Varios consensos sobre la reforma a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011) quedaron en evidencia durante la sesión de la Comisión del Congreso de la República que hace seguimiento a la implementación de dicha Ley y en la que participaron, además de los congresistas que la integran, los directores de la Unidad para las Víctimas y de la Unidad de Restitución de Tierras, representantes de la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría, y líderes de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas.
Entre los consensos de los distintos participantes a la sesión están: lograr mayor articulación entre las distintas entidades que integran el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, especialmente entre los entes territoriales y la Nación; prorrogar la Ley 1448 –aunque no está claro por cuánto tiempo-; conseguir mayor financiación para poder cumplirle a las víctimas con la reparación integral; y encontrar maneras de hacer más efectivas las medidas de reparación.
El director (e) de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, así lo señaló: “Buscamos ser muy efectivos y hacemos un llamado a que trabajemos todos de la mano, ya tenemos un diagnóstico y buscamos que el Congreso se vincule y planteemos qué reformas hay que hacerle a la Ley 1448 y a ese Conpes que viene a financiar la ejecución de la política pública de víctimas. Siete años es más que suficiente para tener una experiencia y saber qué ajustes tenemos que hacer para de verdad cumplirles a las víctimas con responsabilidad, como lo ha manifestado en todas sus intervenciones el Presidente de la República, Iván Duque”.
En un sentido similar se expresó el presidente de la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas, y representante a la Cámara Jhon Jairo Hoyos: “Hay enormes dificultades presupuestales en el país y hoy se requieren más de cien billones de pesos para poder completar el plan de atención a las víctimas, eso no es posible en los próximos cuatro años, tenemos que hacer un plan de más largo plazo y una revisión de la efectividad en la utilización de dichos recursos”.
A la vez el congresista consideró importante “el llamamiento de todas las víctimas por la participación a través de las curules de las víctimas en el Congreso, así como el seguimiento que puede hacer la Comisión a los proyectos que se realizan en el territorio, con lo cual puede ayudarle a la institucionalidad y a las víctimas, para sacar este proceso adelante”.
La creación de 16 curules en la Cámara de Representantes está contenida en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc pero fue negada en el Congreso de la República. Sobre este tema, el Coordinador de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas, Odorico Guerra, indicó que “decir que esas 16 curules serán para la guerrilla es una revictimización”.
Al final de la sesión, Ramón Rodríguez hizo otra proposición a los congresistas: “Realizar una sesión de trabajo la semana que viene, con los insumos del trabajo de las víctimas en las regiones, que nosotros acompañamos, para el Plan Nacional de Desarrollo, con la misma metodología del Planeación Nacional; propongo que las víctimas les expliquen qué fue lo que se hizo, y que desde el Congreso se haga esa incidencia para que esas necesidades y expectativas que tienen las víctimas se vean reflejadas en el Plan de Desarrollo. Es un documento sencillo pero bien elaborado”.
Durante la sesión, Elena Ambrosi Turbay, Procuradora delegada para el apoyo a las víctimas del conflicto armado y los desmovilizados, destacó el trabajo hecho por la Unidad para las Víctimas en medio de los inconvenientes: “Las medidas más avanzadas (de reparación a las víctimas) son las de la Unidad, pero no así las de los entes territoriales”, dijo, y en otro momento, agregó: “La Unidad ha hecho un trabajo increíble, pero no es suficiente para coordinar el Sistema (Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas)”.
Durante la sesión, el director (e) de la Unidad para las Víctimas destacó los avances en temas de atención, prevención, asistencia, e indemnizaciones, aunque reconoció las dificultades existentes. Para el año entrante el presupuesto de la entidad es de algo más de 1.9 billones de pesos pero no es suficiente para avanzar a una velocidad que permita cumplirle a las más de ocho millones de víctimas del conflicto registradas, durante el tiempo que queda de vigencia de la Ley 1448 de 2011, que va hasta el año 2021.
Entre los resultados que mostró el funcionario están: más de 4.320.000 giros de ayuda y atención humanitaria a por un valor cercano a los 2.420 millones de pesos; algo más de 611.000 personas atendidas en lo psicosocial en el programa del Ministerio de Salud y Protección Social o en la Estrategia de Recuperación Emocional Grupal de la Unidad para las Víctimas; cerca de 796.000 indemnizaciones individuales entregadas por un valor superior a los 5 billones de pesos; acompañamiento a 261 mil hogares en procesos de retornos y reubicaciones; acompañamiento a las 1.057 mesas de víctimas municipales, departamentales y nacional, integradas por 869 personas; 21 jornadas en ocho de los 44 países en donde se encuentran las casi 23.000 víctimas del conflicto residentes en el exterior.
