La Unidad para las Víctimas implementó en Magdalena diferentes actividades, estrategias, asistencia y articulaciones para avanzar significativamente en la reparación integral de las víctimas en el año 2023.
En materia de indemnizaciones, se realizaron 5.599 giros administrativos que suman más de 46.100 millones de pesos y 394 giros judiciales que suman 11.830 millones incrementando el 20% de entrega en comparación con el 2022.
En el marco de la reparación integral, 1.232 víctimas accedieron a la estrategia de recuperación emocional, impactando a 866 adultos, 196 jóvenes, 171 niños, niñas y adolescentes y de manera individual a 89 víctimas, aplicando metodologías de recuperación emocional grupal tituladas: ‘Hilando y tejiendo saberes’, ‘Rotando la vida’ y ‘Saltando la cuerda’.
Se destaca que, en este acompañamiento psicosocial, 100 mujeres víctimas de violencia sexual fueron atendidas con un enfoque feminista, siendo el Magdalena el segundo departamento de Colombia con más mujeres afectadas por este hecho.
En lo relacionado al proceso de reparación colectiva, se resalta la protocolización de tres Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), dos campesinos y uno étnico. También se dieron avances en la implementación de acciones en Sujetos de Reparación Colectiva en fase de Implementación, tales como los sujetos de reparación colectiva de Cristalina, La Pola, Avianca, EtteEnaka, Jacobo Pérez Escobar, Sacramento, Bejuco prieto.
Asimismo, se avanzó en el seguimiento de proyectos de infraestructura en ejecución por parte de las alcaldías, en la ruta de reparación colectiva de tres sujetos de reparación tipología étnicos (Consejo comunitario Victoria Torres, Consejo comunitario Tucurinca, Soplador), y en la ruta de reparación colectiva de las comunidades Arahuacas de la cuenca del río Fundación que se encuentran en fase de alistamiento y diagnóstico del daño
“Hemos tenido logros en el proceso de reparación a las víctimas, quiero expresar que esto es posible gracias a un equipo humano altamente comprometido con la implementación de la política pública de víctimas y las directrices del presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez Mina y la directora Patricia Tobón Yagarí”, expresó la directora territorial Audes Jiménez González.
De enero hasta la fecha, se atendieron 28.003 solicitudes en el Centro Regional de Atención a Víctimas de Santa Marta y se realizaron 45 estrategias complementarias o jornadas de asistencia, logrando una atencion del 48% en zonas Urbanas y del 52% en la zona rural, acercando de esta manera a las víctimas con el Estado, creando confianza hacia los procesos con la Unidad para las Victimas y la institucionalidad.
Los 30 municipios del departamento fueron capacitados en asistencia técnica de eventos masivos, asistidos técnicamente en la estrategia de caracterización con enfoque goce efectivo de derechos, asistencia técnica al Ministerio público en devoluciones, subsanaciones de las declaraciones de las víctimas; y el cumplimiento del 100% de los comités de justicia transicional. Adicionalmente, se realizaron tres mesas interinstitucionales con entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas (SNARIV) tanto nacionales y territoriales, con una respuesta significativa por parte de las entidades en materia de cumplimiento a medidas de reparación colectiva, retornos y reubicaciones y sentencias, lo que repercutió en el avance de medidas rezagadas.
Por último, se realizaron actos simbólicos en los municipios de Pivijay, Remolino, Chibolo, Fundación, El Piñón, Remolino, Ciénaga, Salamina y Zona Bananera con la participación de más de 510 víctimas en función de las medidas de satisfacción, respondiendo a procesos de reparación integral, que promueven la reconstrucción de la memoria histórica, el reconocimiento a la verdad, la convivencia pacífica y las garantías de no repetición.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
