Una carta al presidente de la República, Gustavo Petro, -que servirá de insumo para la elaboración del documento de incidencia- fue socializada en el encuentro ‘Sobrevivientes de la guerra para construir Paz’, que se adelanta desde este jueves, 28 de septiembre, en Santa Marta, Magdalena.
En el documento, los firmantes le indican al Presidente: “Adelante y no escatime esfuerzos a la mejora y calidad de vida de la población que adquirió el enfoque de discapacidad por las dinámicas del conflicto armado en Colombia por el hecho victimizante de Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin Explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI)”.
Las solicitudes de los y las delegadas por este hecho victimizante son claras y están relacionadas con temas de salud (rehabilitación física y psicológica, entrega de accesorios e insumos requeridos, como, por ejemplo, próstesis), educación, banco de proyectos, caracterización e inclusión, sin temporalidad, en el Registro Único de Víctimas (RUV), indemnización administrativa, priorización de vivienda, legalización de predios y entregas de tierras por parte la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entre otras.
Señalan con énfasis la inclusión también de sus familiares y las y los cuidadores en el Registro Único de Víctimas (RUV) y, por ende, en la ruta de atención integral, así como revisar el protocolo de las juntas médicas, que determinan las capacidades laborales y ocupacionales de las víctimas de Minas Antipersonal.
Entre tanto, las víctimas que pertenecieron a la fuerza pública solicitaron la creación de una mesa técnica en la que participen el Ministerio de Defensa, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Presidencia de la República y la Unidad para las Víctimas, para que se defina una ruta de atención integral para ellos y sus familias.
El encuentro, tal y como lo manifestó la subdirectora de Participación de la Unidad para las Víctimas, Alejandra Llano, “es una oportunidad para que construyan una ruta para dialogar con las instituciones, porque sabemos lo que han sufrido sus cuerpos. Su voz es importante en la historia para contar lo que les pasó y les está pasando en sus territorios”.
La funcionaria señaló la importancia histórica de la presentación en el Congreso de la República, de la reforma a la Ley de Víctimas, con la que esperan mayor financiación y fortalecer al Sistema Nacional de Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) para, precisamente, empezar a cumplirles a las víctimas, al reconocer el rezago en la reparación integral a las víctimas de Minas Antipersonal.
“Estamos en un nuevo acuerdo, un nuevo pacto. El camino es el seguimiento y exigibilidad de derechos para construir, las voluntades de todos y todas están ahí para ustedes, hay que buscar aliados, revisar la normatividad existente, y armonizar con el tema de paz para evitar que estos hechos sigan sucediendo”, señaló Alejandra Llano.
Para la construcción del documento de incidencia, se escucharon primero a las instituciones: la ruta de atención, del Ministerio de Salud y Protección Social; el trabajo de Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Unidad para las Víctimas y The Halo Trust, organización benéfica a la remoción de minas antipersonal, con el fin de identificar las acciones que han desarrollado para garantizar la implementación de la política pública, la garantía de los derechos de los sobrevivientes, pero también los retos y dificultades.
Las y los delegados de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, por este hecho victimizante, Fleyder Pimiento y Gladys Zárate, señalaron que: “El encuentro deja retos para continuar con el trabajo por las víctimas relacionados con la continuación de la lucha del desminado en los territorios colombianos, participación en los diálogos de paz con el ELN y actividades relacionadas para que no los sigan estigmatizando”.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
