ANTIOQUIA › MEDELLÍN

Distintos integrantes de la Mesa de Victimas de La Guajira, coincidieron en solicitar a la Unidad, dar prioridad a temas sensibles como los retornos, las reparaciones colectivas y las ayudas humanitarias, especialmente en el sector rural, a instancias de la primera sesión virtual del “Gran diálogo con las víctimas en tiempos de Covid-19”.

Los delegados de la referida Mesa departamental, también formularon propuestas a los directivos de Unidad, relacionadas con modificaciones el actual modelo para estratificarlas y acceder a la oferta institucional; con darles prelación en posibles programas de vivienda, movilizar oferta institucional a todos los municipios del departamento y reconocer como sujetos colectivos a poblaciones indígenas y afros.

El director Ramón Rodríguez, se comprometió con las víctimas de La Guajira en fortalecer la oferta nacional y llevarla al departamento, hacer gestión con Minvivienda para solucionar ese tema y apoyar los adultos mayores que no son reconocidos para su indemnización.

La Ley de Víctimas fue prorrogada hasta agosto de 2031, reafirmó Lorena Mesa, subdirectora de la Unidad, tras señalar que en los municipios Pdet de La Guajira (Dibulla, Fonseca y San Juan), siguen fortaleciendo proyectos sugeridos por las víctimas sobre reparación colectiva, retornos y reubicaciones y atención sicosocial.

Según Aura Helena Acevedo, directora de Gestión Interinstitucional, siempre se insiste para que las víctimas sean tenidas en cuenta en todos los espacios de participación, en las capacitaciones de los talleres del DNP, así como en la construcción de los planes de Desarrollo y los Planes de Acción territoriales.

Para Acevedo, este diálogo con las víctimas es un ejercicio importante para ellas y la Unidad queda atenta y pendiente de todos sus requerimientos.

A juicio de Héctor Gabriel Camelo, director de Gestión Humanitaria, el conversatorio permitió a las víctimas transmitir la percepción directa de los inconvenientes existentes. “Estos escenarios solo permiten estrategias para superar obstáculos de información y lograr eficacia en atención y asistencia humanitaria”, anotó.

Camelo dijo que la inversión de su oficina se dirige a mejorar canales, atención y orientación de las personas afectadas por el conflicto. “Nosotros respecto de la pandemia desde el primer día de aislamiento y confinamiento, decidimos generar ayuda articulada para las víctimas y atención más amplia. “Hasta hoy hemos entregado $ 2.500 millones de atención humanitaria”, subrayó.

Inversión y recursos

Enrique Ardila, director de Reparación, reiteró ante las víctimas de La Guajira que en el país se han hecho durante el 2020, 72.000 indemnizaciones; que no puede focalizar regionalmente los dineros para ese rubro y que este año es cuando más recursos se han asignado (un billón de pesos).

Emilio Hernández, director de Registro de la Unidad, explicó su trabajo para administrar el Registro Único de Víctimas, la recepción y valoración de las declaraciones, las valoramos y las actualizaciones por solicitud de los sobrevivientes. Hernández se comprometió a solucionar temas de víctimas vivas que aparecen como fallecidas en el Registro y otras, a quienes se les asignan subsidios e ingresos inexistentes.

Luz Patricia Correa, directora de Asuntos Étnicos de la Unidad, precisó que el 15% por ciento de todas las víctimas del país son raizales, indígenas, palenqueras, afros, y rrom, quienes tienen unos derechos y unos escenarios exclusivos por proteger, preservar, y muchos casos recuperar.

“Como lo tienen ustedes con el pueblo wayuu, toda mi solidaridad con La Guajira”, recalcó Correa, tras indicar que en el corto plazo y dependiendo la crisis sanitaria, se lanzará el proyecto “Medios de vida”, con la comunidad wiwa, para garantizar su permanencia física y cultural. “En Barrancas trabajaremos con los indígenas wayú y kogui en reparación”, subrayó

De acuerdo con Víctor Mosquera, director territorial de Cesar- La Guajira de la Unidad para las Víctimas, durante el “Gran Diálogo con las víctimas en tiempos de Covid-19”, debe aprovecharse como los espacios constructivos para avanzar mucho más en la consolidación de la política pública de víctimas.