puntaje que se maneja para otorgarlos, las víctimas tendrían cinco puntos adicionales sobre el resto de las personas que lo solicitan y, además, otros cinco puntos si pertenecen a un grupo diferencial.
El Ministerio del Trabajo se fijó la meta, para población víctima, de que en máximo 15 días firmará convenios para: otorgar formación a por lo menos 1.611 personas en etapa de reparación para que puedan acceder a la oferta laboral, una orientación vocacional dirigida a 600 jóvenes (entre 16 y 21 años), fortalecimiento productivo para 905 personas, generación de ingresos a nivel rural con emprendimientos rurales agropecuarios y no agropecuarios para 1.504 personas, además se buscará la estabilización económica (con la entrega de activos en distintas líneas productivas) de 724 sujetos de reparación colectiva.
El Departamento de Prosperidad Social (DPS) señaló que rediseñará sus programas de obras de infraestructura social y comunitaria y obras de vivienda. Esto lo hará bajo dos enfoques: pasando de un esquema de demanda a oferta y focalizando las víctimas en los programas.
Entre los compromisos destacados también está el que hizo el Departamento Nacional de Planeación, que se comprometió a trabajar con las mesas de víctimas para mejorar el funcionamiento del SISBEN IV. Este ejercicio se hará en los territorios y se establecerá un canal de comunicación directo con las víctimas.
¿Qué dijeron las víctimas?
La Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, que hizo presencia en todos los espacios, enfatizó en la importancia de que estos espacios no se conviertan en una rendición de cuentas, como ocurrió durante algunas presentaciones de las entidades, sino que sea un escenario en el que se lleguen a anuncios concretos en materia de superación de los rezagos en la implementación de la política pública de víctimas. El llamado a los representantes de cada entidad que hace parte del sistema también vino desde la misma subdirección del SNARIV.
“Las víctimas del conflicto armado queremos creer en este andamiaje del gobierno del cambio”, dijeron representantes de las mesas de víctimas. De igual manera, solicitaron una póliza de seguro para las lideresas y los líderes de las mesas, ya que en su proceder están expuestos a sufrir atentados contra su vida.
También hicieron un llamado de atención a la Procuraduría, la Controlaría y la Defensoría del Pueblo para que se implementen sanciones a gobernantes territoriales que no han cumplido con la implementación de la política pública de víctimas. Además de ello, específicamente a la Procuraduría le pidieron ayuda para realizar la veeduría de alcaldías y gobernaciones, debido a que en su condición de víctimas se encuentran con barreras que obstaculizan el acceso a la información que necesitan para hacer seguimiento.
El balance al final de las jornadas
La Defensoría del Pueblo destacó tres puntos esenciales para lograr avances en el cumplimiento a las víctimas: cambiar la mentalidad de que cada entidad trabaje en sus proyectos de manera aislada y, por el contrario, lograr articulación y trabajo en conjunto en el SNARIV; reenfocar el rol de las víctimas, no solo como beneficiarias de la política sino como actores y partícipes activos; y, por último, la necesidad de conocer qué, por qué, y cuándo se llevarán a cabo los compromisos para poder hacer un seguimiento efectivo.
Silvia Juliana Pradilla, subdirectora de la coordinación técnica del SNARIV, concluyó que la semana fue provechosa y reiteró la disposición de la Unidad para las Víctimas para coordinar las acciones que emprenderán las entidades. “Hicimos compromisos que nos va a permitir avanzar en la superación de los rezagos”, explicó.
Al final de las jornadas, Eucaris Salas, coordinadora de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, agradeció por las mesas de trabajo. Dijo que este escenario fue importante para construir soluciones conjuntamente y cara a cara con las entidades estatales. “Es una comunicación directa que permite cumplirle a las víctimas en el país”, anotó.
