Chamí
*Las y los Emberá se dividen en diferentes grupos según su entorno, como Dobida en las riberas de los ríos; Pusábida en las costas marítimas; Oíbida en los bosques andinos; Eyábida en las zonas deforestadas, y Chamí en la cordillera. Algunas comunidades Chamí se han vuelto sedentarias, cultivando en parcelas familiares debido a la absorción de sus territorios por haciendas cafeteras.
**El pueblo Tucano se ubica en la región del río Vaupés, en los límites con Guainía y Vichada, y los ríos Papurí y Paca en el límite con Brasil. También se encuentran en las cabeceras de los ríos Unilla y Utía, y en Pacoa, departamento de Vaupés. En Guaviare también se pueden encontrar comunidades Tucano, los principales asentamientos incluyen Monfort, Acaricuara y Piracuara. Existe una importante población Tucano en Mitú y el barrio 20 de Julio en San José del Guaviare.
El desplazamiento Emberá Chamí hacia las selvas del Guaviare no solo implicó un cambio geográfico, sino también un choque cultural y social, al integrarse en una región caracterizada por su diversidad étnica.
*Fariña o mañoco: es una harina gruesa que se obtiene de la raíz de la yuca brava. Es un alimento tradicional de las comunidades indígenas de la Amazonia en Colombia, Venezuela y Brasil. Es dura y rompe muelas; si no se echa en agua o en la sopa, puede ahogar.
En la integración de los Emberá Chamí en el resguardo de Itilla destacó la complejidad de la convivencia intercultural. Las diferencias en prácticas alimentarias y modos de vida reflejan la rica diversidad de las costumbres indígenas, subrayando la necesidad de construir puentes de comprensión y respeto entre las distintas comunidades, incluidas las de colonos y el campesinado.
*El Decreto Ley 4633 de 2011 define como víctimas a los pueblos y comunidades indígenas, así como a sus integrantes, que hayan sufrido daños como consecuencia de violaciones graves y manifiestas de normas internacionales de derechos humanos. El decreto busca implementar un enfoque diferencial para atender a las víctimas del conflicto armado con pertenencia étnica. La Unidad para las Víctimas está adelantando las consultas previas para implementar el decreto que durante 13 años ha sido una deuda institucional.
La experiencia de las y los Emberá Chamí en el resguardo de Itilla pone de relieve la brecha entre las promesas institucionales y la realidad vivida por las comunidades indígenas desplazadas. Este caso subraya la necesidad urgente de una supervisión y seguimiento efectivo por parte del Estado para garantizar la protección y el bienestar de las víctimas pertenecientes a comunidades indígenas, evitando así que sean doblemente victimizadas.
— Nos miramos en una fiesta, y nos fuimos conociendo y de a poco nos gustamos, dice él.
— Nos enamoramos, a pesar de nuestras diferencias —dice ella, y apunta—: pero yo no he aprendido nada de él porque no he vivido con su familia; él sí, porque vive con nosotros y aprende algunas palabras y de nuestra comida.
El amor siempre está presente. Así es como los pueblos se fundan. Los blancos se enamoraron de indígenas, de negras, de mestizas, de zambas y de mulatas después de violarlas y matar a sus parientes.
*En Colombia existen aproximadamente 68 lenguas nativas habladas por cerca de 850.000 personas cuya lengua materna no es el español. Estas lenguas están constitucionalmente reconocidas en sus territorios como lenguas oficiales.
En medio del desplazamiento y las diferencias culturales, el amor actúa como un tejido que une a las comunidades, creando nuevas familias y reforzando lazos entre pueblos diversos. La historia de Pablo César y Angie Vanessa no solo es un testimonio de la resiliencia humana, sino también un símbolo poderoso de cómo el amor puede superar barreras lingüísticas y culturales, ofreciendo esperanza en tiempos de adversidad.
“Ya vamos para cuatro años este municipio. La verdad, ha sido muy duro para nosotros. Llegamos acá con nuestras cosas, con el coroteo. No podíamos dejar nuestras cobijas y ropita porque no había en qué dormir. Al principio, arrendamos una casa y estuvimos pagando el alquiler durante cuatro meses. Mucha gente nos decía: “Si son población indígena, vayan a tocar la puerta de la alcaldía”. Pero nosotros no conocíamos ni al alcalde ni a la personería*. Durante unos meses, sobrevivimos vendiendo nuestras artesanías y pagando el alquiler”, explica uno de los líderes.
La experiencia de las y los indígenas Emberá Chamí en Calamar, tras salir del resguardo, evidencia las dificultades y desafíos a los que se enfrentan en su proceso de adaptación y supervivencia en un nuevo entorno. Su relato refleja la importancia de la comunidad y la solidaridad, así como la necesidad de apoyo y reconocimiento por parte de las instituciones estatales.
Las interacciones de las comunidades Emberá Chamí con las autoridades locales muestran un intento de integración y comunicación para establecerse en su nuevo entorno. Sin embargo, también revelan las barreras y desafíos que enfrentan, como la falta de conocimiento sobre los procedimientos administrativos y la necesidad de adaptarse a nuevas formas de vida y de sustento.
*Los Emberá se dividen en diferentes grupos según su entorno, como Dobida en las riberas de los ríos, Pusábida en las costas marítimas, Oíbida en los bosques andinos, Eyábida en las zonas deforestadas y Chamí en la cordillera. Algunas comunidades Chamí se han vuelto sedentarias, cultivando en parcelas familiares debido a la absorción de sus territorios por haciendas cafeteras.
*La acción de tutela es un mecanismo de protección consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991. Este mecanismo permite a cualquier persona reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos se encuentren amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad o de particulares.
