“Estamos felices de poder volver a casa, fueron condiciones difíciles las que afrontamos en estos días, agradecemos la colaboración de entidades como la Unidad y demás, pero a la vez solicitamos al gobierno de Chocó que cumpla con los compromisos y evitemos situaciones futuras, solo queremos vivir en paz”, es el relato de Óscar Campo, gobernador de Cebedé y líder del desplazamiento, quien permaneció 18 días junto a 359 de sus “hermanos” embera, por fuera de su anhelado resguardo.
Autoridades locales –en cabeza de la Gobernación de Risaralda y la Alcaldía de Pueblo Rico–, entidades nacionales como la Unidad para las Víctimas y el ICBF y órganos de control como la Personería municipal y la Defensoría del Pueblo hicieron parte de la comisión de verificación del regreso de los indígenas desplazados a su lugar de origen.
El retorno voluntario de las 360 personas que comenzaron a llegar hasta suelo risaraldense, desde la primera semana de marzo, comenzó a las 9:30 de la mañana de este sábado, con un primer tramo recorrido en jeeps y camionetas dispuestas para ello, entre Pueblo Rico y la vereda Dokabú, en el sector Agüita.
Una vez allí, las familias, junto con sus enseres y ayudas humanitarias, comenzaron su regreso a lomo de mula a cinco horas de camino, entre Dokabú y el resguardo Tahamy, de la comunidad de Cebedé, jurisdicción de Bagadó, en el departamento del Chocó.
“Nuestro objetivo es lograr que estas familias vuelvan a su territorio ancestral con la seguridad necesaria y, desde luego, en condiciones dignas para desarrollar sus actividades tradicionales en el campo agrícola y productivo; por eso desde la entidad les entregamos 4.3 toneladas en kits de aseo, hábitat y alimentación, para este nuevo comienzo”, explicó Laura Moreno, directora territorial de la Unidad en esta zona del país.
Todo este operativo de regreso estuvo acompañado por el Ejército, que garantizó la seguridad en la zona y dieron un parte de tranquilidad en materia de orden público.
Las autoridades administrativas en Chocó se comprometieron a realizar una verificación del resguardo, para suplir algunas necesidades que la comunidad tiene en materia de vivienda, salud y proyectos productivos.
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