Fortalecer la seguridad de las víctimas con base en su enfoque étnico y diferencial fue tema central de la reunión del Comité de seguridad de la mesa nacional y delegados de la Unidad Nacional de Protección realizada el martes 8 de noviembre.
La prioridad estará centrada en los líderes y defensores de derechos humanos indígenas, afro, palenqueros, raizales y rrom, así como mujeres, personas con discapacidad y población LGTBI+Q, entre otros.
Según Ludirlena Pérez, integrante del Comité, durante la sesión de trabajo también se planteó descentralizar los Comités de Evaluación de Riesgos y Recomendaciones de Medidas, en los que se define la medida de protección y se clasifica el nivel de riesgo de las víctimas que solicitan los esquemas de seguridad.
“No más decisiones desde las oficinas. También evaluamos tiempos de respuesta a las solicitudes de protección, los desplazamientos, el fin de la tercerización de los hombres que brindan protección a las víctimas y su gradual profesionalización”, informó.
De igual manera, se discutió sobre el mejoramiento de la flota de vehículos para la protección de las víctimas del conflicto armado en todo el país y sobre los sistemas de información de la Unidad Nacional de Protección y su actualización, con el fin de conseguir mejores respuestas a las necesidades de seguridad de estas personas.
En la actualidad, según la Unidad Nacional de Protección, la población víctima protegida asciende a 3.422 personas. Por ciudades, las solicitudes de protección las encabeza Bogotá con 1.840, y le sigue Valle (1.637), Cauca (1.534), Nariño (1.316), Antioquía (1.275) Chocó (1.068) y Norte de Santander con (826).
Del Comité de Seguridad de la mesa nacional hacen parte, además, Adriana Pérez, Ivonne Fierro, Rosa Cuéllar, Fernando Cuervo, Orlando Burgos y Patricia Riveros.
(Fin/AMA/COG/RAM)
