Tuvo que pasar más de un siglo para que el Estado reconociera las graves afectaciones a la población y al territorio de Sumapaz, la única localidad rural de Bogotá donde además está el páramo más grande del mundo. Esta riqueza medioambiental, sumada a su ubicación en el extremo suroriental de Bogotá, convirtieron a Sumapaz en un área de disputa por parte de los actores armados. Después de haber sufrido todo tipo de hechos victimizantes, y de transitar un largo camino para exponer los patrones de violencia que soportaron, este domingo 10 de marzo la Unidad para las Víctimas notificó a la comunidad campesina de Sumapaz su inclusión al Registro Único de Víctimas (RUV).
Esto significa que el campesinado de la localidad, cuya organización en colectivos y asociaciones fue la base para resistir a todos los embates del conflicto armado, fue reconocida como víctima del conflicto armado y como Sujeto de Reparación Colectiva (SRC). Este se constituye en el primer paso para iniciar una senda de reconciliación que necesita estar acompañada de procesos de verdad, memoria y justicia por parte del Gobierno.
La inclusión de la comunidad campesina en el RUV es el resultado de una extensa lucha de las y los campesinos de Sumapaz, a quienes representó la lideresa y declarante Carmenza Adriana López, y que encontraron en la determinación de la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, la forma de empezar a saldar la deuda histórica por el ensañamiento de los actores armados, que se profundizó con el abandono estatal.
Y es que la población sumapaceña sufrió, según se reconoció en la declaración que presentó López, hechos victimizantes como amenazas, detenciones arbitrarias, homicidios, secuestros, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, torturas, delitos contra la libertad e integridad personal, lesiones personales, discriminación, extorsión y hurto. Todo esto derivó en discordias y el rompimiento del tejido social de una localidad cuyos habitantes empezaron a desconfiar hasta de sí mismos por estar, en palabras de la declarante, “en medio de un conflicto que no era nuestro”.
El distanciamiento se dio entre el campesinado, que se dividió por causas políticas debido al origen de la violencia que sufrieron, pero también entre los liderazgos sociales y políticos que fueron obligados a renunciar a los espacios que representaban. Así se coartó la organización y participación política de la localidad y, con ello, su posibilidad de implicarse en la elaboración de políticas públicas y otros asuntos para aprovechar el potencial ambiental de la localidad.
El hecho de reconocer que la comunidad campesina de Sumapaz es un Sujeto de Reparación Colectiva es, por primera vez en la historia de Colombia, entender que hubo elementos contextuales, técnicos y jurídicos que hicieron de este territorio el epicentro del conflicto armado en la capital del país, donde para muchas personas la guerra no se sintió. No obstante, lo cierto es que durante décadas esta población fue invisibilizada y estigmatizada, y sobre este su territorio se forjó el imaginario colectivo negativo de que Sumapaz era una “zona roja”.
Por la estigmatización y la invisibilización que sufrieron en el conflicto armado, este domingo Tobón Yagarí pidió pérdón en nombre del Estado ante más de 150 campesinos supamaceños: “Hoy hemos venido a saldar una deuda histórica con la comunidad porque durante muchos años Sumapaz ha soportado el peso de los juicios injustos y de los prejuicios infundados”.
Asimismo, la directora de la Unidad para las Víctimas declaró que le avergonzaba el hecho de que a la comunidad campesina no se le hubiera incluido en el RUV a la primera solicitud, sino que sus integrantes hubieran tenido que interponer recursos legales para pedir una nueva revisión.
“Los hechos eran notorios, eran públicos, estaban en noticias, los conocía todo Bogotá, estaban en los registros de la Fiscalía”, aseguró. Destacó que mientras se surtía el proceso legal y se daba paso a una nueva valoración el campesinado “se desplazó a otras regiones”, su gente tuvo dificultades para realizar la declaración individual y muchos incluso no pudieron volver a su territorio por la presencia de las minas antipersonal.
En el evento de notificación también intervino la declarante, Carmenza López. La líder social se abanderó de la petición del campesinado y este domingo resaltó la voluntad de la Unidad para las Víctimas de realizar la valoración de fondo que resultó en su reconocimiento como Sujeto de Reparación Colectiva. “El hecho que hayamos recibido esta resolución es el inicio del proceso, no el final”, manifestó. De igual forma, insistió en la necesidad de “que la memoria no se borre, que todas nuestras situaciones sigan vivas porque si no recordamos esto no vamos a tener memoria. Quiero que a partir de este momento nos capaciten y haya un comité de impulso para entregar propuestas de reparación”, comentó sobre los pasos que siguen para la población para construir su Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC).
Para ayudar a sanar las profundas heridas que aún tiene la comunidad sumapaceña es necesario el fortalecimiento de sus organizaciones, algo en lo que será fundamental el apoyo del Distrito, por medio de la Alcaldía local y la Alta Consejería para las Víctimas, Paz y Reconciliación de Bogotá. Según concluyó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, “nuestro compromiso es devolverles a las víctimas el rol central que deben tener en la construcción de la paz”.
Resaltar el poder transformador de las víctimas del conflicto armado es una de las apuestas más importantes de la Unidad para las Víctimas. Seguimos trabajando para dignificarlas y reconocer su capacidad de cambiar las condiciones de vida de sus familias, comunidades y territorios; son las víctimas del conflicto armado quienes hoy deben tener la palabra, pues son quienes han dado segundas oportunidades y son el referente ético y moral para guiar al país hacia la Paz Total.
