Bogotá, 12 de junio de 2020. El 10 de junio de 2011, entró en vigencia en Colombia la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011) que ha permitido dignificar, reconocer, atender, asistir y reparar a los sobrevivientes de hechos sucedidos en el conflicto armado desde 1985, y les ha posibilitado tener espacios de participación e incidencia en las agendas municipales, departamentales y nacional.

Con el propósito de restituir y garantizar los derechos de las víctimas, durante los nueve años de vigencia de la Ley se ha consolidado el Registro Único de Víctimas (RUV) en el que, entre el 2012 y el 31 de diciembre de 2019, han sido incluidas cerca de nueve millones de personas (8.944.137), de manera individual, que constituyen el 18 % de la población del país. Con corte al primero de mayo de 2020, la cifra en el RUV asciende a 9.005.319. De este número, se indica que 7.277.408 son sujeto de atención y/o reparación, es decir, víctimas que cumplen con los requisitos para acceder a las medidas de atención y reparación establecidas en la Ley.

La reparación integral y las medidas que la componen, representan un modelo único en el mundo, porque incluye medidas de satisfacción, rehabilitación, indemnización, restitución (de tierras, vivienda, fuentes de ingreso, acceso a crédito, educación, salud) y garantías de no repetición. Desde 2012 hasta diciembre de 2019 han sido otorgados un total de 906.837 giros, que corresponden a la indemnización administrativa de 864.362 víctimas. Además, se recibió como resultado de entregas de indemnizaciones realizadas por la institucionalidad previa, el equivalente 129.571 giros, lo que corresponde a la indemnización de 124.857 víctimas, por valor $826.248.106.238.

De estas, se identificaron 68.524 indemnizaciones correspondientes a 62.939 personas con criterio de priorización por edad, discapacidad o enfermedad huérfana, ruinosa, catastrófica o de alto costo, o víctimas que poseían uno o más criterios.

Durante este periodo de implementación de la Ley 1448, 16 sujetos colectivos han sido reparados, con la implementación total de las acciones contempladas en sus planes de reparación colectiva.

Así mismo, 736 sujetos iniciaron la ruta metodológica de reparación colectiva, la cual se implementa en cinco fases: identificación, alistamiento, diagnóstico o caracterización del daño, diseño y formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) e implementación.

En este mismo tema, han sido aprobados y protocolizados 169 planes integrales de Reparación Colectiva (PIRC) en colectivos étnicos y no étnicos, con los cuales han sido implementadas 1.512 acciones reparadoras, beneficiando a 164 comunidades, organizaciones y grupos. Se ha avanzado en la indemnización de 50 sujetos colectivos étnicos y el fortalecimiento organizativo de 14 sujetos de organizaciones y grupos.

Entre 2013 y diciembre de 2019 fueron acompañados 277.328 hogares y 13.232 hogares fueron beneficiarios con 1.5 SMMLV.

Para este mismo periodo, se establecieron 303 planes de retorno a lo largo del país, de los 303 planes formulados, asimismo, se contribuyó en la ejecución de acciones de los planes de retorno y reubicación, mediante la implementación de 528 esquemas desarrollados en conjunto con las alcaldías y gobernaciones.

El Fondo tiene la obligación de pagar las indemnizaciones establecidas en el marco de la Ley 975 de 2005, así como administrar los bienes que le fueren entregados dentro del Proceso de Justicia y Paz. De acuerdo con esta función, a 31 de diciembre de 2019, el total de bienes inmuebles administrados por el Fondo para la Reparación a las Víctimas ascendía a 1.223, de los cuales 381 son urbanos y 842 rurales.

De manera gratuita y sin intermediarios, la Unidad atiende en 220 puntos y centros de atención en todos los departamentos del país. Se cuenta con 480 orientadores en territorio y 450 orientadores más en el canal telefónico y virtual. Las demás estrategias de notificación y atención suman alrededor de 2.000 personas.

Durante esta vigencia el número de trámites a través de los canales de atención ascendió a más de 62 millones, entre solicitudes y consultas realizadas por más de 6 millones de personas al año.

La Unidad para las Víctimas se ha convertido en el principal agente humanitario del país. Desde 2012 se han verificado 6.002 emergencias durante el periodo 2012-2019 y se coordinó la atención de 499 emergencias humanitarias masivas. Se atendieron a 42.676 hogares expulsados en las emergencias coordinadas y se llevaron a cabo 1.570 misiones humanitarias para la atención de emergencias.

La entidad durante este periodo ha implementado dos instrumentos para el fortalecimiento de capacidades territoriales siendo estos los Proyectos de infraestructura social y comunitaria y los proyectos agropecuarios. Entre 2012 y 2019 se invirtieron $66.003 millones y $8.472 millones, respectivamente.

