Comunicado sobre indemnización y CRAV de Quibdó

La Unidad para las Víctimas informa que los recursos para materializar la medida de indemnización administrativa son asignados por el Gobierno Nacional directamente a la Unidad.

Ningún ente territorial tiene acceso a esa información, como tampoco tiene acceso a la información sobre quiénes serán indemnizados, ni al monto en dinero que se entregará a cada persona. Esta es una información sensible y confidencial por lo que debe ser tratada únicamente entre la entidad y la víctima que recibe la compensación económica. Por consiguiente, no se requiere gestión de ningún funcionario adscrito a entes territoriales ni a profesionales independientes.

Ahora bien, la única información que se hace pública es la de las jornadas de indemnización que realiza la Unidad para las Víctimas en cada municipio y en la página de la entidad, en el boletín mensual de la ficha estratégica: http://fichaestrategica.unidadvictimas.gov.co/Boletin/BoletinEstrategico

De igual forma en el siguiente cuadro, se pueden evidenciar las indemnizaciones y giros realizados en el municipio de Quibdó por hechos victimizantes y por procesos de justicia y paz desde el año 2012 hasta el año 2021, este último mencionado en el artículo. Por ello, no tiene asidero frente a lo expresado en la publicación en donde se quiere destacar una gestión que nunca ha sido del resorte del funcionario.

En el siguiente cuadro se muestra también las indemnizaciones realizadas desde el 2009 hasta el 2021. Para el año 2021 el total invertido fue de $26.134 millones a 2.510 personas del municipio, recursos que provienen del presupuesto de la nación y del Fondo de Reparación a través de la capitalización de los bienes incautados a los victimarios.

Con relación a las adecuaciones del CRAV, si bien el lugar donde funciona pertenece a la administración municipal, no es cierto que las gestiones para las adecuaciones se hayan realizado a través del funcionario que coordinaba la oficina de víctimas del municipio de Quibdó. Desde el 2015, cuando abrió sus puertas por primera vez, los recursos han sido gestionados por ambas entidades. (Cuadro siguiente)

Cabe resaltar que a través del convenio N°1446 de 2013 quedaron plasmada las obligaciones de la administración municipal y de la Unidad para las Víctimas. Dentro de las obligaciones de la administración municipal están:

• Disponer del espacio físico para la construcción del centro
• Utilizar la infraestructura física y dotación para fines de integración comunitaria
• Velar por el adecuado mantenimiento y buen uso de la dotación adquirida
• Garantizar la oferta local del municipio en el centro para la atención a población víctimas; entre otras.

En ese mismo convenio reza en el artículo sexto que la Unidad tendría la responsabilidad para la construcción del centro y el municipio aportaría en bienes y servicios, lo que significa que en la construcción y adecuación de la planta física la administración municipal no tiene ninguna obligación siendo esta una competencia propia de la Unidad para las Víctimas.

Para la reapertura del CRAV (16 de mayo de 2022), después de dos años de estar cerrado, primero por la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 y luego por las adecuaciones, la Unidad para las Víctimas realizó una inversión de $130 millones, noticia que fue emitida por la entidad y que está alojada en la página web de la Unidad desde el pasado 20 de mayo. Centro Regional de Atención a Víctimas de Quibdó reabre sus puertas | Unidad para las Víctimas (unidadvictimas.gov.co)

Por lo anterior, desde la Unidad para las Víctimas se solicita al funcionario realizar las precisiones correspondientes debido a que ninguna de la información contenida con relación a las víctimas de Quibdó en materia de indemnización por vía administrativa, ni judicial corresponde a ningún tipo de gestión de su parte.

La entidad diseñó y desarrolló la campaña antifraude denominada “Que no le echen cuentos”, iniciativa con la que busca prevenir a las víctimas y a la población en general de irregularidades que se convierten en delitos sancionables por la ley.

Gracias a la puesta en marcha de la estrategia y su campaña ¡Que no le echen cuentos!, la Unidad para las Víctimas ha logrado persuadir a los sobrevivientes del conflicto para que no se dejen engañar de personas inescrupulosas que ofrecen gestionar los trámites ante la entidad, los cuales son gratuitos y no se necesitan intermediarios. También ha servido para que la ciudadanía en general denuncie estos hechos que pueden llegar a afectar a las víctimas o los recursos públicos destinados a su reparación.

JDP/COG