Casi 8 horas demoró Remilda para ir desde su resguardo indígena en las selvas de Antioquia hasta el corregimiento más cercano llamado La Blanquita, de Frontino. Durante esta travesía cruzó montañas, ríos y llanuras en una zona que, además de tener campos minados, también es un territorio que se disputan grupos armados ilegales.
La mujer trigueña, de rasgos embera, llegó vestida con prendas coloridas y collares artesanales. Su rostro estaba adornado con pintura hecha de plantas de jagua y achiote.
No llegó sola, con ella arribaron cerca de 400 indígenas, entre jefes de 220 familias y sus líderes, procedentes de siete alejadas comunidades embera katío y oibida, que en su lengua nativa significa “gente de la selva”.
Amparradó Alto y Medio, Cañaverales, Amoladora, Jenaturadó, Antadó Arena y Antadó Guavina son comunidades ubicadas entre los municipios de Dabeiba y Frontino, pero a uno, dos y hasta tres días por caminos de herradura.
Esta población hace parte del foco de un plan de choque de la Unidad para las Víctimas para responder a los confinamientos causados por el conflicto armado, que han afectado a unos 25.000 habitantes en regiones remotas de Antioquia, Chocó, Nariño y Valle de Cauca.
Son 6.844 hogares pertenecientes a 120 comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinas las beneficiadas, entre octubre y diciembre, con la entrega de Ayuda Humanitaria (alimentos y elementos de aseo) para mitigar los daños y carencias provocadas por este hecho victimizante.
Con estos víveres Remilda emprendió el largo viaje de regreso hasta su comunidad de Jenaturadó. Para ella “es una buena ayuda porque está peligroso salir a montear y allá sigue minado y nosotros vivimos de la caza de la guagua, venado, tatabra, la pesca y de recoger maíz y plátano”.
Ella conoce los riesgos de la zona. Hace un año sobrevivió a un accidente con mina antipersonal en la misma ruta. Pero la única mula que poseía y que andaba a pocos metros delante de ella murió despedazada por el artefacto explosivo. Remilda sufrió heridas por las esquirlas y fue auxiliada por familiares.
“Ahora están libres los caminos”, dice con algo de alivio. Pero la preocupa las restricciones para la movilidad en territorios de los resguardos, ahora que “no podemos salir a cazar muy lejos de la casa y los ríos no tienen tanto pescado”.
Según Oscar Bailarín Domicó, representante de los resguardos de Dabeiba, las 16 toneladas de Ayuda Humanitaria entregadas socorren “a unos mil habitantes de estas siete comunidades que han sufrido confinamientos, desplazamientos y varias víctimas de minas por el enfrentamiento entre los elenos (Eln) y los gaitanistas (Agc)”.
Estos grupos armados ilegales han restringido no solo la movilidad, sino también el acceso a servicios de salud, educación y el abastecimiento de alimentos, además de ejercer control social y económico.
A pesar de tantos flagelos, el líder embera señala con firmeza que “los indígenas hemos resistido el conflicto armado para no perder nuestro territorio ancestral y cultura. Por eso necesitamos que el Estado nos siga ayudando”.
Atención con enfoque étnico
En cumplimiento del plan de choque contra el confinamiento, entre octubre y noviembre la Unidad para las Víctimas entregó Ayuda Humanitaria en Vigía del Fuerte a las comunidades indígenas de El Salado, Paracucundó y Jarapetó. Y en Urrao en Arenales Arquía.
“Estamos llegando a los territorios más alejados de estos municipios, donde hemos atendido 355 familias con alimentos y otras ayudas y oferta gestionada con otras entidades del sistema de reparación a víctimas”, informó la directora territorial de Antioquia, Claudia Patricia Vallejo Avendaño; en los próximos días se llegará a otras comunidades que fueron desplazadas en el suroeste antioqueño.
La misión humanitaria a favor de las siete comunidades embera katío de Dabeiba se extendió durante cinco días y es la cuarta desde el año 2019, cuando se dieron los primeros confinamientos.
Además, las víctimas fueron orientadas con enfoque étnico sobre declaración de delitos como homicidios, desplazamientos forzados de al menos 40 familias y accidentes con minas antipersonal para que puedan ser incluidas en el Registro Único de Víctimas y tramitar su reparación individual.
También se actualizaron censos de esta población de especial protección y se caracterizaron las afectaciones tras los confinamientos a hombres, mujeres y niños, con el fin de gestionar soluciones por parte del Gobierno y los entes regionales.
La misión contó con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, Gobernación de Antioquia, Organización Indígena de Antioquia y la Alcaldía de Dabeiba.
(Fin/JCM/COG/RAM)
