Escudo de Colombia y texto de la Unidad para las Víctimas

Unidad para las Víctimas participó en el Comité de Justicia Transicional Ampliado de Norte de Santander

Durante el desarrollo del Comité, realizado esta semana en la ciudad de Cúcuta, la Unidad para las Víctimas alertó sobre los municipios que tienen vencido el concepto de seguridad, lo que incrementa el riesgo de las comunidades donde persiste el conflicto armado.

La última semana de abril, laUnidad para las Víctimas participó del primer Comité de Justicia Transicional Ampliado de Norte de Santander de la vigencia 2024 realizado en la ciudad de Cúcuta y que contó con la presencia del gobernador del departamento, William Villamizar, quien instaló y presidió la sesión a la que asistieron alcaldes y autoridades competentes de 30 municipios del Norte de Santander, así como los delegados de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas, el Ministerio Público y demás entidades territoriales convocadas.

A lo largo del comité, se dieron a conocer los avances en la formulación del Plan de Desarrollo Territorial enfatizando en las líneas gruesas que, en materia de implementación de la política pública de víctimas fueron incluidas.  La Unidad para las Víctimas socializó lo referente a la Estrategia de Corresponsabilidad que incluye los procesos que garantizan la coordinación de acciones y recursos de las entidades públicas nacionales y territoriales mediante la aplicación de los principios de concurrencia y subsidiaridad como los destinados a la entrega de ayuda humanitaria inmediata.

Por su parte, Fabio Rodríguez Mayorga, de la Secretaría de Víctimas, Paz y Posconflicto del departamento, se refirió a las estrategias generales y detalló las iniciativas contenidas el plan de desarrollo que incluyen las garantías de participación de las Mesas de Víctimas, la atención y asistencia a la población víctima del departamento a través de apoyo psicosocial, la reconstrucción de la memoria histórica, la realización de jornadas de atención, la realización de ferias de servicios articuladas con las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), la entrega de ayudas humanitarias, la generación de ingresos mediante proyectos productivos y emprendimientos, entre otras.

A su vez, Yudith Milena García, coordinadora de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas de Norte de Santander, presentó el plan de trabajo y el monto de recursos aprobado para garantizar el funcionamiento de la Mesa, el cual está por encima de los 1.000 millones de pesos para el cuatrienio, generando la preocupación del gobernador por cuanto la cifra supera el presupuesto destinado este año para la Secretaría de Víctimas, Paz y Posconflicto del departamento que es 600 millones de pesos, por ello, sugirió que para darle cumplimiento sea complementado articulando actividades afines con otras secretarías y se gestionen recursos con otras entidades del orden municipal, territorial y nacional, así como, con agencias de cooperación internacional.

Durante la sesión, la Unidad para las Víctimas alertó sobre los municipios que tienen vencido el concepto de seguridad, también les reiteró a los alcaldes municipales los plazos orientados para el envío de la información de la estrategia de corresponsabilidad y el diligenciamiento la misma en la herramienta dispuesta para tal fin. Cabe resaltar que la no actualización de los conceptos de seguridad pone en riesgo a las comunidades, especialmente, a aquellas ubicadas en territorios que enfrentan situaciones de extrema vulnerabilidad debido a persistencia del conflicto armado

Ante esta situación, el procurador regional Javier Orlando Pabón Esquivel, instó a los alcaldes a cumplir con la actualización y les solicitó que, en el término de cinco días hábiles, convoquen Comités de Justicia Transicional en sus municipios para validar y aprobar los conceptos de seguridad.

Finalmente, durante la sesión, Miguel Candelo, vocero de las comunidades étnicas, hizo un llamado a las autoridades competentes para que implementen los decretos étnicos, igualmente, exigió inclusión mediante el fortalecimiento y garantías de participación para los pueblos étnicos que tiene presencia en el territorio y que suelen ser invisibilizados por la institucionalidad.

En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.