Si es víctima del conflicto armado colombiano,¡envíe su propuesta a la Mesa Nacional de Participación!
Por primera vez en la historia de Colombia, todas las víctimas del conflicto armado pueden exponer sus propuestas e incidir en la elaboración de políticas públicas relacionadas con su atención, asistencia y reparación. Desde que se aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), las personas que se hayan visto afectadas por el conflicto disponen de un espacio oficial para que su voz sea escuchada y tenida en cuenta. Por eso, existen mesas de participación municipales, departamentales, distrital y nacional, donde las y los representantes de las víctimas elegidos democráticamente se reúnen de manera periódica para debatir sobre propuestas relacionadas con una mejor implementación de esta ley. Si usted o alguno de sus familiares reside en Colombia, puede hacer llegar su propuesta a través de los representantes elegidos en las mesas de participación. Si usted reside fuera de Colombia, a través de este sitio web puede hacer llegar sus propuestas a las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas quienes tienen la obligación de facilitar una respuesta con respecto a la propuesta que usted plantee. Recuerde que esta plataforma está dedicada a la recepción de propuestas para mejorar la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Para el envío de peticiones, quejas o reclamos, la Unidad para las Víctimas ha dispuesto otras plataformas. Si desea enviar su propuesta y aún no está incluido en el Registro Único de Víctimas, puede consultar cómo solicitar su inscripción desde Colombia o elexterior. Las víctimas del conflicto armado tienen derecho a participar en la elaboración de política pública que les afecte… pertenezcan a una organización o no, residan en Colombia o fuera del país, vivan en una pequeña vereda o una gran ciudad. La participación de las víctimas se debe garantizar de manera integral y, para que sea efectiva y significativa, el Estado debe respetar, proteger, garantizar y promover este derecho. 
