Escudo de Colombia y texto de la Unidad para las Víctimas

Estado colombiano reconoció su responsabilidad en la desaparición de Zoilo de Jesús Rojas y pidió perdón a su familia en Caquetá

De acuerdo con la petición inicial presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la familia Rojas Valderrama sufrió la desaparición de su esposo y padre, Zoilo de Jesús Rojas Ortiz en diciembre de 1982, presuntamente a manos de integrantes del Ejército Nacional adscritos al Batallón Tarqui.

Estado colombiano reconoció su responsabilidad en la desaparición de Zoilo de Jesús Rojas

En instalaciones del Auditorio Municipal Alfonso López López de San José del Fragua, Caquetá, se realizó el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado colombiano, por omisión, frente a la falta de diligencia en la investigación de la desaparición del señor Zoilo de Jesús Rojas Ortiz presuntamente a manos del Ejército Nacional en diciembre de 1982. Este acto fue presidido por el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, quien en representación del Gobierno nacional pidió perdón de manera pública y reconoció la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la falta de investigación de los hechos.

El acto contó con la participación de hijos, hijas, nietos, allegados y amigos de la familia Rojas Valderrama; Alcaldía Municipal de San José del Fragua; lideresas y líderes de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas de San José del Fragua; delegados del Ministerio de Justicia y del Derecho en cabeza del Ministro Osuna; de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; el equipo nacional y territorial de la Unidad para las Víctimas; la representación legal de la familia ejercida por el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar); representantes de la Fuerza Pública y la coordinadora regional de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

El señor Zoilo de Jesús, quien se dedicaba a labores de agricultura y residía en zona rural de San José del Fragua junto a su esposa María Ligia Valderrama y sus ocho hijos e hijas, desapareció en diciembre de 1982, presuntamente, a manos de integrantes del Ejército Nacional adscritos al Batallón Tarqui, quienes lo detuvieron sin conocerse hasta el día de hoy más detalles de su paradero.

Ante la negativa de la justicia colombiana por avanzar en la investigación, las víctimas, con el apoyo del Cajar, sometieron el caso a la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), logrando la admisibilidad de la petición el 24 de abril de 2020, por la presunta violación de los derechos de la familia Rojas Valderrama al reconocimiento de la personalidad jurídica, la vida, la libertad e integridad personal, entre otros.

Acuerdo de solución amistosa

El 18 de mayo de 2023, se suscribió un Acuerdo de Solución Amistosa entre las víctimas y el Estado colombiano, representado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entidad adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, como consecuencia de un diálogo interinstitucional con la Unidad para las Víctimas, otras entidades del Estado colombiano, y representantes de la familia para la concertación de las medidas de reparación integral.

Dichas medidas incluyeron el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional como una acción significativa, simbólica y reparadora con sentido dignificador; el otorgamiento de incentivos educativos paras las nietas y nietos del señor Zoilo de Jesús; el compromiso de avanzar con las medidas de justicia que permitan el impulso de la investigación para el esclarecimiento de los hechos; adelantar las labores de búsqueda, prospección, identificación y entrega digna del señor Zoilo de Jesús; entre otras medidas de reparación integral. Adicionalmente, en homenaje a la memoria del señor Zoilo de Jesús, se construyó una placa conmemorativa  que, por solicitud de la familia, será instalada en la Casa de Justicia de San José Del Fragua, que próximamente llevará su nombre.

“Por supuesto que como representante actual del Gobierno de Colombia y del Estado colombiano, reconozco la responsabilidad internacional por omisión, por la violación del derecho a las garantías judiciales (artículo 8.1.) y a la protección judicial (artículo 25.1) establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación general de garantía (artículo 1.1. del mismo instrumento), en perjuicio de los familiares del señor Zoilo de Jesús Rojas Ortiz, por la falta de diligencia en la investigación de los hechos sucedidos lo cual ha impedido su esclarecimiento y la sanción de los responsables, y ha generado situaciones de sufrimiento y angustia en ellos. 

Asimismo, el Estado reconoce que como consecuencia de las fallas en la investigación penal hay igualmente una omisión por parte del Estado en su obligación de garantizar los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica (art. 3), vida (art.4), integridad personal (art.5), libertad personal (art. 7) y el derecho a la verdad. Lo anterior, teniendo en cuenta que, a la fecha, se desconocen las circunstancias específicas de la desaparición y el Estado colombiano no ha dado cumplimiento al deber de buscar y ubicar los restos mortales del señor Zoilo de Jesús Rojas Ortiz.

Y, les pido perdón a él, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, a sus paisanos, a sus parientes, a sus amigos, porque eso no ha debido ocurrir, porque la sociedad colombiana tenía que haber tratado a su padre, a su abuelo de un modo digno, decoroso y porque después hemos sido indecentes con ustedes, al obligarlos a este peregrinaje de más de 40 años sin darles una respuesta adecuada. Solo la grandeza de su corazón, su generosidad infinita hace que hayan podido perdonar al Estado, a la sociedad, a los sucesivos, a este Gobierno de Colombia”, sostuvo Néstor Iván Osuna Patiño, ministro de Justicia y del Derecho de Colombia.

Y agregó que, “la memoria de Zoilo la han construido ustedes, la mantienen ustedes, por eso, he considerado y he solicitado a la alcaldesa que ubiquemos la placa en la Casa de Justicia, que ésta se llame Zoilo de Jesús Rojas Ortiz…Y si hay más personas desaparecidas pues tendremos que colocar más placas y más nombres hasta que los encontremos, así es como construimos una sociedad en reconciliación”.

Por su parte, luego del reconocimiento de responsabilidad y el ofrecimiento de disculpas hechos por el Ministro, el hijo mayor de la familia Rojas Valderrama señaló: “Todos formamos parte de una humanidad que siente las dolencias ocasionadas por las heridas del conflicto armado, físicas o existenciales, pero que al fin y al cabo han dolido fuertemente en nuestro ser, como quiera que haya sido el qué hacer de cada uno y su actuar, en el escenario de la guerra por la que hemos transitado desde que tenemos uso de razón; así que todos estamos llamados también a tomar acciones encaminadas a la armonía y la paz en nuestra casa común, por ende, también a manifestar emociones de gratitud en la alegría y en la adversidad, en el acuerdo y en el desacuerdo, en el estar presentes y en el estar ausentes”.  

Finalmente, Andrea Suárez Acosta, líder del equipo de Contribuciones de la Dirección de Reparación de la Unidad para las Víctimas, aseguró que, “esta entidad se articuló a través del equipo de Contribuciones a la Verdad, a la Convivencia Pacífica y a las Garantías de No Repetición, para afrontar metodológicamente con un sentido reparador, restaurador y con plena garantía del derecho de participación a las víctimas, estos actos de reconocimiento de responsabilidad. Hicimos un proceso técnico, construido con la familia en el cual se incluyó un enfoque psicosocial y una fuerte estrategia de comunicaciones, y finalmente tuvimos hoy, como salida pública de dicho proceso, un acto de reconocimiento, que más allá de lo bueno o lo malo, de las tensiones, en las palabras de todos los hermanos Rojas Valderrama, sienten que les restauró y les reparó”.

Resaltar el poder transformador de las víctimas del conflicto armado es una de las apuestas más importantes de la Unidad para las Víctimas. Seguimos trabajando para dignificarlas y reconocer su capacidad de cambiar las condiciones de vida de sus familias, comunidades y territorios; son las víctimas del conflicto armado quienes hoy deben tener la palabra, pues son quienes han dado segundas oportunidades y son el referente ético y moral para guiar al país hacia la Paz Total.