Una vez conocida la situación de emergencia ocurrida los días 21 y 25 de marzo de este año en nueve veredas del municipio Puerto Libertador, Córdoba, y una del municipio de Ituango, Antioquia. La Unidad para las Víctimas comenzó el proceso de verificación y ampliación de la información y ha participado en los escenarios de coordinación para la atención y asistencia de las personas afectadas por este hecho.
El 21 de marzo 121 familias (368 personas), según datos de la Personería, la Defensoría y la Alcaldía municipal, tuvieron que salir de las veredas Santa Rosa, de Puerto Libertador y La Flecha, de Ituango, por amenazas de un grupo armado ilegal, y llegaron al casco urbano de Puerto Libertador.
El 25 del mismo mes, salieron 609 familias (1738 personas), entre ellas indígenas zenú y embera katios, desde las veredas Riosucio, Rogero, Santa Bárbara, Jagua, Mutatá, Soledad, Tres Playitas y La Ilusión arribando también al casco urbano de esa municipalidad.
Desde entonces, la Unidad para las Víctimas ha realizado diversas acciones para atender la emergencia humanitaria. Los días 22, 29 y 30 de marzo, la Entidad participó en Comités de Justicia Transicional donde fueron analizadas las circunstancias y se activaron las rutas de atención a las víctimas.
La Unidad solicitó al Ente Territorial la activación inmediata del Plan de Contingencia, teniendo en cuenta los componentes de la atención: registro, alojamiento, alimentación, salud y saneamiento básico, educación y buen uso del tiempo libre. También, lideró el 01 de abril una mesa de trabajo, con la Gobernación de Córdoba, la Alcaldía de Puerto Libertador y los miembros del equipo local de coordinación, para avanzar en el acoplamiento de las intervenciones.
Acciones humanitarias
En el marco de apoyo subsidiario a los entes territoriales, la Unidad para las Víctimas a la fecha ha invertido $340.979.310 para la atención a la población afectada.
El 8 de abril entregó un kit de alistamiento para albergue al municipio de Puerto Libertador, y el 15 del mismo mes, entregó 730 kits de alimentos en el corregimiento Juan José para las familias de las comunidades de Santa Rosa, Flecha, Jagua, Bocas de Río Sucio, Ilusión, Santa Bárbara y las familias indígenas embera y zenú, en cumplimiento a la solicitud adelantada por la Gobernación de Córdoba.
La Unidad también entregó 350 kits de hábitat compuestos por sábanas, toldillos, cobijas, colchonetas, toallas, vajillas y kits de cocina.
En materia de alojamiento de las familias se ubicó en varios puntos del centro poblado del corregimiento Juan José, entre los que se encuentran casas comunales, la iglesia y territorios de comunidades indígenas, desde allí, la administración municipal de Puerto Libertador, la Unidad para las Víctimas el Programa Mundial de Alimentos y otras organizaciones mantuvieron un cronograma para la entrega de alimentos.
Para la atención en el componente de salud y saneamiento básico, la administración municipal dispuso de un médico y una enfermera auxiliar para realizar diagnóstico de las familias y la Secretaría de Salud departamental se comprometió a instalar 1000 toldillos y hacer un tratamiento para el paludismo.
Así mismo, la Gobernación de Córdoba envío una brigada con 8 técnicos que fumigaron los lugares pertinentes para prevención de vectores (insectos o microorganismos que transmiten enfermedades).
La Secretaria de Infraestructura del municipio, con apoyo de empresa privada y Consejo Noruego, ingresó para acondicionar los albergues provisionales con sistemas de eliminación de excretas.
En lo relacionado con educación y buen uso del tiempo libre, la Gobernación de Córdoba gestionó con la Institución Educativa Juan José la habilitación de cuatro aulas de clases para la atención de 200 niños desplazados y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar llegó con 04 Unidades Móviles que prestan apoyo psicosocial, restablecen derechos y entregan ‘Bienestarina’ líquida.
Acciones previas
En el marco de la prevención urgente, la Unidad para las Víctimas adelanta acciones previas con los entes territoriales que les permita identificar y analizar riesgos y fortalecer su capacidad de respuesta ante la ocurrencia de emergencias humanitarias, en ese sentido, el 20 febrero participó en un Comité Municipal de Alertas para la Reacción Rápida, con el objetivo de atender las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo.
El 05 de marzo, la entidad brindó asesoría a los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano, para la actualización de los planes de contingencia municipal y entrega de ayuda humanitaria ante eventuales emergencias humanitarias que pudieran presentarse.
El 14 de marzo la Unidad realizó una misión de verificación de riesgos por violación a los Derechos Humanos en los corregimientos de Juan José, Río Verde y San Juan, según los acuerdos asumidos previamente para el municipio de Puerto Libertador.
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas mantiene el seguimiento y acompañamiento a las familias, coordina las intervenciones a favor de las mismas y monitorea las condiciones de orden público.
