El trabajo de la dirección territorial de Córdoba de la Unidad para las Víctimas deja un positivo balance de gestión de cierre de la vigencia 2023. Así lo dio a conocer Marcelo José Vega Avena, su director, quien destacó la atención al ciudadano y por eventos de desplazamiento masivo, ocurridos en los municipios del sur del departamento.
“Llegamos hasta Tierralta con 19 toneladas de alimentos no perecederos y artículos de aseo en el marco de la atención humanitaria y bajo los principios de subsidiaridad en atención de 2.021 personas asentadas en el parque principal Santiago Canabal de este municipio”, resaltó Vega Avena. La territorial orientó las familias que denunciaron abusos por parte de la fuerza pública el pasado 11 de septiembre.
Asimismo, subrayó el trabajo realizado con las comunidades indígenas Nejondó, Koredó y Kapupudó de Tierralta que, el pasado 26 de septiembre, padecieron confinamiento producto de la presencia de grupos armados al margen de la ley. A pesar de los problemas de orden público, funcionarios de la dirección territorial lograron desplazarse durante más de cuatro horas en lancha por el río Sinú, en el Nudo del Paramillo, para asistir a las 271 familias indígenas afectadas.
Fue así como en ocho canoas se llevaron las 14 toneladas de ayudas humanitarias de emergencia a estas familias que por tercera vez son víctimas de desplazamiento. Las afectaciones más recientes empezaron en el año de 2019, por tras enfrentamientos entre grupos ilegales y tropas del Ejército Nacional.
La Unidad en Córdoba atendió en distintas jornadas móviles a víctimas del conflicto armado de los municipios de Puerto Escondido, Tuchín, Momil, San Pelayo, San Antero, Buenavista, Puerto Libertador, Montería y Tierralta. En este último municipio, la entidad brindó orientación a la población acerca de los servicios que presta la entidad a la comunidad en todo el territorio nacional. También, se socializó la ruta y los canales de atención para el acceso a la ayuda humanitaria, actualización de novedades en el Registro Único de Víctimas (RUV), y orientación sobre trámites para la indemnización individual.
Para Vega Avena, la territorial en Córdoba concluye el 2023 con éxito en las jornadas de atención móvil que lidera la dependencia de Servicio al Ciudadano en la entidad “porque se alcanzó a través 50 jornadas realizadas en el año, el beneficio y atención de más de 14 mil personas víctimas en las diferentes subregiones del departamento”. El balance de gestión destaca que, en el caso del municipio de Tierralta, al sur de Córdoba, y más exactamente en el corregimiento de Santafé de Ralito, es la primera vez que la Unidad presta sus servicios en terreno y se cuenta además con el apoyo de la Defensoría del Pueblo.
Durante el desarrollo de esta jornada, se explicó cómo funciona la ruta prioritaria para que se otorgue la medida de la indemnización y se dio a conocer la importancia de actualizar los números de contactos telefónicos como requisito primordial para hacer notificación de la indemnización, dado que, en razón a esto, se han realizado muchas devoluciones y eso implica realizar un proceso de reprogramación.
En cuanto a las metas de reparación colectiva, Marcelo Vega Avena sostuvo que la Unidad avanzó en el cumplimiento de los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), de los Sujetos de Reparación Colectiva de Villanueva en el municipio de Valencia; Marralú en Ayapel y Mejor Esquina en el municipio de Buenavista.
“Las comunidades recibieron un camión por cada sujeto que permitirá el cierre de las brechas sociales entre el campo y la ciudad y les servirá a los campesinos para llevar sus productos de las zonas de centro de acopio para su comercialización”, expresó Vega Avena.
De este modo, la Unidad entregó dotación de herramientas y semillas a víctimas de Ayapel, y con esta entrega 320 familias víctimas del conflicto fortalecerán sus cultivos para mejorar los ingresos económicos. Esta entrega obedece al cumplimiento de una medida de restitución al Sujeto de Reparación Colectiva Marralú, en el municipio de Ayapel. “La entrega constó de bultos de arroz, abono, cal, rastrillos, bombas de espalda manual, tanques de plástico, estibas, grapas galvanizadas, alambre de púas, baretones, carretas, palas, picas, hachas, machetes, guadañadoras, y su inversión es de $274.097.722 millones”, dijo el director de la territorial.
Aseguró que, la Unidad invirtió en la entrega de dotación tecnológica para beneficio de las víctimas y en apoyo a que, a través del estudio puedan alcanzar sus anhelos. “Le apostamos a la entrega y adquisición de elementos tecnológicos y periféricos para el cumplimiento de medidas y acciones contenidas en los planes de Reparación Colectiva y en el marco de los planes de Retorno y Reubicaciones. Es así como fueron entregados ocho computadores al Sujeto de Reparación Colectiva Consejo Comunitario Afromontelibanense en el municipio de Montelíbano”.
La reparación individual que es un deber del Estado y es un derecho de las víctimas afectadas por las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y/o las violaciones graves y manifiestas a los Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, que han sufrido daños severos en sus vidas, su integridad, su patrimonio, sus proyectos de vida personales, familiares y profesionales, alcanzó el beneficio de más de 12 mil sobrevivientes: “Atendimos a 12.763 víctimas en indemnizaciones, y la inversión entregada fue más de 176 mil 683 millones de pesos que se invirtieron en lo que fue la indemnización administrativa y judicial, cumpliendo a las víctimas que tenían su documentación completa. De este modo, se brindó atención a sobrevivientes de los 30 municipios del departamento”, confirmó Vega Avena.
Para el proceso de participación y visibilización a las víctimas, la Unidad acompañó los diferentes informes de gestión por la culminación del periodo de mesas durante los años 2021 a 2023 y en ejercicio de la participación de las víctimas, el director de la territorial indicó que, “se adelantaron 8 informes de la Mesa Municipal Efectiva de Víctimas de los municipios de: San Antero, Purísima, Montelíbano, Ayapel, San Bernardo del Viento, Tierralta y Los Córdobas”.
Luego de las postulaciones por los diferentes hechos victimizantes, (a la vida y la libertad, desplazamiento forzado, desaparición forzada, violencia sexual, víctimas de minas antipersona, a la integridad física y psicológica) y por enfoques diferenciales (mujer, joven, población LGBTI, persona mayor, población en condición de discapacidad, grupos étnicos (indígenas, afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros, y Rrom), la mesa departamental en Córdoba fue elegida con 24 integrantes que incluye a más del 50% en la representación de 16 municipios de los 30 que tiene el departamento.
Finalmente, el directivo mencionó que se adelantan las gestiones pertinentes para poder realizar en el primer y segundo semestre del año 2024, mayor número de jornadas de atención móvil en los territorios más vulnerables y con difícil acceso porque a través de este acercamiento del Estado a las comunidades, “se conoce y evalúa la situación real de cada hogar víctima de desplazamiento forzado y, con ello, se acompaña a los hogares en el acceso a diferentes medidas, programas y proyectos contemplados en la Ley 1448 de 2011”.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
