Las 130 familias recibieron mismo número de ayudas, las cuales comprenden kits de alimentación y aseo, como respuesta de atención a esta etnia desplazada desde Limón Carrizal y Contadero, acción que se desarrolló luego de que la Unidad para las Víctimas recibiera el censo de las víctimas de manos de la Alcaldía de Riohacha, para garantizar la subsistencia mínima de estas 4.810 personas afectadas por el hecho victimizante mencionado anteriormente.

“Desde el inicio de la emergencia por desplazamiento masivo, la Unidad activó la ruta de atención que hoy se traduce en la segunda fase de esta ayuda humanitaria que consiste en la entrega de un kit de emergencia por familia que contiene los elementos de aseo y cocina, cobijas, juegos de cama, colchonetas, toldillos para hamaca, botiquines de primeros auxilios, así como alimentos para olla comunitaria” aseveró el director territorial de la Unidad en Cesar y Guajira, Mario José Ríos Oñate.

Ríos Oñate aseguró, además, que la atención a la comunidad Wiwa prevalecerá mientras se avanza en garantías para su retorno y reubicación, de acuerdo con la respuesta de las entidades competentes para ello, paralelo a esto, la Unidad para las Víctimas ha concertado con las autoridades de esta etnia cada una de las acciones adelantadas, así mismo expresó que la Unidad se encuentra a la espera de los nuevos censos que debe hacer la Alcaldía de Riohacha de la mano de las autoridades tradicionales Wiwa para que nuevas familias que se han desplazado entren en la ruta para recibir las ayudas humanitarias.

En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.

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La concha acústica de la Universidad de la Amazonía en Florencia, Caquetá, fue escenario del encuentro para el desarrollo de la actividad denominada: ‘Círculo de la palabra, el territorio como víctima del conflicto armado’; donde confluyeron autoridades indígenas convocadas por el Cabildo Universitario y la Oficina de Paz de esta alma mater, estudiantes, docentes, víctimas del conflicto, representantes de la cooperación internacional y delegados de entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV).

Alrededor de un espiral de colores bordeado por plantas tradicionales, el mambe y la caguana (bebida ancestral), los sabedores de los pueblos Korebaju y Uitoto armonizaron el espacio, antes de dar paso a la socialización de la normativa que reconoce las afectaciones a la tierra; más adelante desde la Unidad para las Víctimas se hizo énfasis en el concepto de ley de origen, para finalmente desencadenar en un diálogo acerca del significado y representación del territorio como ser vivo, los daños espirituales, culturales, físicos y materiales.

“Es importante que entendamos el término de nuestra condición humana, volver a conectarnos porque somos extensión de la tierra, pero por circunstancias de la vida nos desconectamos y por eso el ser humano se siente víctima, la tarea que tenemos es volver al tronco de la vida, nuestra madre nos sigue esperando con amor. La palabra que ha estado fluyendo es sanarnos, sanar el pensamiento, la forma de hablar, no hacer señalamiento; para que nuestro país cambie y en nuestro territorio fluya vida hay que hablar de vida, ese es el llamado que hacemos”, aseguró Juven Arcadio Piranga Valencia, sabedor del pueblo Corebaju.

Lesdy Marlody Rodríguez Quiñones, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Caquetá y Huila, agregó: “este espacio nos permitió compartir acerca de una problemática profunda, también nos produjo grandes reflexiones en torno a reconocer la importancia de  nuestra conexión con el territorio, con la naturaleza, pero especialmente a asumir nuestra responsabilidad para contribuir a sanarlo; agradecemos a la Mesa Sipaz – SNARIV, al Cabildo Universitario, a la Oficina de Paz, a la Universidad y demás participantes por apoyar estas acciones afirmativas con enfoque étnico”.

Así lo anunciaron Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas, y Rafael Martínez, gobernador de Magdalena, luego de una reunión en la que analizaron la situación de las más de 346.000 víctimas que habitan el departamento y que están incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV). De ese universo, 303.771 son víctimas de desplazamiento.

Con la decisión, Magdalena se une a otros territorios, como Cali y Florencia, que han adoptado este enfoque en los planes de desarrollo, algo fundamental pues estos son las rutas de trabajo para los territorios durante los próximos años.