Respecto a la atención humanitaria para víctimas de desplazamiento forzado, desde el 2012 hasta el 31 de diciembre de 2019, se recibieron más de nueve millones de solicitudes, por las que se entregaron 6.426.272 giros a hogares víctimas de desplazamiento forzado con un total de inversión de más de $5 billones.

Adicionalmente, por hechos diferentes al desplazamiento forzado, por concepto de atención humanitaria en el periodo 2012 – 2019, fueron entregados 50.065 giros a más de 48.000 víctimas únicas por valor de $61.177.124.841.

A 31 de diciembre de 2019, se reportan 25.386 personas incluidas en el RUV, en 43 países, encontrándose el 80 % de las mismas ubicadas en: Ecuador, Venezuela, Canadá, España y Estados Unidos.

Desde el 2013 que inició la entrega de esta medida en el exterior, a diciembre 31 de 2019, fueron indemnizadas cerca de 3.000 víctimas en el exterior con una inversión superior a 21.000 millones de pesos.

En un lapso de ocho años, la Unidad para las Víctimas, en coordinación con Cancillería y entes territoriales, ha acompañado el retorno a Colombia desde el exterior de 1.781 personas, con corte a 31 de diciembre de 2019. Los cinco principales países desde donde se han generado esos retornos son Venezuela (en un 57 % de los casos), seguido de Ecuador, España, Chile y Canadá.

El director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, dijo que luego de hacer una revisión con el presidente de la República sobre el proyecto para prorrogar la Ley de Víctimas, el Gobierno decidió que será “a través del proyecto que hace trámite en el Congreso de la República, que se van a hacer los ajustes que se necesitan y se pueda fortalecer".

"Nosotros como Gobierno no hacemos las proposiciones, estas las hacen los senadores y los representantes a la Cámara. Les dijimos a los miembros de la Mesa Nacional que estas proposiciones tienen que ir enfocadas y bastante justificadas para que un senador las pueda presentar", agregó el director.

El director afirmó que se tiene que adelantar un trabajo mancomunado con la Mesa Nacional de Participación, “para que ellos puedan brindar un acompañamiento a este proceso, el compromiso del presidente Iván Duque es no ser regresivos en los derechos adquiridos por las víctimas".

"Necesitamos tener claro cuáles son las proposiciones que presentarían directamente las víctimas, porque también los senadores pueden llegar con diferentes proposiciones no concertadas con las víctimas, lo que queremos y siempre hemos pedido que este proceso sea concertado y por eso como Unidad vamos a socializar con la Mesa Nacional cuáles son las justificaciones de las 5 o 6 proposiciones que nosotros presentaríamos a través de varios senadores", puntualizó.   

La Unidad de Restitución de Tierras y el Centro Nacional de Memoria Histórica son las otras dos entidades que hacen parte de la Ley 1448 y contribuyen también a la reparación y la atención integral a las víctimas del conflicto.

Según el reporte de la Unidad de Restitución de Tierras, unos de sus logros más importantes en estos nueve años de la Ley de Víctimas tiene que ver con que han sido devueltas 380.455 hectáreas de tierra, beneficiando a 70.277 colombianos que hacen parte de comunidades campesinas y étnicas que fueron víctimas de despojo y desplazamiento forzado.

También reportan la devolución de 225.128 hectáreas de territorios ancestrales, beneficiando a 39.489 colombianos que hacen parte de comunidades indígenas y afrodescendientes, con el objetivo de reparar integralmente a las víctimas y conservar las tradiciones de las etnias.

La Unidad de Restitución de Tierras ha invertido más de $120.500 millones en la implementación de proyectos productivos para 4.462 familias; los recursos también han sido empleados en la capacitación de los beneficiarios y en fomentar la asociatividad, con el objetivo de que las víctimas reconstruyan sus proyectos de vida, transformen sus territorios y aporten a la reactivación del campo.

Por su parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica reporta que, en la Dirección de Acuerdos de la Verdad, durante la vigencia de la Ley, se han acopiado, sistematizado y analizado 13.909 testimonios, a 2019 y 16.832 personas certificadas, a abril de 2020.

De igual manera, en materia de Construcción para la Memoria, durante el periodo 2012 – 2019 han sido acompañadas 137 iniciativas de memoria histórica, de las cuales 18 fueron durante la vigencia 2019. Asimismo, con su Observatorio de Memoria y Conflicto se documentaron 155.000 hechos victimizantes a partir de la identificación, gestión, acopio, procesamiento e integración de 592 fuentes institucionales y sociales, y 10.236 bases de datos y documentos.