Las víctimas del conflicto armado en Colombia entre 0 y 17 años superan los dos millones de personas, quienes han sobrevivido a hechos que atentan contra múltiples derechos. Según la Red Nacional de Información, al primero de octubre de 2015 se han reportado 7.760 casos de vinculación a las diferentes organizaciones al margen de la ley en Colombia.
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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha atendido 5.870 casos de niños, niñas y adolescentes desvinculados entre 1999 y 2015, donde el año con mayor actividad fue el 2003 con 775 casos.
Los departamentos donde los menores sufren mayor riesgo de ser víctimas de reclutamiento, utilización u otros delitos en contra de los menores son: Caquetá, Guaviare, Meta, Vichada, Arauca, Chocó, Cauca, Nariño, Valle del Cauca. Según el ICBF, los grupos de los cuales los menores reportaron desvinculación son: las FARC, con 3.566 (61%); las AUC, con 1.055 (18%); el ELN, con 913 (15%) y las bandas criminales, con 194 (3%). Se entregaron voluntariamente 4.856 (83%) y fueron recuperados por la fuerza pública un total de 1.014 (17%).
Alrededor de 84% de los desvinculados atendidos por el programa especializado del ICBF no se reconocen dentro de ninguna etnia, mientras que el 9% son indígenas y el 7% se definen como afrodescendientes. Del total de los niños, niñas y adolescentes atendidos por el programa, el 71% son niños y el 29% son niñas.
La Unidad para las Víctimas desarrolló la ‘Estrategia de Promoción de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes’ entre 2012 y 2014. Durante su ejecución se atendieron 3.530 niños y niñas, 2.209 padres, y 1.174 funcionarios y profesores. El programa se desarrolló en 32 municipios, en 128 barrios o veredas.
Este programa tenía tres objetivos principales: el primero consistía en formar a los niños, niñas y adolescentes participantes como sujetos de derechos, capaces de analizar de manera crítica su realidad e intervenir en la toma de decisiones en sus entornos. El segundo objetivo buscaba fortalecer los “entornos protectores”, responsables de salvaguardar sus derechos y, por último, se pretendía identificar las amenazas, riesgos y vulneraciones que rodean a los menores, particularmente las diversas formas de violencia y explotación, al igual que el reclutamiento y utilización por grupos armados al margen de la ley.
Los aprendizajes más importantes de la estrategia fueron: el reconocimiento de los derechos y las herramientas con las que cuentan los niños y las niñas para hacerlos valer, a hacer valer sus opiniones ante los mayores, a participar en la toma de decisiones que los afecten en el orden municipal y a aceptar el acompañamiento del Estado y su familia en sus procesos de formación.