Tobón Yagarí destacó que el objetivo es juntar los esfuerzos del Gobierno nacional, que impulsa en el país este enfoque propuesto por Naciones Unidas, y de los gobiernos locales y departamentales, que implementan las políticas en las regiones, servirá para “avanzar en materia de atención de sus derechos”.

Los funcionarios concertaron una mesa de trabajo para avanzar con la implementación de 31 de los 36 sujetos de reparación colectiva registrados en Magdalena, para que sean priorizados y focalizados en el Plan de Desarrollo Departamental.

Además, Tobón Yagarí también se reunió con el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, quien anunció su apoyo e inclusión de las soluciones duraderas en su Plan de Desarrollo Municipal para que las más de 96.000 víctimas de desplazamiento que habitan el municipio puedan resolver, de manera sostenible, sus necesidades derivadas a este hecho victimizante.

¿Qué son las soluciones duraderas?

Es un enfoque propuesto por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que los países con mayor número de refugiados o desplazados internos realicen acciones y procesos sostenidos en el tiempo para la reconstrucción de los proyectos de vida de las víctimas afectadas por este fenómeno.

Colombia cuenta con más de ocho millones de víctimas incluidas en el RUV por desplazamiento. La falta de vivienda, generación de ingresos y alimentación son los mayores rezagos con las víctimas.

Por eso, el Gobierno ha promovido que las regiones adopten este enfoque para una atención a víctimas que busque la reintegración y reubicación -de manera más sostenible- en el territorio al que se desplazaron, o para retornen a sus lugares de origen.

La situación de las víctimas en Magdalena

La última proyección del DANE indica que en Magdalena hay 1.513.782 personas, de las cuales 346.001 son víctimas según el Registro Único de Víctimas (22,9% del total de la población).

El Modelo de Intervención Territorial Integral (MITI), herramienta que permite analizar el contexto y las necesidades de los territorios en materia de reparación, atención humanitaria y oferta estatal, señala que el departamento requiere de un nivel de intervención “alto” porque nueve de cada diez víctimas de desplazamiento forzado no han superado su situación de vulnerabilidad.  

Indica que Santa Marta posee el mayor número de víctimas de desplazamiento forzado que no superan su situación de vulnerabilidad (96.932), seguido de Fundación (26.026), Ciénaga (23.761) y Zona Bananera (22.819). Además, que los principales rezagos están en los derechos a vivienda, generación de ingresos y alimentación.

Asimismo, señala que:

• El 61,8% de las víctimas están en pobreza monetaria. Es decir, no tienen ingresos para cubrir el costo de una canasta básica de bienes y servicios.
• El 28,6% están en pobreza extrema.
• El 26,5% en pobreza multidimensional. Es decir, que tienen privaciones en trabajo, educación, salud, vivienda y condiciones de la niñez y juventud.

La información contemplada en el MITI fue entregada por la directora de la Unidad, Patricia Tobón, a los equipos del gobernador y el alcalde con el fin de que puedan implementar planes y programas enfocados a resolver las necesidades de las víctimas del conflicto armado de acuerdo a su contexto actual.

Esto será posible gracias al convenio interadministrativo que firmaron este lunes, 22 de abril, la Unit for Victims y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para la compra de bienes rurales que están bajo la administración del Fondo para la Reparación a las Víctimas (FRV) y que ahora aportarán a la Reforma Agraria.

La monetización de estos bienes será la más alta realizada en la historia del Fondo y permitirá el derecho a la indemnización judicial a las víctimas reconocidas en estos fallos.

La directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, destacó que este logro se alcanzó gracias a la suma de voluntades reflejadas en mesas de trabajo entre ambas entidades.

“El día de hoy hemos suscrito este acuerdo para que los bienes hagan parte de la Reforma Agraria y que así lleguen a las personas de la ruralidad. Con los 300.000 millones vamos a indemnizar a víctimas incluidas en sentencias de Justicia y Paz”, anunció Tobón Yagarí.

El director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, resaltó que el convenio es una bandera de la construcción de paz pues “esto significa que las tierras que antes eran de paramilitares pasan a ser para campesinos y campesinas”, y servirá para que “la ANT consigne esta plata al Fondo para que un sinnúmero de víctimas sea reparadas”.

Así fue posible el convenio

Este convenio cumple con el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, en el que se establece mecanismos para facilitar y dinamizar la compra directa de bienes inmuebles rurales del Fondo para la Reparación a las Víctimas susceptibles de comercialización por parte de la Agencia Nacional de Tierras.

