La entrega de más de 54.000 millones de pesos en 5.040 indemnizaciones individuales con corte a octubre, la atención a más de 105.108 víctimas en puntos de atención y centros regionales de atención, marcaron un avance tangible en la atención y reparación integral de las 367.228 víctimas del conflicto armado que hacen parte de la dirección territorial Urabá-Darién de la Unidad para las Víctimas.
Las jornadas móviles y las estrategias de atención complementaria han eliminado barreras geográficas, llevando servicios y trámites a las comunidades más distantes, permitiendo que más de 4.000 víctimas accedieran a los programas de la Unidad para las Víctimas, en articulación con entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Esta atención se ha extendido, además, a la recuperación emocional, con más de 1.200 personas atendidas en sesiones grupales, individuales, entre adultos, niños, niñas, mujeres, cuidadosamente acompañados, en el afrontamiento del sufrimiento, y la reconstrucción de sus proyectos de vida.
La asistencia y ayuda humanitaria a comunidades vulnerables
Este año, en la subregión, se garantizó a 15.683 hogares víctimas, la mitigación de sus carencias mínimas, mediante la asignación de 24.082 giros de atención humanitaria, contribuyendo a la superación de la vulnerabilidad y aportar al cierre de brechas de desigualdad estructural.
Uno de los mayores retos asumidos en esta vigencia, constituyó en asistir a las comunidades afectadas por el accionar de grupos al margen de la ley, mediante la entrega de kits humanitarios y el acompañamiento permanente en la implementación de los planes de contingencia, se ha logrado el fortalecimiento de los entes territoriales en el afrontamiento de las emergencias humanitarias.
De igual manera, desde la Subdirección de Prevención y Atención a Emergencias (SPAE) se invirtieron alrededor de 275 millones de pesos ($275.549.790), representados en dotaciones y mobiliario a instituciones educativas, garantizando entornos académicos dignos y seguros de las comunidades afro en San Francisco, Chugandí, Sapzurro y Capurganá de Acandí, Chocó.
El trabajo con los colectivos y comunidades afro no se detiene
En el ámbito de la reparación colectiva, esta dirección territorial cuenta con 51 Sujetos de Reparación Colectiva (SRC), 40 son étnicos, 10 son comunidades campesinas y una organización los cuales han sido parte de acciones significativas como la celebración de las Fiestas de la maicena, los campeonatos deportivos, como parte de reconstrucción de la identidad del pueblo negro chocoano y la integración de las comunidades del Consejo Comunitario de Jiguamiandó.
La presencia y acompañamiento en las comunidades no se detiene, afianzando la presencia en territorio, materializando acciones en 20 colectivos, de los cuales 14 se encuentran en fase de implementación, tres en la caracterización e identificación del daño, uno en etapa de diseño y formulación del Plan Integral de Reparación colectiva (PIRC) y cuatro colectivos en la etapa inicial de alistamiento.
Se destaca la implementación de acciones reparadoras de las medidas de restitución, satisfacción, rehabilitación, entre estas, la dotación de equipos tecnológicos, para la escuela del Consejo Comunitario de Cacarica el cual celebran estas mejoras tangibles fortaleciendo su incidencia autónoma en el territorio.
Además, se socializó y sensibilizó a funcionarios de los municipios Riosucio y Carmen del Darién, instituciones públicas y privadas, frente al derecho a la reparación colectiva para pueblos y comunidades con pertenencia étnica, de manera que sea culturalmente adecuado según los usos y costumbres, alcanzando alianzas sólidas para la reparación colectiva.
La respuesta de la Unidad a las solicitudes de las comunidades no se limita a recursos materiales, sino que también se traduce en un enfoque integral para el fortalecimiento de capacidades de liderazgo. Las capacitaciones en Derechos Humanos, Justicia Transicional, mediación y resolución de conflictos a comunidades del Consejo Comunitario Mayor del Bajo Atrato (Cocomaunguía), han sido pilares fundamentales que han influido de manera decisiva en la construcción de una cultura de paz territorial, no solo como aspiración, sino como un derecho inalienable.
Este 2023 fue un año de buenas noticias para la Asociación de Administradores de Fincas Bananeras de Urabá (Asafibu), dando cumplimento a las medidas del PIRC, con la realización de dos eventos gastronómicos, la dotación de equipos tecnológicos, la entrega de un camión y un tractor para uso de la comunidad.
Estos logros no solo se miden en números y estadísticas, sino en las historias de reparación colectiva, como la que tejió el corregimiento de Paquemás al lograr el cumplimiento del Plan Integral de Reparación Colectiva, alcanzando la restauración de prácticas autóctonas, la restitución y la recuperación del tejido social. Con una inversión de 446 millones de pesos, Paquemás, culminó y enfrentó los retos del PIRC, transformó su proceso en oportunidades abriéndose a la esperanza y el renacer de una comunidad que sufrió el rigor del conflicto armado.
Retornos y reubicaciones
En esta vigencia, el compromiso de superar todo tipo de desafíos geográficos y logísticos ha llevado a la Unidad a lugares remotos, asegurando que ninguna comunidad quede fuera de su alcance. Desde un enfoque inclusivo, se lograron entregar dotaciones y mobiliario a instituciones educativas mediante siete proyectos de Esquemas Especiales Comunitarios a comunidades retornadas y reubicadas, en la subregión de Urabá, logrando afianzar el acompañamiento de la institucionalidad, generar confianza en el cumplimiento de las expectativas de una población que ha sobrevivido al desplazamiento y otras afectaciones derivadas del conflicto.
También, se ha avanzado en el acompañamiento a los sectores Pescador 1 y 2, en Turbo, mediante la realización de una feria interinstitucional de servicios y la entrega de dotaciones deportivas para los jóvenes y niños de estas comunidades.
Además, se llevó a cabo la concertación del plan de retornos y reubicaciones y se ha avanzado en el proceso con las comunidades afro de los ríos de Larga y Tumaradó. Asimismo, se han adelantado jornadas de viabilidad y orientación de estos planes con comunidades indígenas, como Ibudó las Playas en Apartadó y Consejo Comunitario Martin Luther King en Carepa.
Asimismo, en cumplimiento a las medidas de los Planes Específicos, en los Consejos Comunidades Negras de la Cuenca del Rio Acandí Seco (Cocomaseco), se entregaron herramientas e insumos agropecuarios para el fortalecimiento de 10 unidades productivas familiares de yuca, arroz plátano, con recursos que ascienden a los 65 millones de pesos, propendiendo por el sostenimiento de sus formas productivas, ajustadas a la realidad territorial y respondiendo a las necesidades específicas.
Ahora, con la mirada puesta en el futuro, la Unidad para las Víctimas en Urabá y Darién reafirma su compromiso con la atención, asistencia y reparación integral, trazando un camino que no solo reconoce el dolor del pasado, sino que construye un presente y un futuro lleno de posibilidades para quienes han sido víctimas del conflicto armado.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
