Revictimización, estigmatización, invisibilización, desamparo, falta de acceso a la verdad y la justicia. Esos son algunos de los problemas e impedimentos que han sentido las y los integrantes de la fuerza pública y sus allegados para ser reconocidos como víctimas del conflicto armado. Incluso, por cuenta de casos como las ejecuciones extrajudiciales y otros episodios que han opacado el papel de estas instituciones, para muchos se ha venido implantando una narrativa que generaliza como victimarios a quienes han portado los uniformes de las fuerzas militares o de policía.
Por muchas décadas, las más de seis que ha perdurado el conflicto armado en el país, quienes sufrieron violaciones a sus derechos humanos en medio de los combates han trabajado incansablemente por lograr su reparación. Así lo expone Freddy Manjarrés, padre de Felipe Manjarrés, uno de los 22 cadetes que murió en el ataque contra la Escuela de Policía General Santander, en Bogotá. Para él, ser un allegado de un miembro de la fuerza pública víctima del conflicto es “totalmente cruel” debido a una sensación permanente de señalamiento. “Nos tachan de ser los que pedimos y reclamamos, pero no se ponen la mano en el corazón para entender el dolor de las víctimas”, dice.
La necesidad de aclarar criterios para valorar la situación de vulnerabilidad de las víctimas y ponerse al día en su restitución de derechos quedó consignada en la Ley 1448, en la que se evidenció la urgencia de, como piden las víctimas, buscar una “reparación digna” para 447.589 miembros de la fuerza pública afectados por el conflicto armado, según el Registro Único de Víctimas (RUV). “No peleamos por plata. No queremos un lugar privilegiado, sino justicia y reparación digna. Que el Estado ponga en el sitio que se merecen las víctimas en cuanto a recuperación, atención psicológica y médica”, reclama Manjarrés, quien en varios espacios asume la representación de las familias conectadas por la tragedia ocurrida en enero de 2019.
Desde la Unidad para las Víctimas se adelantan varias estrategias con la misión de superar las barreras, como jornadas de caracterización, movilización de la oferta social según las necesidades de las víctimas, así como el fortalecimiento de la mesa técnica para la fuerza pública y un trabajo de dignificación y memoria con los veteranos, que son los militares y policías reconocidos como víctimas por hechos ocurridos antes, durante o después del servicio, los pensionados por invalidez y los reservistas de honor.
Ahondar testimonios, esencia de la caracterización
El proceso de tomar las declaraciones a los miembros de la fuerza pública víctimas del conflicto ha sido extenso, pero fructífero. Desde hace una década, la Unidad realiza jornadas masivas, comprendiendo las dificultades de desplazamiento y adelanto de los trámites para ingresar al RUV. Entre 2013 y 2015 se creó un plan de contingencia para revisar casos especiales, ajustar la valoración y en 2015 se acordó un intercambio de información con el Ministerio de Defensa para avanzar en medidas de satisfacción y garantías de no repetición.
Desde 2018 se han realizado 29 jornadas en las que se caracterizaron 8.837 víctimas y 2.681 hogares. Durante 2022 se realizaron siete jornadas, en las que se caracterizaron 1.201 personas y 363 hogares y para este 2023 se tienen programadas ocho jornadas. Ya se realizó la primera, en Antioquia, entre el 7 y el 9 de mayo; la próxima semana, el 16 y 17 de mayo, se llevará a cabo una en Leticia, Amazonas, y las restantes se realizarán durante el segundo semestre del año en Valledupar, Neiva, Mocoa, Cali, Cartagena y Bogotá.
En las jornadas, que además de profundizar en cada relato buscan identificar nuevos hechos victimizantes o no declarados, se realiza acompañamiento y orientación a quienes interpongan recursos frente a las decisiones de no inclusión. En total se revisaron más de 900 casos que no se habían incluido y se revocó la decisión a 273 víctimas. Y luego de analizar la situación de vulnerabilidad de 384.014 sujetos de atención se identificó que 144.949 miembros del Ejército víctimas del conflicto lograron superar su condición, así como 41.514 de la Policía, 19.519 de la Armada Nacional y 6.306 de la Fuerza Aérea.
La trascendencia de la articulación interinstitucional
¿Cómo se determina la oferta institucional para la población víctima del conflicto, incluida por supuesto la fuerza, pública? Resulta de un trabajo de articulación en el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), que agrupa 39 entidades dedicadas a identificar y definir la oferta institucional precisa para las víctimas.
En este momento, desde el sistema interinstitucional se están identificando y formalizando los programas necesarios y planes de acción para este 2023. La expectativa es que al finalizar esta primera semana de mayo concluya la gestión para disponer de toda la oferta institucional necesaria no solo para los miembros de la fuerza pública, sino para todas las víctimas del conflicto.
Adicional a eso, en el SNARIV se adelanta una mesa técnica para la fuerza pública, que busca articular y flexibilizar la oferta de las entidades para dar cierta prioridad a las víctimas que hacen parte de las fuerzas militares y de policía, y se coordinan los lineamientos de implementación y divulgación de la oferta. Hasta el momento, instituciones como el Banco Agrario, Bancóldex, Icetex, el Sena y los ministerios de Comercio, Trabajo y Vivienda adoptaron la línea propuesta.
Los compromisos con los veteranos
Aunque el nombre lo sugiere, los veteranos de la fuerza pública no son los uniformados retirados. Son, de acuerdo con la Ley 1979 de 2019, quienes fueron reconocidos como víctimas del conflicto por hechos ocurridos en servicio, los pensionados por invalidez o quienes tienen una asignación de retiro, así como los reservistas de honor y los que representaron al país en conflictos internacionales.
Con todos ellos, la Unidad, mediante la Dirección de Gestión Interinstitucional (DGI), tiene el compromiso de gestionar e dialogar con las fuerzas militares y de policía, con el Ministerio de Defensa y el Consejo de Veteranos, las acciones y oferta institucional para quienes se encuentren incluidos en el RUV.
De igual forma, se realiza un proceso de caracterización y toma de declaración, que ya inició en marzo en Medellín (Antioquia) y Aguachica (Cesar), y continuará a mediados de este mes, entre el 15 y el 19 de mayo, en Leticia (Amazonas), para los veteranos de la Policía. En el segundo semestre se retomará el calendario en Neiva, Mocoa, Cali, Cartagena y Bogotá, con lo que se busca incluir a más veteranos en el RUV y así seguir avanzando en su dignificación y la reconstrucción de proyectos de vida.
Por último, hay una serie de compromisos y solicitudes que se desprenden de la ley de veteranos y que también se gestionan desde la Unidad, como el apoyo en la celebración del día del veterano, el 10 octubre, cuando se hace una conmemoración y entrega de estatuillas para miembros de la fuerza pública, además de la participación en el proceso de elección de las mesas municipales de víctimas.
Las primeras mesas, según se acordó en 2020, se elegirán este 2023 y, desde ese momento, cada cuatro años. Para este primer proceso de participación en los municipios la elección se hará entre el 20 de agosto y el 10 de septiembre, mientras que en el caso de Bogotá se elegirá una mesa distrital entre el 20 de septiembre y el 10 de octubre. A nivel nacional también habrá una mesa, que será nombrada entre el 20 de octubre y el 10 de noviembre.
En la Unidad para las Víctimas cambiamos para servir con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
Consulta aquí la infografía de la fuerza pública como víctima del conflicto armado