Este proceso se hará con el fin de poder adelantar las ventas masivas de los bienes del FRV que no cuentan con extinción de dominio.

Datos sobre el Fondo

El Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV) recibe, administra y monetiza los bienes muebles e inmuebles entregados o incautados por la Fiscalía a los paramilitares.

En 2024 se han apropiado recursos por 32.000 millones de pesos para el mes de abril de 2024, y una proyección de 300.000 millones a diciembre.  

Cabe recordar que, en 2023, El FRV avanzó con las indemnizaciones judiciales a 4.939 giros a 4.234 víctimas, con una inversión de 142.157 millones de pesos.

Estas acciones son un reflejo del compromiso de esta administración de la Unidad para las Víctimas, para generar acciones afirmativas en beneficio de las víctimas del conflicto armado.

El encuentro fue realizado en cumplimiento del punto 1.2 del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno nacional y las Farc-EP, en el que se establecieron las acciones y compromisos que beneficiarían a 170 municipios del país agrupados en estas zonas, entre ellos 13 municipios del bajo Cauca, norte y nordeste antioqueño, reuniendo a poblaciones como Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia y otros.

Elizabeth Apolinar, directora de Asuntos Étnicos, de la Unidad para las Víctimas, expuso el avance del proceso de reparación integral que la Unidad ha adelantado con las víctimas de comunidades indígenas y comunidades negras de los consejos comunitarios, todos pertenecientes a las subregiones PDET. Esto, en cumplimiento al capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz.

Al respecto, Apolinar recordó que desde 2011 hasta 2022, la Unidad para las Víctimas había protocolizado 60 Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) étnicos. En contraste, el Gobierno del Cambio apuesta por protocolizar 279 de estos planes, meta que espera cumplir la entidad para el cuatrienio.

En ese sentido, mencionó el trabajo que se ha realizado durante este año en el bajo Cauca y norte y nordeste antioqueño: “En esta subregión del país ya se han ubicado nueve sujetos de reparación colectiva étnicos que, con corte al 29 de febrero del 2024, se encuentran en fases de identificación, alistamiento, caracterización del daño, diseño y formulación, e implementación”.

Al finalizar el encuentro, la Unidad para las Víctimas adquirió el compromiso de realizar una mesa de trabajo presencial en articulación con el Ministerio de la Igualdad, en la que participarían los sujetos de reparación de esta subregión, quedando programada para finales de mayo del 2024.

Igualmente se suspende el servicio el mismo día en los municipios de San Juan de Urabá, Necoclí, San Pedro de Urabá, Carepa, Chigorodó, Arboletes, Turbo y en Riosucio, Chocó.

Para reponer la atención en el Centro Regional de Atención a Víctimas de Apartadó por el día suspendido, el sábado 27 de abril se brindará atención en la sede ubicada en la carrera 94 #100-75, bloque 1, barrio Obrero, entre 7:00 a.m. y 3:00 p.m.

Se recuerda a la ciudadanía que puede utilizar los canales no presenciales habilitados:

CANAL TELEFÓNICO

Línea gratuita nacional: 01 8000 911119

Teléfono fijo: 601 426 11 11

CANALES VIRTUALES

WhatsApp:  322 815 1101

Videollamada, Chat Web y Unidad en Línea. Para acceder este servicio, se debe ingresar a la página web www.unidadvictimas.gov.co

Correo electrónico: Puede escribir a unidadenlinea@unidadvictimas.gov.co e informar sobre la solicitud o trámite que necesite con la documentación completa para los siguientes trámites: Novedades de asistencia humanitaria, novedades de documentos, documentos para la indemnización administrativa, actualización y autorización para recibir notificaciones por correo electrónico.

CANALES DE AUTOCONSULTA

 #121: Es una línea de auto consulta en que la que se puede conocer el estado de atención humanitaria (giro disponible o turno), oferta institucional y estado de derecho de petición.

ChatBot: Es un chat automatizado para obtener información sobre atención humanitaria (giro disponible o turno), oferta institucional de la entidad, y estado de un derecho de petición.

