Desde mediados del año 2021, la ciudad de Bogotá fue testigo de un movimiento masivo de indígenas que se asentaron en el Parque Nacional. Casi 500 emberá provenientes del Resguardo del Alto Andágueda llegaron decididos a exigir y reclamar las promesas incumplidas de varios gobiernos: vivienda, salud, energía y agua potable; todas ellas condiciones mínimas para una vida digna. Fueron siete meses a la intemperie alejados de su territorio y de sus costumbres culturales.
Desde ahí, inicio una etapa de negociaciones entre autoridades locales y lideres indígenas, se acordaron albergues temporales para mitigar su estado de vulnerabilidad, se gestionaron algunos retornos fallidos, pero no ha sido suficiente. Estas comunidades han reclamado garantías eficaces para sus retornos seguros y definitivos y es, precisamente en eso, en que el Estado ha fallado.
A los indígenas les duele abandonar su territorio, llevan en su sangre un arraigo profundo por la ´madre tierra´, pero se desplazan porque, según dicen “no hay condiciones para nuestras mujeres y niños”. El desespero los ha llevado a bloquear carreteras, a organizar marchas y a enfrentarse con la Fuerza Pública. Ninguna vía de hecho es justificable, pero hay que analizar sus causas.
La problemática de las comunidades indígenas es un tema estructural atado al conflicto armado en sus territorios que requiere soluciones acordes a sus culturas y a sus modelos de gobierno propio.
En la historia de desplazamiento de estas comunidades, se han realizado 12 procesos de retornos. Ninguno de ellos ha sido exitoso.
Para los bogotanos que recorren a diario la ciudad y también para los transeúntes de ciudades como Cali, Medellín o Pereira, resulta incomoda la presencia de los indígenas porque en las urbes se desconocen las causas reales de su éxodo.
Pero, detrás de la situación de mendicidad en la que vemos a los indígenas en las ciudades, hay comunidades organizadas, autónomas y orgullosas de su dignidad y de su capacidad para resistir. Los que han salido de sus territorios reclaman garantías para un retorno seguro y definitivo. Otros no quieren regresar y habrá que tomar medidas para su permanencia en las ciudades.
Desde este pasado mes de agosto, la Unidad para las Víctimas entró en una etapa de reorganización y planeación en la que empeña su compromiso con las comunidades víctimas del conflicto armado. Como parte de su plan de acción para estos próximos cuatro años traza una ruta para “adelantar acciones integrales de prevención, atención, asistencia humanitaria, retornos, reubicaciones sostenibles y reparación transformadora de las víctimas individuales y colectivas, con enfoque territorial, diferencial y de centralidad en las víctimas, disminuyendo los rezagos históricos, promoviendo su fortalecimiento comunitario, estabilidad socioeconómica y autonomía, para el acceso efectivo y pleno de sus derechos y la reconstrucción de sus proyectos de vida”.
En este especial, la Unidad quiere acercar las miradas a una realidad desconocida, que hace parte de esa Colombia rural lejana para muchos.
Alrededor del Río Andágueda viven más de 9.000 indígenas del pueblo embera katío del Resguardo Tahami, ubicado a pocos kilómetros del municipio de Bagadó (Chocó), que han sufrido todo tipo de violencias: presencia de grupos armados, disputa por minería, explotación e imposibilidad de acceder a bienes y servicios básicos por causa de la ausencia del Estado.
Esta situación ha generado el desplazamiento de más de 2.000 emberas pertenecientes a las 37 comunidades que conforman el Resguardo. La mayoría se han asentado en Bogotá, Medellín, Cali y Pereira, ciudades en las que cientos se encuentran actualmente en condición de mendicidad, en especial mujeres, niñas y niños.
A pesar de esto, la comunidad ha resistido con una fuerza impresionante; ni la violencia, ni la estigmatización, ni la poca atención estatal les ha arrebatado su fortaleza, valor y dignidad.
“Esta población sufre de falta de vías terciarias, garantías de vivienda y desarrollo rural. Sufre para acceder a servicios básicos como agua potable y saneamiento, sufre de voluntad política. Esa es la reparación integral de facto e histórica que cualquier víctima del conflicto espera, si no se logra, no serán posibles unos retornos dignos y se seguirá repitiendo la misma situación”, directora de la Unidad, Patricia Tobón Yagarí.
