La Unidad para las Víctimas, territorial Chocó, solicitó la activación del plan de contingencia, apoya y orienta el levantamiento de listados poblacionales de las comunidades afectadas por la emergencia humanitaria que se vive en el municipio de Alto Baudó (Chocó), y participa activamente en los escenarios de coordinación interinstitucional convocados por las administraciones municipal y departamental.
Los enfrentamientos de grupos ilegales en Alto Baudó han generado la salida masiva de aproximadamente 307 familias de las comunidades indígenas de Puerto Alegre, Morro, Playa Bonita, Chivugadó, Divisa Nauca, y las comunidades afro de Puerto Ángel y Puerto Luis, que se vieron obligadas a abandonar sus territorios.
Así mismo, otras 22 comunidades (776 familias aproximadamente) se encuentran en situación de confinamiento dada la instalación de Artefacto Explosivo Improvisado (AEI), la contaminación por minas antipersonal (MAP) en sus territorios y las amenazas e intimidaciones generadas por los grupos al margen de la ley que restringen su libre movilidad e imposibilitan el desarrollo de actividades tradicionales y el acceso a bienes indispensables.
Funcionarios de la Unidad para las Víctimas desarrollan una misión humanitaria de verificación con el fin de ampliar información sobre la afectación de las familias y coordinar acciones para la atención inmediata de las comunidades.
El alcalde de Alto Baudó, Ulises Palacios, manifestó no contar con los recursos, ni la infraestructura necesaria para atender la situación que viven pobladores de su municipio, en ese sentido pidió apoyo del Gobierno departamental y del nacional para mitigar el impacto que vienen padeciendo las familias de comunidades afectadas.
La directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Chocó, Vanessa Palacios, expresó su preocupación por la situación que, de manera reiterada se presenta en este municipio, y la necesidad de articular acciones que brinden atención oportuna e integral a las comunidades afectadas.
(Fin/JDP-LMY)
