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En el predio La Veraka, ubicado a unos 20 minutos de Sincelejo, no hay huellas evidentes de que esta tierra alguna vez haya pertenecido a los paramilitares. Es un terreno relativamente pequeño, de 3,7 hectáreas de extensión, ocupado en buena parte por agua, con una vivienda humilde, un kiosko, gallinas, patos y un loro.
Se dice que el jefe paramilitar ‘Diego Vecino’ tenía allí una sede de operaciones y que desde ese lugar se ordenaron asesinatos como el del ex alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz, pero de ese pasado violento no queda ninguna señal visible.
Solo hay un detalle, no evidente a simple vista, que resume la enorme transformación que ha tenido el predio, desde la época en que se usó para actividades ilegales, hasta hoy: su principal activo son tres grandes pozos artificiales, que en ese entonces se usaban para fines recreativos, pero que hoy en día, gracias a la producción intensiva de tilapia y bocachico, sirven para generar ingresos a por lo menos 45 familias.
Este cambio ha sido fruto del esfuerzo de un grupo de mujeres víctimas, agrupadas en la Asociación de Mujeres Renovadoras de Vida del Departamento de Sucre (Supérate), que desde hace dos años tienen a su cargo la administración del predio.
Se fueron conociendo cuando se encontraban en la Unidad de las Víctimas o en la Fiscalía presentando sus denuncias o llevando a cabo los trámites necesarios para sacar adelante su reparación individual.
“Una le fue diciendo a la otra: ‘oye a ti te pasó esto, atrévete a declarar’ y cada una fue haciendo sus declaraciones de manera individual. Así se fueron identificando y compartiendo entre ellas la ruta de atención para exigir sus derechos”, explica Olga Romero Villegas, representante legal de la asociación, que se unió a la organización en 2015.
María Isabel Bertel Arroyo, una de las fundadoras, cuenta que al principio ella creía que lo que había sufrido le había pasado solo a ella, pero empezó a notar que había por lo menos 15 ó 20 mujeres en su misma situación.
“Yo no me había atrevido a declarar, pero cuando otras compañeras lo hicieron, me fueron explicando y asesorando y nosotras también replicamos la información a las demás compañeras para que se atrevieran”, explica.
Y agrega: “Nos dimos cuenta que había mujeres muy verracas, que habían afrontado cosas muy difíciles en la vida. Eso nos fue dando fuerza, nos dio motivos para luchar y seguir adelante”.
Después de recibir más orientación, le dieron vida jurídica a la organización y se inscribieron en la Cámara de Comercio y la Dian. La asociación se hizo más reconocida y se le fueron uniendo mujeres del Carmen de Bolívar, Zambrano, Plato, Palmito, Chochó, Sampués y toda la región de Sucre y los Montes de María. Hoy en día, cuenta ya con 92 afiliadas.
En 2015, aprovecharon la oportunidad de participar en una subasta pública que hizo el Fondo de Reparación a las Víctimas, para entregar en comodato el predio La Veraka, que había sido entregado por el jefe paramilitar ‘Diego Vecino’, dentro de su proceso de justicia y paz.
El hecho de estar conformadas legalmente, tener ya un reconocimiento en la región y haber presentado un proyecto de piscicultura viable, que aprovechaba los lagos artificiales con los que contaba el predio, les sirvió para ganarse la convocatoria. Su proyecto cuenta con el apoyo de la Unidad para las Víctimas, pero también de la Gobernación de Sucre, el Ministerio del Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
No significa que lo que viniera de ahí en adelante fuera fácil. “Cuando nos entregaron este predio, esto estaba totalmente abandonado. Nosotras, poco a poco, tuvimos que abrir monte y meternos a los pozos, para limpiarlos. El barro nos daba casi hasta la cintura”, cuenta Julimar Jamarca Villa, otra de las mujeres beneficiarias.
“La administración de estos inmuebles no es una condición fácil. Existen factores externos a los predios que muchas veces dificultan esta administración. Tenemos problemas de acceso, de impuestos, entre muchos otros”, reconoce Clemencia Melo, Directora del Fondo de Reparación a las Víctimas.
