Atendiendo a la difícil situación que se vive en el territorio amazónico a causa de la emergencia sanitaria generada por la COVID-19, la Unidad para las Víctimas envió una solicitud a la Gobernación del Amazonas, el pasado 14 de mayo, para que active el Comité Territorial de Justicia Transicional, con el fin de hacer el seguimiento y la verificación de mecanismos de prevención y protección de las comunidades indígenas de las áreas no municipalizadas como El Encanto, Puerto Alegría, Puerto Arica, Chorrera, Pedrera, Tarapacá, Araracuara, entre otras, y en los asentamientos y resguardos cercanos al casco urbano de Leticia, así como en el municipio de Puerto Nariño.
Lo anterior, teniendo en cuenta la responsabilidad del Estado de salvaguardar a los pueblos indígenas del Amazonas y de todo el territorio nacional para garantizar la pervivencia física y cultural, tal como lo ha ordenado la Corte Constitucional.
La Unidad reiteró la necesidad de avanzar en el proceso de implementación de los 16 planes de Reparación Colectiva ubicados en el departamento del Amazonas, mediante la coordinación de acciones con entidades territoriales y autoridades tradicionales.
Atención a otras comunidades
Dada la determinación de algunas de las comunidades jiw y nükak del Meta y Guaviare (amparados por el Auto 173 de 2012) de aislarse voluntariamente para prevenir el contagio, adentrándose a los territorios y generando un cambio de lugar de asentamiento habitual, se generó la necesidad de brindar acompañamiento a dichas comunidades para mejorar sus condiciones de habitabilidad, más aún cuando en los departamentos señalados es época de invierno. En esta gestión, a través del Grupo de Cooperación, la Unidad recibió apoyo por parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La Unidad para las Víctimas estableció la ruta de entrega de los elementos de apoyo entre el 20 de mayo y el 3 de junio de 2020, en las comunidades asentadas en Mapiripán (Meta), San José del Guaviare y El Retorno (Guaviare).
(Fin/DFM/LMY)
