La Unidad para las Víctimas facilita las relaciones estratégicas con las entidades del orden nacional, departamental y municipal, con el objetivo de garantizar la ejecución adecuada de la Política Pública de Víctimas y articular los niveles del Gobierno con el fin de lograr el fortalecimiento institucional en materia de prevención, atención, asistencia y reparación a las víctimas.
En cumplimiento de las responsabilidades que confiere el artículo 172 de la Ley 1448 de 2011 en relación con el diseño de una estrategia de articulación de oferta pública en línea con los principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y que incluya las condiciones diferenciales de las entidades territoriales en aspectos administrativos, presupuestales y de necesidades de la población víctima, la Unidad para las Víctimas lideró la construcción del Decreto 2460 de 2015, a través del cual se reglamenta parcialmente el artículo mencionado y se adopta la Estrategia de Corresponsabilidad.
Este avance normativo establece los procesos para garantizar la coordinación de acciones y recursos de las entidades públicas nacionales y territoriales a través de la aplicación de los principios de concurrencia y subsidiariedad.
A partir de los programas, metas y recursos incluidos en el Plan de Desarrollo Territorial y en armonía con los demás instrumentos de planeación y presupuesto, las entidades territoriales formulan el Plan de Acción Territorial para el cuatrienio, garantizando la apropiación de recursos y la destinación a programas o proyectos que contribuyan a la superación de la situación de vulnerabilidad de la población víctima, así como al goce efectivo de los derechos de esta.
Por primera vez desde la expedición de la Ley de Víctimas, para la vigencia 2020-2023 se adelantó un ejercicio de análisis de la incorporación efectiva de la Política Pública de Víctimas en 1.003 Planes de Desarrollo Territoriales.
Como parte del proceso de mejora continua, la Unidad para las Víctimas incorpora las lecciones aprendidas desde la promulgación de este decreto en la Estrategia de Nuevos Mandatarios y Cierre de Gobiernos. Estrategia enfocada en la incorporación efectiva de la Política Pública de Víctimas en los programas de gobierno de los mandatarios entrantes, así como en brindar apoyo técnico para la elaboración de los informes de gestión de las administraciones salientes.
Desde la implementación de la Ley 1448 del 2011, por primera vez se pudieron identificar que 1.126 entidades territoriales formularon su Plan de Acción territorial, en donde se establecieron 35.576 programas definidos por las entidades territoriales para prevenir, proteger, atender, asistir y reparar a las víctimas de la violencia en los territorios.
Es importante resaltar que estos ejercicios están vinculados con la Certificación Territorial, la cual fue ajustada en dos vías: por un lado, desde el inicio de las administraciones se cuenta con los criterios que serán evaluados en el cuatrienio; de otro, los resultados de esta medición se entregan en la misma vigencia fiscal.
En este proceso, la Unidad ha certificado 1.133 entidades al año en promedio.
Uno de los avances más significativos en estos 10 años de implementación de la Ley es el reconocimiento de las víctimas en el exterior, su vinculación a los procesos de participación y dignificación a partir de la comprensión de las dimensiones del conflicto más allá de las fronteras y de las afectaciones asociadas a la migración forzada.
El reconocimiento por parte del Estado colombiano de la emigración forzada como consecuencia directa del conflicto es un primer paso para la reconstrucción de confianza. Esto ha sido posible gracias a un diálogo permanente con la comunidad colombiana en el exterior, para identificar sus necesidades y expectativas frente a la reparación integral.
El Decreto 1084 de 2015 brinda la posibilidad de presentar la solicitud de inclusión ante el Registro Único de Víctimas (RUV) en el exterior y permite que los consulados puedan tomar la declaración. Existe, por lo tanto, un procedimiento claro entre la Cancillería y la Unidad para las Víctimas con el fin de garantizar el acceso al RUV.
Para asegurar este proceso, la Unidad para las Víctimas capacita permanentemente a todos los consulados de Colombia en el manejo de la herramienta en línea para la toma de declaración, lo cual ha permitido que en el RUV estén registradas cerca de 26 mil víctimas en el exterior que residen en más de 40 países.
Con el fin de orientar sobre el alcance de la Política Pública de Víctimas en el exterior, la Unidad para las Víctimas se ha vinculado a las ferias de servicios para colombianos organizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y ha desarrollado jornadas presenciales y virtuales de atención en más de 10 países. También ha fortalecido esta comunicación con campañas de difusión y piezas audiovisuales con información relevante.