Desde el pasado mes de agosto, la Unidad para las Víctimas asumió el compromiso de cumplir y disminuir los rezagos en la reparación y atención a las víctimas. En un primer paso, la entidad lideró durante cuatro días una acción nunca antes implementada: la coordinación y la llegada al Alto Andágueda de representantes de distintas entidades del orden nacional y territorial, con el fin de desarrollar una metodología que permitiera la escucha de las comunidades y el reconocimiento de su realidad.
En el marco de esta intervención se organizó una asamblea los días 12 y 13 de noviembre con las autoridades indígenas y representantes de entidades como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Unidad Nacional de Protección, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Alcaldía de Bagadó. El propósito de este espacio fue concretar las acciones a seguir para avanzar en una reparación integral y, de esta forma, garantizar el retorno y la permanencia en el territorio de quienes han sido despojados por cuenta de la violencia causada por el conflicto armado.
La Unidad llegó hasta la comunidad de Aguasal y allí nos recibieron cientos de hombres, mujeres, niños y niñas que ondeaban banderines blancos y sostenían carteles en los que pedían: amor, solidaridad, respeto y paz. En medio de esto, varios miembros de la comunidad hicieron presentaciones artísticas cargadas de bailes y cantos ancestrales.
La directora de la Unidad, Patricia Tobón Yagarí, reconoció en ellos su dignidad y resistencia a pesar de las graves afectaciones que les ha dejado esta situación de mendicidad y violencia por causa del conflicto armado. “Esta es una oportunidad única", manifestó tras afirmar que este primer ejercicio de concertación es una muestra de que se puede dialogar y trabajar conjuntamente para lograr una verdadera transformación del territorio.
“Nosotros reconocemos el trabajo que tienen las comunidades embera; les respetamos y por esa razón estamos aquí. Nos importan sus vidas. Este es un comienzo importante para reconocer esa Colombia diversa en la que también estamos los indígenas. Estamos para hacer un país mejor y distinto”.
Fueron más de 350 miembros de diferentes cabildos los que llegaron hasta la Institución Educativa Indígena Luis Enrique Arce para darle paso al ejercicio de concertación con los funcionarios de la Unidad y los demás representantes de las entidades del orden nacional y territorial.
Este espacio fue histórico: permitió a los representantes de las entidades reconocer las problemáticas que se viven en ese territorio. La jornada se dividió en diferentes mesas de trabajo para hablar sobre gobierno propio, territorio, habitabilidad, mujer, género y generación, retornos y productividad.
En la mesa del gobierno propio las autoridades indígenas y los representantes de las entidades dialogaron sobre las causas de la extrema situación de vulnerabilidad en la que viven los miembros de esta comunidad. La principal razón: el conflicto armado, la presencia de grupos ilegales y las amenazas, intimidaciones y atentados contra la vida e integridad de los miembros de esta población.
Además, se habló de las diferentes acciones que se necesitan para fortalecer la forma de vida del pueblo embera katío del Alto Andágueda. Entre ellas: capacitación para la construcción de vivienda, adecuación de las casas, mejoramiento y construcción de la placa huella para la infraestructura vial, saneamiento básico y el ordenamiento cultural, social y poblacional del territorio.
“No vamos a aceptar un retorno si no tenemos dónde vivir. Porque esa es la garantía que necesitamos. Ustedes cuentan con estas manos de trabajo y también con el pensamiento y las garantías de la Guardia Indígena para trabajar”, líder indígena.
Un espacio de la asamblea estuvo dedicado específicamente a tratar el tema de las niñas, adolescentes y mujeres que hacen parte del Resguardo. En ese espacio tuvieron la posibilidad de hablar sobre lo que viven, sienten y piensan para la búsqueda de soluciones.
Allí se habló sobre las muertes maternas por la edad temprana de embarazo, maltrato intrafamiliar, falta de educación sexual, poca participación en espacios de gobierno y exigencias de libertad, respeto y goce efectivo de sus derechos.
“Yo, como mujer, hago un llamado a que respeten nuestros derechos. Queremos libertad e igualdad social”, mujer indígena.
En las mesas se expusieron los acuerdos referidos a los retornos de los miembros de la comunidad embera que se han asentado en ciudades como Bogotá, así como la propuesta de formulación de proyectos para las comunidades retornadas y el compromiso por parte de autoridades nacionales, departamentales y municipales.
En este punto se acordó cumplir con los acuerdos establecidos desde el 2012, que han sido incumplidos hasta el momento por falta de voluntad política. Además, se habló sobre superar las pocas garantías de seguridad para trabajar y vivir en dignidad en el territorio, lo que ha hecho que históricamente las comunidades se vayan del Resguardo.
