Durante abril de 2024, 307 víctimas de los municipios santandereanos de Barbosa, Barichara, Betulia, Bolívar, Bucaramanga, Cerrito, Contratación, El Carmen de Chucurí, Floridablanca, Girón, Guadalupe, Jesús María, La Belleza, Lebrija, Málaga, Matanza, Mogotes, Oiba, Piedecuesta, Rionegro, San Gil, San Vicente de Chucurí, Simacota, Socorro, Suratá, Vélez, Vetas y Zapatoca, lograron la medida de indemnización, por un valor total cercano a los 3.000 millones de pesos ($2.923.792.300).
Luz Cabeza, víctima del conflicto expresó: “Hoy quiero decirles del cambio que he visto en la atención de Unidad para las Víctimas ha sido un cambio positivo y digno. Ya no hay filas, empujones y gritos, ir a la Unidad era indigno, ahora está totalmente cambiado”.
Además, en la jornada de indemnización realizada en Bucaramanga, la esposa de una víctima de la Unión Patriótica afirmó: “Con esta indemnización estamos reiniciando nuestra vida después de que con gobiernos anteriores nos habían dicho que no teníamos derecho a absolutamente a nada, hoy gracias al Gobierno de Gustavo Petro estamos recibiendo justicia los de la Unión Patriótica”.
Esta compensación económica “no paga la vida de la víctima que arrebató el conflicto armado, pero sí es un derecho de las víctimas por los hechos victimizantes sufridos, que busca ayudar en el fortalecimiento o reconstrucción del proyecto de vida”, afirma Javier Peña, director de la territorial Santander de la Unidad para las Víctimas.
La indemnización ha sido una de las “deudas históricas del Estado con las víctimas” como lo califica Patricia Tobón Yagarí, directora general de la Unidad para las Víctimas y saldar esa deuda ha sido una de las grandes apuestas de la entidad.
Con esta entrega de indemnizaciones en Santander, la Unidad avanza en su meta de lograr indemnizar a las 106.337 víctimas incluidas en la ruta priorizada (Personas mayores de 68 años, con alguna discapacidad o con alguna enfermedad ruinosa) con corte al 31 de diciembre de 2023.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir”, con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