Aun así, explica, este mecanismo permite que los predios mantengan su valor productivo y que beneficien verdaderamente a quien deben beneficiar, que es a las víctimas.
“Podemos arrendar los predios o entregarlos en comodato a una asociación de víctimas como esta, con los proyectos productivos muy claros y establecidos y acordados con la Unidad”, señala.
Las mujeres de la organización Supérate son un ejemplo de las ventajas de este sistema. Trabajando en equipo han establecido turnos para que la finca, que tiende a anegarse por la disposición de los pozos, esté siempre en condiciones óptimas para la producción.
“Cada cinco días, venimos, barremos y limpiamos. No dejamos que el monte crezca. Con mucho esfuerzo hemos mantenido esta finca limpia y muy productiva”, dice Julimar.
“Aquí vienen tíos, primos. Cuando son labores pesadas, ya de machete, vienen los esposos y ayudan”, agrega Olga.
La explotación del predio no se ha hecho de forma improvisada, sino que hace parte de un plan, que incluye no solo la producción de pesca, sino cultivos de frutas y hortalizas y, en un futuro, un proyecto ecoturístico.
“Hicimos un inventario de los bienes, identificamos las potencialidades del predio y soñamos con la implementación que hoy por hoy venimos realizando, que tuvo, por así decirlo, fecha de inicio oficial en noviembre de 2016, con la firma de un acuerdo de subsidio que incluía recursos del Ministerio del Trabajo y del PNUD en el marco de la ley de víctimas”, explica Víctor Rivero Hernández, coordinador Territorial del Proyecto Somos Rurales Montes de María y Sucre del PNUD.
La producción de peces se hace a través de un sistema de jaulas flotantes, en el que los alevinos, que ellas compran en bolsas, se transfieren de jaula en jaula a medida que van creciendo, hasta que las tilapias se pueden sacar unos seis meses después.
“Las mujeres, desde que llegan los animales, se apropian del proceso. Los reciben, miran su estado sanitario, cómo llegan, revisan las bolsas, que no vengan rotas y a partir de allí realizan periódicamente unas biometrías o muestreos, para medir el crecimiento de los animales y calculan el alimento que deben suministrarles”, dice Álvaro Vuelvas, ingeniero pesquero que trabaja con el proyecto.
Parte de la tarea de las mujeres es alimentar los peces, por lo general dos veces al día, y estar atentas a muchos factores que pueden afectar su crecimiento, como peces de afuera que puedan afectar la oxigenación o la alimentación de los suyos.
Los cultivos, a su vez, ya están comenzando. Las mujeres avanzan en la labor de sembrar semillas, con el apoyo de Alex Palencia, un ingeniero agrónomo que empezó a trabajar con ellas hace 15 días.
“El terreno es muy pequeño, entonces la idea es aprovechar los pocos espacios que tenemos. Vamos a trabajar cultivos de ciclo corto, como ají, cilantro, cebollín, apio, berenjena, y cultivos semestrales o anuales, como piña, maracuyá y papaya”, afirma Palencia.
Una foto que él les mostró de un cultivo de piñas ya germinadas en el que había trabajado, las hace soñar con que van a tener algo muy parecido en unos meses.
También quieren montar un restaurante, en el que puedan realizar actividades ecoturísticas, aprovechando el talento que todas ellas tienen para la cocina y la ubicación privilegiada que tiene el predio, a un costado de la carretera.
Para Víctor Rivero, lo que se está haciendo en este predio, es un buen ejemplo de cómo se pueden generar proyectos productivos para las víctimas.
“Muchas víctimas manifiestan que quieren superar la reunionitis. ‘Ya basta de tanta reunión, queremos producir’, dicen. Esa es la respuesta que se les está dando a través del proyecto. Lo que vamos a hacer aquí es entregar esa ruta de cómo lo hicimos, cuáles fueron los aprendizajes que tuvimos”, señala.
“Nos entregaron este predio para que le sacáramos el mayor provecho posible. Eso estamos haciendo”, resume María Isabel.
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