Proyectos que superan los 1.650 millones de pesos entregó la Unidad para las Víctimas a comunidades víctimas del conflicto armado de diferentes regiones del país, durante las dos últimas semanas.
En esta ocasión, los departamentos beneficiados fueron Bolívar, Santander, Cesar, Nariño, Antioquia, Chocó, Meta, Risaralda, Magdalena, Cauca, y Córdoba.
En lo que respecta a Bolívar, Arenal y Cantagallo fueron los municipios beneficiados; en Santander fue Sabana de Torres y San Alberto, en Cesar. En estas regiones, los proyectos entregados suman 266 millones de pesos y están enmarcados en la línea de dotación.
Asimismo, en Nariño, los municipios que recibieron apoyo fueron Mosquera, en la línea agropecuaria y Leiva, en dotación. La inversión fue de 148 millones de pesos.
Para Antioquia, Turbo fue el municipio que recibió uno agropecuario por cerca de 158 millones de pesos; en Chocó, Istmina, se benefició con uno agropecuario y Nuquí, recibió dotación, por un valor de 122 millones de pesos.
El Castillo, Meta, recibió dos proyectos de infraestructura por 192 millones de pesos. En Risaralda la inversión se hizo en dos iniciativas de dotación por 54 millones de pesos para el municipio de Mistrató.
En Magdalena, el municipio beneficiado fue Pivijay, con un proyecto por 170 millones de pesos en la línea agropecuaria.
En Cauca, Argelia recibió uno agropecuario por 77 millones de pesos y uno de dotación por 81 millones de pesos, y en Morales, uno agropecuario por 40 millones de pesos.
Por último, para el municipio cordobés de Ayapel fueron aprobados dos proyectos: uno agropecuario por 274 millones de pesos y otro de dotación por 82 millones de pesos.
La estrategia de Proyectos por Oferta consiste en la articulación entre las áreas misionales y las direcciones territoriales de la Unidad para las Víctimas para priorizar proyectos que presentan los entes territoriales encaminados a beneficiar a las víctimas del conflicto armado.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