Fueron más de 40 los acuerdos que se establecieron en la asamblea. La Unidad para las Víctimas se comprometió, principalmente, a garantizar la ruta para la atención a estas comunidades y garantizar los retornos dignos y voluntarios.
“La Unidad se comprometió a apoyar la atención humanitaria para estas comunidades y liderar un proceso de concertación entre las entidades del Estado para restablecer los derechos de esta población”, Patricia Tobón Yagarí.
• La construcción conjunta de una ruta de atención para niños, niñas y adolescentes del Resguardo en situación de mendicidad y el establecimiento de un lugar físico para el restablecimiento de sus derechos.
• El desarrollo de un modelo de atención diferencial e intercultural de atención en salud para la comunidad en condición de desplazamiento.
• La realización de una campaña de prevención de infecciones de transmisión sexual para la comunidad habitante y en condición de desplazamiento.
• La construcción de un puesto de salud en cada una de las zonas del Resguardo.
• La creación de una escuela de formación para la Guardia Indígena por cada una de las zonas del Resguardo.
• Asistencia y acompañamiento técnico para la construcción y adecuación de vivienda en el territorio.
• Actualización del censo y diagnóstico poblacional con una caracterización económica y social de cada uno de los miembros de la comunidad.
• Apoyo para la gestión en la construcción de las placas huellas en la vía de acceso a la comunidad embera del Alto Andágueda.
• Entrega de materia prima e insumos para la elaboración de ropa, previo censo, a las mujeres de las 37 comunidades del Resguardo.
• Formulación y gestión de un proyecto para el fortalecimiento de producción y comercialización de las artesanías elaboradas por las mujeres.
• Realización de capacitaciones en educación sexual y reproductiva a los miembros del Resguardo.
2012-2019
Seis retornos de la comunidades embera chamí y embera katío entre 2012 y 2019.
En 2012 retornaron 129 familias, conformadas por 614 personas de la comunidad embera chamí desde Bogotá a los municipios de Pueblo Rico y Mistrató en Risaralda.
En 2013, retornaron 76 familias embera katío, 351 personas desde Bogotá a los municipios de Bagadó (Chocó) y Pueblo Rico (Risaralda).
En 2015, se acompañó el retorno de 42 familias embera chamí conformadas por 202 personas desde Cali hacia Bagadó (Chocó) y Pueblo Rico (Risaralda).
En 2016, comunidades embera katío asentadas en Medellín retornaron a Bagadó (Chocó) con un total de 61 familias retornadas conformadas por 240 personas.
En 2018, 182 familias de las comunidades embera chamí y embera katío conformadas por 719 personas retornaron desde Pereira, Quibdó, Ibagué y Bogotá hacia el municipio de Bagadó (Chocó).
En 2019, desde Ibagué y Bogotá retornaron 15 familias de la comunidad embera chamí hacia Pueblo Rico (Risaralda).
En total, durante el periodo de 2012 a 2019 retornaron 2.201 personas de 505 familias embera chamí y embera katío hacia sus comunidades de origen.
2021-2022
Se realizaron 5 retornos de 512 familias conformadas por 1.638 personas. 277 hacia Pueblo Rico (Risaralda), 25 a Mistrató (Risaralda) y 248 a Bagadó (Chocó).
En la fase 1, llevada a cabo el 1 de diciembre de 2021, se dio el retorno de 117 familias conformas por 446 personas, 111 familias hacia Pueblo Rico (Risaralda) y 6 a Mistrató (Risaralda).
En la fase 2, el 20 de diciembre de 2021, 126 familias que representan 407 personas retornaron; 93 familias hacia Pueblo Rico (Risaralda), 3 a Mistrató (Risaralda) y 30 a Bagadó (Chocó).
Durante la fase 3, realizada el 1 de marzo de 2022, 112 familias conformadas por 329 personas retornaron, 9 a Pueblo Rico (Risaralda), 9 a Mistrató (Risaralda) y 95 a Bagadó (Chocó).
En la fase 4, el 9 de junio de 2022 se dio el retorno de 64 familias para un total de 181 personas, de las cuales 38 retornaron a Pueblo Rico (Risaralda), 7 a Mistrató (Risaralda), 56 a Bagadó (Chocó) y 1 familia retornó a Él Carmen de Atrato.
Finalmente, para la quinta fase, el 27 de julio de 2022, retornaron 93 familias conformadas por 275 personas, 26 hacia Pueblo Rico (Risaralda) y 67 a Bagadó (Chocó).
