Con la inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV) del pueblo raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y el reconocimiento de los daños colectivos que este sufrió en el marco del conflicto armado, se empezó a saldar una deuda histórica del Estado con la comunidad del archipiélago.
La notificación la hizo este viernes 15 de diciembre la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, a Rossana Teresa Livingston, primera vicepresidenta del Raizal Council, en un emotivo acto que tuvo lugar en la Iglesia Bautista New Life Tabernacle.
“Es un momento histórico. Fue un proceso largo, pero alcanzamos el objetivo”, expresó Livingston tras la lectura de la resolución que especifica las afectaciones a la población raizal y explica las dinámicas del conflicto armado en la isla. La representante del pueblo raizal agradeció el compromiso de Tobón Yagarí, quien a su vez se reafirmó en el liderazgo de la construcción conjunta del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) para resarcir los daños ocasionados por el conflicto armado.
En el marco del acto de notificación, la directora de la Unidad se presentó ante la comunidad raizal como una de las representantes del Gobierno de Cambio que hizo posible este reconocimiento como colectividad afectada por el conflicto. Vale resaltar que este proceso inició hace 12 años, pero se detuvo y se retomó hasta este año.
“Este es un compromiso que asumimos con ustedes dentro del Plan Nacional de Desarrollo para superar los rezagos que no se han reconocido”, señaló la directora de la Unidad, quien destacó además que entre los propósitos de este proceso están el reconocimiento de su relación con el mar, el daño al territorio y los hechos diferenciales en razón al conflicto armado.
La directora resaltó que esta no es la conclusión del proceso, sino que por el contrario comienza una nueva etapa para reconocer los derechos de esta población y saldar la deuda histórica que existe. Por eso, anticipó que ahora viene una etapa de “agilizar estos procesos de construcción colectiva que este Gobierno quiere implementar” para que así se puedan obtener avances en materia de la garantía de los derechos del pueblo raizal.
Sobre el PIRC, Tobón Yagarí manifestó que la aspiración es que ayude a recomponer aquello que el conflicto armado rompió en los pobladores del archipiélago en cuanto a su relación con el territorio y con sus coterráneos. “Esperamos que este PIRC que construiremos juntos y que voy a liderar de la mano con ustedes nos permita avanzar a mayor acceso a justicia social”, indicó.
En el acto de también estuvo presente Diana Garrido, coordinadora del grupo comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad, quien explicó que la resolución es fruto los ejercicios que realizó la Unidad durante 2023.
“Dichos ejercicios se centraron en reconocer la importancia del mar como desarrollo y el proceso de construcción del archipiélago, así como de la evolución de sus pobladores”, dijo Garrido sobre un proceso en el que se priorizaron temas como los daños al ambiente, la cultura, la identidad y los procesos organizativos de la comunidad.
Claves de la resolución
En la resolución, como detalló Garrido, se estableció que San Andrés, Providencia y Santa Catalina cuenta con una ubicación geoestratégica “que ha llevado a que durante muchos años los actores armados tengan una serie de intereses particulares”.
De esta forma, la resolución consideró que la comunidad raizal fue afectada por varios hechos victimizantes como desaparición forzada; homicidio; delitos contra la libertad e integridad sexual; lesiones personales; esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso; allanamientos; amenazas a la vida, a la integridad y a la seguridad personal; daño por racismo y discriminación racial; reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
También sufrieron la violación de derechos colectivos al verse vulnerados derechos a la autonomía, la consulta previa, la integridad cultural y el territorio del archipiélago, y aún más el maritorio dado que las dinámicas de violencia relacionadas con el narcotráfico impactaron de forma considerable su condición de navegantes y pescadores expertos.
Lea acá la resolución completa
Resaltar el poder transformador de las víctimas del conflicto armado es una de las apuestas más importantes de la Unidad para las Víctimas. Seguimos trabajando para dignificarlas y reconocer su capacidad de cambiar las condiciones de vida de sus familias, comunidades y territorios; son las víctimas del conflicto armado quienes hoy deben tener la palabra, pues son quienes han dado segundas oportunidades y son el referente ético y moral para guiar al país hacia la Paz Total.
