Del 15 al 20 de julio de 1997, el municipio de Mapiripán, en límites entre el Meta y Guaviare, fue escenario de la barbarie de la guerra: centenares de paramilitares venidos de varias zonas del país llegaron --primero al casco urbano, y luego al rural-, y, con lista en mano, iniciaron una masacre cuya cifra de víctimas mortales aún es un misterio, veinte años después.

Desde el 12 de julio de ese año ya se presagiaba lo peor. Dos aviones provenientes de la región del Urabá antioqueño, desembarcaron a más de cien miembros del Ejército privado del clan Castaño Gil, máximos jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Llegaron al Guaviare.

Estos hombres fueron recibidos en vehículos oficiales y transportados a una guarnición militar. Luego, se unieron a otro número similar de paramilitares venidos de otras regiones. Todos recibían órdenes de mercenarios internacionales.

El día 15 comenzó el terror para los habitantes. Antes del alba, los hombres llegaron a las casas y, listado en mano, sacaron a quienes en su criterio eran guerrilleros o colaboradores de las FARC. Tras torturarlos, los llevaron al matadero municipal donde los asesinaron. Hablan de descuartizamiento, decapitaciones, lanzadas al río.

La cifra de víctimas mortales aún es un misterio veinte años después. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 15 de septiembre de 2005 condenó al Estado Colombiano por la violación de los derechos a la vida, integridad y libertad de las víctimas, habla de 45 víctimas. Los pobladores hablar de casi cien.

Según el líder paramilitar Salvatore Mancuso, extraditado a Estados Unidos, la masacre de Mapiripán buscó consolidar la imagen de Carlos Castaño, luego de la muerte de su hermano Fidel. Y lo decidieron hacer en Mapiripán, un lugar al q ue esa organización consideraba un enclave de las FARC.

Esta masacre originó el desplazamiento de 511 familias de Mapiripán. La Unidad para las Victimas asumió el compromiso de una reparación colectiva e integral.