Las Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex víctimas se amparan bajo la bandera Arcoíris.

Las personas de los sectores sociales LGBTI víctimas del conflicto armado son sujetos de especial protección constitucional, y defienden espacios efectivos de participación, para que las políticas públicas garanticen el goce pleno de sus derechos humanos.

Como un espacio para reivindicar los derechos y dar a conocer las problemáticas asociadas a la vulneración de derechos de las Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex víctimas, nació en la entidad Reparando el Derecho a Ser: Semana Arco Iris del 28 de septiembre al 5 de Octubre. Barranquilla (Atlántico) fue la cuna de dos importantes eventos que centrarán nuestra atención, por un lado, el foro “Reflexiones sobre la atención y reparación integral a las personas víctimas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas”, dirigido a funcionarias y funcionarios de las seis direcciones territoriales del Caribe, los días 21 y 22, e impulsado en alianza con Caribe Afirmativo; y por el otro, el Encuentro de los 27 representantes departamentales por este enfoque ante las mesas de participación de víctimas. Ambos permitirán fortalecer tanto la participación e incidencia política, como la respuesta institucional desde el enfoque diferencial con vocación transformadora.

El respeto y garantía de derechos, una prioridad

Las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas sufren de muchas problemáticas en diferentes niveles como la discriminación en entornos sociales, familiares y laborales, y en el marco del conflicto sufren de la acción por parte de los actores armados cuyas intenciones son el aniquilamiento y la normalización: un ejemplo es la práctica sistemática de la “violación correctiva”, “para enseñarle a ser una mujer”, o “para que deje der ser marica”. Estos ataques cumplen una función “ejemplarizante”, lo que conlleva prácticas como cometer el delito frente a las parejas, o una vez ultrajadas, exponerlas ante los ojos de la comunidad.

También existe violencia institucional que, debido a los prejuicios tanto de funcionarios y funcionarias como de la sociedad en general, interpone barreras en las instituciones públicas donde el tabú es tan grande que no sólo incrementa el sub-registro sino también dificulta el acceso a los derechos de estas personas.

En algunos casos, la violencia institucional pasa porque la violación a los derechos humanos es cometida por agentes del Estado, según denuncian las víctimas.

Actualmente en el Registro Único de Víctimas existen 1.795 personas registradas dentro de este enfoque en un universo de 7.620.114 víctimas, lo que equivale a un 0.02%. Los hechos victimizantes más recurrentes son: desplazamiento forzado (73,3%); amenaza (14,2%); homicidio (5.33%); y violencia sexual (2,4%). Los departamentos donde se registra mayor declaración de los hechos son Antioquia (491), Bogotá (203), Bolívar (116), Córdoba (98) y Valle del Cauca (96).

La Unidad para las Víctimas, a través de la resolución 090 de 2015 determinó que quienes estén registrados con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (sectores sociales LGBTI) en el Registro Único de Víctimas, accederían de manera prioritaria a la asistencia y reparación integral. Hasta el 31 de julio se registran 1.028 personas con indemnización por vía administrativa (405 personas bisexuales, 224 gays, 125 lesbianas, y 274 personas trans), para un total de $6.505´783.683,34 millones de pesos entregados.

Reconocer los imaginarios de discriminación, reconstruir la memoria histórica, y garantizar la participación son el primer paso para la reparación

Desde el año pasado se estableció la alianza interinstitucional entre la Unidad para las Víctimas, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a propósito de la construcción del I Informe Nacional de Memoria Histórica sobre las afectaciones diferenciales de estos sujetos de especial protección constitucional, con el objetivo de facilitar el acceso a la ruta de atención y reparación integral de quienes participaron del proceso de memoria histórica.

En mayo de 2015 se llevaron jornadas en Bogotá, Medellín, Cartagena, y Pasto, en las que participaron 86 personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas víctimas del conflicto armado, de las cuales 20 eran mujeres trans y 4 hombres trans, a quienes se les facilitó su acceso a la ruta. 34 declararon ante Ministerio Público, 25 hicieron PAARI asistencia y/o reparación, 39 tramitaron autoreconcimiento en RUV como LGBTI, y se identificó a la Mesa Diversa de la Comuna 8 como posible sujeto de reparación colectiva. Otro avance importante es el fortalecimiento de los liderazgos de las y los representantes de los sectores sociales LGBTI en las mesas de participación de víctimas, a través de encuentros de capacitación, interlocución institucional y con organizaciones sociales, y construcción de propuestas.

En el periodo anterior 15 departamentos eligieron representante por este enfoque diferencial, cifra superada significativamente en el proceso actual, donde aumentaron a 27 representantes, de los cuales, tres llegaron a la Mesa Nacional; un hombre gay, una mujer lesbiana, y una mujer trans.

Los aportes al proceso de paz también han sido significativos. Nora Elisa Vélez, quien era una de las representantes de los sectores sociales LGBTI en la Mesa Nacional de Víctimas, viajó a la Habana y tuvo la oportunidad de poner sobre la mesa las afectaciones diferenciales y los retos que se tienen en la construcción de paz.