En estas jornadas, se realizó la socialización del diagnóstico de cada municipio en relación con la política. Este diagnóstico es crucial, ya que refleja las necesidades específicas de la población afectada por el conflicto y tiene como objetivo principal asegurar que el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) esté alineado con estas necesidades.

Durante este proceso se hizo hincapié en los siguientes componentes de la política pública de víctimas: prevención, asistencia, atención y reparación integral. Además, se buscó garantizar que los planes, programas y proyectos estén en sintonía con las necesidades identificadas, con el objetivo final de lograr una estabilización socioeconómica de la población más vulnerable.

La directora territorial de la Unidad en Putumayo, Amanda Camilo Ibarra, explicó: “Lograr el compromiso de los mandatarios en dar continuidad y sostenibilidad a los procesos de asistencia, atención y reparación integral que se vienen implementado con énfasis en las metas establecidas por el Gobierno nacional es lo que podrá darles a las víctimas la seguridad de que todos estaremos trabajando hacia un mismo objetivo”.

En la Unidad para las Víctimas cambiamos para servir, trabajamos para reivindicar la memoria viva a través de las voces de esperanza y resistencia de hombres y mujeres víctimas que han camino para su dignificación y las de sus familias, comunidades y procesos; ellas y ellos han demostrado que, a pesar de su dolor, tienen el poder de brindarle a Colombia segundas oportunidades para alcanzar la paz, la reconciliación y la convivencia.

Para identificar e incorporar las acciones requeridas por la población afectada por el conflicto en estos planes, la Unidad convocó a los representantes de los gobiernos municipales del norte, centro y sur del departamento al Taller para la Formulación de Planes de Acción Territorial 2024-2027.

Este ejercicio permitió ampliar los conocimientos de los funcionarios y funcionarias municipales que trabajan con víctimas para identificar y aplicar las herramientas, obligaciones y responsabilidades legales que se tiene desde la institucionalidad para responder por los derechos de esta población.

La directora de la territorial Bolívar – San Andrés de la Unidad para las Víctimas, Marta Salazar, dijo que es la oportunidad para que en los Planes de Desarrollo Territoriales se trabaje por el cumplimiento de la incorporación y construcción de políticas públicas en clave de la garantía real de los derechos de las víctimas y así avanzar en los territorios en soluciones sostenibles.

Además, destacó que Bolívar es la segunda región, después de Antioquia, con más víctimas por desplazamiento forzado y dijo que este es un reto importante para lograr brindar, a través de una política pública estructurada, una atención y reparación integral para las víctimas.

Finalmente, resaltó la importancia de la articulación que resulta después de esta capacitación entre los entes territoriales, la Gobernación de Bolívar y la Unidad, entidad de la que dijo está presta para suministrar toda la información y asistencia técnica necesaria a fin de alcanzar el objetivo de avanzar en los proyectos y acciones que reclaman las comunidades víctimas del conflicto y sus planes integrales de reparación.

La representante del gobierno de Arjona, Shirley Paternina, elogió el desarrollo de la jornada de dos días convocadas por la Unidad en alianza con el programa Restaurando Nuestro Futuro, de USAID, implementado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Dijo que este diálogo fue “oportuno” y agregó que se hizo un análisis de los borradores de los planes de desarrollo para fortalecerlos y hacer las correcciones que se requieran.

“Fue importante porque nos ayuda a fortalecer la atención a la población víctima e incorporar los componentes de la política pública de víctimas a los planes de desarrollo”, concluyó.

En el taller, los equipos de la Unidad, además de ofrecer a los representantes de las instituciones territoriales su asesoría y actualizarlos sobre los estados de los planes integrales de reparación colectiva y planes de retorno y reubicación en Bolívar, los ilustraron sobre los alcances de las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo que advierten sobre la situación de orden público que se registra en gran parte del departamento y condicionan la atención a las víctimas del conflicto debido a que se desarrolla en un ambiente de tensión por las amenazas y acciones de los grupos armados ilegales que hacen presencia en los territorios.

En la Unidad para las Víctimas cambiamos para servir, trabajamos para reivindicar la memoria viva a través de las voces de esperanza y resistencia de hombres y mujeres víctimas que han camino para su dignificación y las de sus familias, comunidades y procesos; ellas y ellos han demostrado que, a pesar de su dolor, tienen el poder de brindarle a Colombia segundas oportunidades para alcanzar la paz, la reconciliación y la convivencia.