La acción de tutela y el fallo judicial que siguieron ponen de relieve diversas formas de violencia que afectan a la comunidad Emberá Chamí: violencia estructural e institucional, material y social, cultural y emocional.
Unidad para las Víctimas: realizó una caracterización de los Emberá Chamí asentados en Calamar para facilitar la provisión de alojamiento temporal con acceso a servicios públicos. También se coordina con otras entidades el apoyo que requiere la comunidad en su reubicación.
Alcaldía de Calamar: ha brindado la asistencia necesaria a la comunidad desde su asentamiento, incluyendo materiales para la construcción de refugios provisionales. Sin embargo, señaló que la comunidad no estaba organizada legalmente, lo que ha complicado la provisión de tierras en comodato o concesión.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: afirma que no hubo violación de derechos fundamentales por su parte, ya que la comunidad no había solicitado su asistencia. Sin embargo, expresó su disposición a apoyar acciones coordinadas por la Unidad para las Víctimas.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): el tribunal exhortó al ICBF a velar por la protección y apoyo de las y los niños de la comunidad, de acuerdo con sus competencias.
Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA): señaló que el accionante no se ha postulado en ninguna convocatoria dirigida a la población desplazada, requisito básico para aspirar a un subsidio familiar. Solicitó declarar improcedente la acción de tutela respecto a la entidad y su desvinculación.
Unidad de Restitución de Tierras: adujo la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, argumentando que las actuaciones descritas no son de su competencia. Señaló que no se evidencia petición por parte del tutelante en su base de PQRS.
Fiscalía 9 Seccional: informó que no se halló ninguna anotación o denuncia donde el accionante sea parte y pidió su desvinculación del proceso.
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA): contestó que varios integrantes de la comunidad han recibido formación académica por parte de la entidad, cumpliendo así con su misión institucional. Solicitó su desvinculación del proceso.
Ministerio del Interior, Alcaldía Municipal de Bolívar (Valle del Cauca), Capitán o Gobernador del Resguardo Indígena Itilla, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Calamar, Guaviare y Hospital de San José del Guaviare: fueron notificados y guardaron silencio.
Personería de Calamar: afirmó que tuvo conocimiento de la problemática desde el primer momento y realizó diferentes visitas al asentamiento indígena en el sector Pozo Azul, en conjunto con la Procuraduría Regional de Guaviare, determinando las precarias condiciones en las que habita la comunidad.
Las respuestas institucionales ante la acción de tutela presentada muestran la complejidad y diversidad de enfoques por parte de las entidades gubernamentales. Mientras algunas entidades han brindado asistencia y apoyo, otras argumentaron que no habían violado derechos fundamentales al no recibir solicitud de asistencia. La respuesta de la Unidad para las Víctimas destaca la importancia de la coordinación entre entidades para apoyar a la comunidad.
El director territorial para el Meta y los Llanos Orientales, Andrés Dhujiah Aguilar, informó que desde el año 2020, la Unidad para las Víctimas ha estado brindando acompañamiento a esta comunidad, ofreciendo asistencia humanitaria a través de transferencias monetarias a las familias en situación de vulnerabilidad y registradas como víctimas. Estas transferencias se basan en las necesidades de alimentación y vivienda de cada familia.
Además de la asistencia humanitaria, la Unidad para las Víctimas, como coordinadora del Sistema Nacional para la Atención y Reparación a las Víctimas (SNARIV), está trabajando en conjunto con las instituciones a nivel nacional y territorial para encontrar soluciones duraderas a la situación de desplazamiento de estas familias.
Recientemente, el 30 de mayo, se realizó una reunión de diálogo en la que participaron la comunidad, el municipio y la Agencia Nacional de Tierras. En esta reunión, se exploró la posibilidad de que la agencia focalice a la comunidad Emberá Chamí para la entrega de predios y tierras donde puedan reubicarse. Por último, la Unidad para las Víctimas apoya actualmente su fortalecimiento comunitario, con miras a consolidar en apoyo a la Alcaldía del municipio donde sean reubicados, un Plan de Reubicación*.
*El Plan de Retorno y Reubicación es una guía para identificar y documentar las necesidades de las poblaciones reubicadas o retornadas. Este plan contiene las acciones y actividades a desarrollar para garantizar el acceso a las medidas de atención prioritaria.
A través de acciones concretas, la Unidad para las víctimas implementa un enfoque integral para la prevención, atención, asistencia humanitaria, retornos, reubicaciones sostenibles y reparación transformadora de las víctimas individuales y colectivas, con enfoque territorial, diferencial y de centralidad en las víctimas, disminuyendo los rezagos históricos promoviendo su fortalecimiento comunitario, estabilidad socioeconómica y autonomía, para lograr el acceso efectivo y pleno de sus derechos y la reconstrucción de sus proyectos de vida.
La comunidad deberá renunciar a su comunidad originaria del Valle del Cauca y establecer un nuevo cabildo con autoridades y reglamentos propios, como uno entre otros requisitos para su reubicación, formalizando un documento requerido por el Ministerio del Interior.
Como parte del fortalecimiento comunitario, el 30 de mayo de 2024 se acordó ante la Personería municipal, que compulsará copias a la Defensoría, que la comunidad Emberá Chamí asentada en Calamar realice una asamblea los días 14 y 15 de junio para definir la creación de una nueva organización indígena y entregar un padrón censal de la población víctima para avanzar en el proceso de solicitar la asignación de tierras. Además, la Unidad para las Víctimas se comprometió a brindar apoyo y seguimiento al proceso de solicitud de adjudicación de tierras y acompañar al ente municipal al que estén adscritos los predios en la definición de plan de reubicación.