En estos 10 años se han fortalecido los canales de atención no presencial, con el fin de que las víctimas en el exterior incluidas en el RUV puedan adelantar sus trámites ante la entidad de manera directa. También se cuenta con un espacio destinado a publicar información relevante a las víctimas en el exterior en la página web.
Por su parte, la labor de la Cancillería se ha ido fortaleciendo en cuanto a su capacidad técnica instalada para la atención a las víctimas en el exterior. Las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR) han involucrado en su accionar a las víctimas en el exterior, esto al gestionar la participación activa de esta comunidad en la construcción de memoria y justicia.
El diálogo permanente que se ha venido afianzando con víctimas no organizadas y Organizaciones de Víctimas en el exterior ha permitido tender un puente para promover la participación de las víctimas en la búsqueda de soluciones para una implementación efectiva de la política en favor de sus derechos.
Como respuesta a la necesidad de fortalecer la participación de las víctimas en el exterior en la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas (MNPEV), la Unidad para las Víctimas adelantó un ajuste al Protocolo de Participación con la expedición de la Resolución 1281 de 2016.
En dicha resolución quedaron definidos dos cupos para las víctimas en el exterior, los cuales, con base en un proceso de elección establecido, han estado en cabeza de delegados de Venezuela y Ecuador (2017) y de Venezuela y España (2019). Uno de los avances en este aspecto es que han crecido los procesos organizativos de las víctimas en los distintos territorios donde se encuentran. Entre los dos periodos en los que se han llevado a cabo las elecciones, ha habido un aumento tanto de las organizaciones de víctimas registradas, como del número de países desde los que participan, pasando de 186 organizaciones de 18 países en 2017 a 329 organizaciones de 20 países en 2019.
En 2017 el Gobierno Nacional, junto con organizaciones no gubernamentales, convocó a las víctimas en el exterior a Quito, Ecuador. Allí se puso en marcha el Proceso Amplio de Participación, uno de los componentes enmarcados en el Acuerdo final. Otros espacios de participación convocados por la Unidad para las Víctimas y el Consejo Noruego para Refugiados incluyen el Taller de fortalecimiento de organizaciones de víctimas en Europa, celebrado en 2018 en Barcelona, España; el Taller de fortalecimiento de Organizaciones de Víctimas en Estados Unidos y Canadá, que se llevó a cabo el mismo año en Newark, New Jersey; y el Encuentro de víctimas en el exterior para el fortalecimiento de la participación y la incidencia en la Política Pública celebrado en 2018 en Lima, Perú.
Con el ánimo de fortalecer la Política Pública de Víctimas a partir de evidencia, durante los años 2017 a 2020 se adelantó un proceso de caracterización de la población en convenio con el Consejo Noruego para Refugiados. Esta caracterización, que recogió cerca de 2.600 entrevistas, permitió orientar los esfuerzos de la Política Pública a partir de las necesidades y afectaciones particulares de esta población.
Gracias a un trabajo permanente con organismos de cooperación internacional y organizaciones no gubernamentales en los países de acogida, ha sido posible unificar esfuerzos para implementar proyectos conducentes al fortalecimiento organizativo de víctimas en el exterior y a la integración local en estos países.
De la misma forma que se reconocen los esfuerzos adelantados por el Estado, también se reconocen los grandes retos que existen para consolidar una reparación integral a las víctimas en el exterior. En este sentido, la Unidad para las Víctimas seguirá en su compromiso de activar y fortalecer mecanismos de la Política Pública para la satisfacción de los derechos de las víctimas en el exterior.
La definición de los criterios de certificación se realizó por primera vez con la participación de las víctimas, esto se llevó a cabo con el Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional, los coordinadores de las Mesas Departamentales y Distrital, los delegados de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas y los diferentes subcomités técnicos, como también con representantes de la Unidad para las Víctimas y de la Unidad de Restitución de Tierras.
Respecto a las herramientas y en el marco de la racionalización de estas, después de un ejercicio de análisis en términos de utilidad y flexibilidad, en 2020 se deshabilita el Tablero PAT, dando paso al módulo de planeación en la plataforma de aplicaciones VIVANTO. La innovación de este módulo radica en la armonización efectiva de los tiempos de gestión pública con los de planeación territorial, de manera que se sistematiza, por primera vez, el Plan de Acción Territorial del cuatrienio, facilitando la anualización en cada vigencia fiscal.
Finalmente, es importante resaltar que la Unidad para las Víctimas está comprometida con el fortalecimiento de las entidades territoriales a través del acompañamiento conceptual y técnico para la implementación de las estrategias diseñadas.
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Oficina Asesora de Comunicaciones, Bogotá 10 junio de 2021