Mujeres cabeza de hogar, mototaxistas, venteros ambulantes y personas mayores hacen parte de las 1.700 familias víctimas del conflicto en los seis municipios del Bajo Cauca antioqueño que recibieron ayuda alimentaria por su condición de vulnerabilidad durante la pandemia de COVID-19.
Consuelo Aguirre es una de ellas. Tras sufrir el desplazamiento forzado en Urabá, se radicó junto con su familia en Caucasia, donde en la actualidad ha visto afectada la economía familiar por las restricciones de las cuarentenas para la población.
“Por eso estas ayudas son bien recibidas en este momento cuando más se necesitan, porque todo mi esposo es mototaxista y eso está muy limitado, y se vendían fritos en la calle, pero ya no se puede ya que corre riego uno saliendo y la gente evita comprar cosas así”, relató la mujer al recibir una caja con productos nutricionales.
En total, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas entrega este mes 50.000 kits de alimentos a familias priorizadas por sus carencias en varias regiones del país. De estas, más de 4.000 se distribuyen en las subregiones del Occidente, Urabá, Bajo Cauca y Nordeste antioqueño.
Según el director territorial en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, “los municipios de Caucasia, Tarazá, Cáceres, Nechí, Zaragoza y El Bagre están entre los más afectados por el conflicto y con más víctimas y por eso se identificaron con cruce de bases de datos estas familias que no habían recibido ninguna ayuda de otras instituciones del Estado y las priorizamos para mitigar las carencias y el impacto de este aislamiento preventivo obligatorio”.
También indicó que “las 1.700 familias fueron escogidas por la Unidad para las Víctimas con apoyo de las alcaldías y los representantes de la población afectada por el conflicto de cada municipio para garantizar que la ayuda alimentaria la recibieran las más vulnerables”.
Carlos Mauricio Muñoz, coordinador de la mesas de participación efectiva de las víctimas de El Bagre, describe que las beneficiadas “son personas que viven del día a día, ya que nuestro municipio casi en su totalidad es minero y viven del rebusque, del granito de oro, entonces se ven muy impedidos en esta tiempos y estos alimentos son vitales para ellos”.
Entre tanto, el alcalde de Tarazá, Miguel Ángel Gómez, reconoce que “los 290 kits alimentarios llegan a nuestras comunidades más necesitadas en la zona urbana y rural para mitigar las necesidades que están pasando en estos momentos. También destacó que “priorizaron con estas ayudas a los seis municipios de esta subregión muy golpeados por la violencia”.
Además, en respuesta a la emergencia sanitaria por la pandemia, la entidad continúa este mes con la entrega de más de 11.500 indemnizaciones económicas y 46.562 giros de ayuda humanitaria para atender a víctimas de desplazamiento forzado en alimentación y alojamiento.
(Fin/JCM/LMY)
