Garantizar el derecho a la alimentación y nutrición equilibrada, a la salud, a la seguridad social, a la educación y a la atención psicosocial, plantea el proyecto de ley que da reconocimiento jurídico diferencial a los niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado en Colombia y que se encuentra en primer debate en esa Comisión del Senado.
La mencionada iniciativa también incluye velar por la recreación de esa población, por su libre expresión, su reubicación y retorno, su derecho a tener una familia y la debida protección para evitar caer en delincuencia juvenil y el reclutamiento forzado, entre otros.
De acuerdo con cifras de la Red Nacional de Información de la Unidad, el total de víctimas registradas por ese hecho victimizante hasta 20221 asciende a 22.638 menores de 6 a 11 años y 22.865 más de 12 a 17 años.
Cabe destacar que la propuesta legislativa –de autoría del senador Guillermo García ponencia del senador Temístocles Ortega– también incluye acciones para que las entidades estatales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de educación, la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, entre otras, aseguren la afiliación preferente a salud a los menores víctimas de desplazamiento forzado, entre otros temas.
Así mismo, el proyecto dispone acciones prioritarias para que esa población también tenga derecho a una alimentación equilibrada, al acceso y permanencia educativa en todos los niveles y capacitación para prevenir accidentes con minas antipersonal o municiones abandonadas.
FIN/AMA/COG