La acción se implementó de acuerdo con lo establecido en el Plan de Retorno y Reubicación a cargo de la administración municipal de Pitalito, denominado ‘Comunidad rural Chillurco y Criollo’, dando como resultado la entrega de este Esquema Especial de Acompañamiento Comunitario de dotación tecnológica, que busca generar un impacto positivo en la comunidad víctima de desplazamiento forzado, mejorando el arraigo en el territorio y contribuyendo a superar la situación de vulnerabilidad.

“Desde la Institución Educativa Municipal Criollo sede el Jardín y en nombre de estos niños y niñas damos gracias a la Unidad para las Víctimas por esta ayuda que será de gran beneficio, va a mejorar su parte académica, su rendimiento; cuidarlos es nuestro compromiso”, aseguró Carmenza López Burbano, rectora.

Por su parte, Ana Rocío Marín Lugo, profesional del área de proyectos de la alcaldía de Pitalito aseguró: “Como Estado, de manera conjunta, venimos cubriendo las necesidades de nuestra población para poder mantener los espacios educativos con acceso a las herramientas, gracias a las comunidades que se vincularon al proceso, entre ellos los integrantes de la Mesa Municipal de Participación de Víctimas, presidentes de juntas de acción comunal, docentes, rectores y el trabajo articulado con la Unidad para las Víctimas”.

“Siento satisfacción por la entrega de estos implementos, estos procesos son importantes porque llegan a las comunidades más necesitadas, esta es nuestra incidencia con mandatarios a través de los planes de desarrollo, queremos que se siga apoyando a los territorios porque desde el sur del Huila estamos construyendo paz y cosechando futuro”, dijo Miguel Rojas Cerón, coordinador de la Mesa Municipal de Víctimas.

En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.

Los asistentes a este espacio de concertación reconocieron la importancia que le ha dado el Gobierno nacional a estos escenarios, enviando a funcionarios del nivel central para recorrer los territorios y darle respuesta a las necesidades expresadas por sus habitantes.

Sandra Alfaro Yara, directora de Reparación de la Unidad para las Víctimas, y Giovani Yule Zape, director de la Unidad de Restitución de Tierras, recorrieron el municipio conocido como ‘Crisol Étnico’ por su riqueza cultural y mezcla entre las culturas de indígenas, afros y mestizos.

Durante el espacio de concertación, los funcionarios dialogaron con los asistentes sobre la articulación de las diferentes entidades del Estado para llevar la oferta institucional a Pueblo Rico y responder a las condiciones diferenciales de este territorio en la que habita población étnica, como el pueblo Emberá, y que requiere de una intervención integral para acceder a sus derechos y resolver probemas estructurales como el desplazamiento de su integrantes. 

“Estamos acompañando a la alcaldía de Pueblo Rico en el compromiso de poder avanzar en la implementación de la política pública de víctimas y poder garantizar los procesos de reparación individual y colectiva para que los retornos y reubicaciones de la población Emberá sean una realidad en este Gobierno”, aseguró Sandra Alfaro.

Uno de los anuncios realizados en este escenario fue la pronta intervención de 1,5 kilómetros de placas huella en la vía que comunica a Pueblo Rico, en Risaralda, con Bagadó, en el Chocó, una obra vial que beneficiará especialmente a la comunidad Emberá del Alto Andágueda que transita a diario por esta vía terciaria que comunica la zona con los municipios aledaños. La Unit for Victims anunció que las obras iniciarán en el segundo semestre del año, mediante un convenio interadministrativo entre el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Gobernación de Risaralda. A la par, la Unidad fungirá como garante del proceso.

Sandra Alfaro expresó que la entidad también acompañará la ruta de atención prioritaria que “permitan a la alcaldía municipal sentirse respaldada por la Unit for Victims como institucionalidad, brindándole una mejor articulación con las entidades del Gobierno nacional”.

Víctor Moreno, vocero del corregimiento de Santa Cecilia, valoró el espacio de concertación para que se cumplan los compromisos adquiridos por las entidades participantes. “Traemos a la mesa de trabajo varias exigencias. Necesitamos que los procesos de reparación colectiva e individual se hagan de una manera rápida, que las víctimas puedan ser retribuidas y esperamos que estos compromisos sean tenidos en cuenta por todas las instituciones”, concluyó.

En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.