Son por lo menos seis temas de fondo sobre la reforma a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) los que preocupan a la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas. La instancia, que reúne a representantes o voceros de organizaciones de quienes han sufrido los efectos del conflicto armado, se congregó el pasado 15 de mayo en Armenia, Quindío, para conversar sobre los avances de este proyecto de ley: si bien hace meses aterrizó en el Congreso, aún está a la espera de que se surta el primero de los cuatro debates que necesita para convertirse en norma de la República.
El plenario –integrado por 64 representantes- manifestó inquietud en torno a: la financiación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la superación del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), la articulación entre la nación y el territorio, la inclusión de lo pactado en el Acuerdo de Paz y el posterior Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, y el efectivo funcionamiento del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV).
Funcionarios de la Unidad para las Víctimas participaron del espacio para resolver preguntas sobre el estado del proyecto presentado por el Gobierno nacional pues son cinco propuestas legislativas las que buscan reformar la política pública de víctimas, siendo la de la Defensoría del Pueblo la única que ha avanzado hasta su tercer debate en ambas cámaras.
Al respecto, Gina Duarte, jefe de la Oficina Jurídica de la Unidad para las Víctimas, explicó que el documento presentado por la Unidad es robusto y busca aportar a soluciones estructurales a los rezagos que enfrentan las víctimas. “Es una propuesta que hay que defender porque recogió propuestas de organizaciones, y mesas de víctimas y el acumulado histórico que ya venía trabajando en sectores de víctimas”, insistió Duarte sobre el ejercicio democrático realizado. Además, afirmó que “se están generando diálogos importantes y estratégicos para sacar adelante temas tan importantes como la atención, retornos, financiación, y soluciones duraderas en el territorio”, entre otros que están alineados con las preocupaciones de las víctimas.
A juicio de algunas víctimas, en el proyecto de la Defensoría del Pueblo que entrará próximamente a su tercer debate no se están acogiendo los cambios que se necesitan, los cuales deben atender las verdaderas necesidades de las víctimas y que no han sido subsanadas en los 13 años que lleva la Ley de Víctimas.
Óscar Moreno López, representante por el departamento del César, manifestó que en el proceso de construcción del proyecto de la Defensoría la mesa no fue invitada a participar, mientras que esta instancia sí pudo hacer sus aportes en el que presentó el Gobierno Nacional: “Ha sido una lucha de la Mesa Nacional de cuatro o cinco años atrás. A la Mesa no la invitan a esos espacios, en cambio, en el del Gobierno tiene la representación, por ley, de las víctimas de todo el país”.
Por esto, López indicó que la Unidad para las Víctimas y el Ministerio de Justicia deben seguir insistiéndole a los ponentes para que le den relevancia al proyecto radicado por el Gobierno. También instó a las víctimas a iniciar acciones para agilizar y poner en el orden del día el primer debate, esos sí, siempre con la participación de ellas.
En esa línea se pronunciaron otros representantes. Por ejemplo, Orlando Burgos, representante de Santander, quien consideró que las víctimas en el territorio tuvieron mucho que ver en el proyecto de reforma que presentó la Unidad para las Víctimas, y se preguntó cuál es el compromiso de los representantes de la CITREP en este proceso.
Según John Jairo Romero, representantes de las víctimas en el exterior, aunque las modificaciones a la Ley 1448 presentadas por el Ministerio de Justicia y la Unidad para las Víctimas “tampoco reflejan nuestros intereses”, dejó claro que las víctimas organizadas deben “dar el impulso necesario porque es un trabajo conjunto entre las mesas y el Gobierno”.
“El proyecto de la Defensoría del Pueblo recoge algunas de nuestras propuestas, entonces lo que hay que hacer es la incidencia correspondiente en la comisión primera por parte de la comisión legislativa de la Mesa Nacional para que se tengan en cuenta nuestras proposiciones, que incluyen temáticas relacionadas con víctimas en el exterior”, agregó sobre el trámite en el Congreso.
Ante las preocupaciones de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas frente a la reforma de la Ley de Víctimas, Alejandra Llano, subdirectora de Participación de la Unidad, señaló que es necesario que las víctimas se apropien de este proceso en el Congreso. “Esto es una lucha de ustedes. Ustedes se atrevieron a hacer una apuesta política para presentar un proyecto legislativo para las víctimas, en ese sentido, los animo y les pregunto, ¿cuál va a ser el camino?: con seguridad la creatividad y las estrategias pueden vencer cada obstáculo que se presente. Pero es un debate que ustedes tienen que hacer y tienen que tomar decisiones”, agregó.
“Solo el tiempo podrá evaluar la dimensión de estas discusiones”
La directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, intervino en el encuentro de la Mesa. Allí se refirió a la importancia de este debate público sobre la reforma que contribuirá a avanzar en la salvaguarda de los derechos de las víctimas del conflicto. “El punto 5 del Acuerdo de Paz dice que hay una centralidad en las víctimas, es un punto relevante e importante. Debe conformarse una comisión de financiamiento y responder a ese reclamo histórico de los derechos de las víctimas. Por décadas se ha tenido la observancia del rezago fiscal, tributario y redistributivo; con expertos e instituciones, por lo que se debe hacer una reflexión pública en el Congreso”, insistió.
Tobón Yagarí también resaltó que en los casi dos años que lleva el Gobierno, el trabajo con las mesas de víctimas permitió incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo la meta de indemnizar a 600.000 víctimas para este cuatrienio. “A 31 de abril de 2024 y desde el inicio del periodo presidencial, se han realizado 225.345 indemnizaciones a 195.665 personas por un valor de 1,9 billones de pesos. Esto representa el 32,61% frente al Plan Nacional de Desarrollo y 13,24% frente al histórico de indemnizaciones”, explicó la funcionaria.
Tobón Yagarí concluyó que “fue un honor conocerlos, aprender y hacer del ejercicio de la función pública, un ejercicio por la reivindicación de los derechos y la reclamación de la justicia social. Solo el tiempo podrá evaluar la dimensión de estas discusiones”.
