Brindar orientación jurídica en torno a la política pública de víctimas conforme a los lineamientos de la Corte Constitucional, a través de la articulación para la defensa jurídica del Gobierno Nacional, por medio de diferentes estrategias de respuesta, como son la elaboración de informes en respuesta a autos estructurales, insumos para audiencias de seguimiento, estrategias para la superación del ECI y respuestas y reuniones con los entes de control, en el marco de la sentencia T-025 de 2004, con el fin de superar el Estado de Cosas Inconstitucional.
