Rubiela Tejada ha madrugado para cruzar Medellín de oriente a occidente porque quiere terminar con el dolor de 14 años por la ausencia de John Alexander, su hijo de 17 años, desaparecido desde el 29 de agosto de 2001. Ese día, varios encapuchados de las milicias guerrilleras irrumpieron en su casa del barrio Las Independencias y se llevaron al muchacho a la fuerza y bajo amenazas. Nunca apareció.
Jamás dejó de buscar, de reclamar la verdad reparadora que significa encontrar a su hijo “vivo o muerto” para cerrar su duelo y continuar con su vida. Lo llora a diario. Tiene sentimientos encontrados de dolor y esperanza al llegar este día tan ansiado por el que superó el miedo de denunciar, tocó las puertas de las autoridades y marchó tantas veces en la ciudad en busca de solidaridad por las víctimas de desaparición forzada.
“Si hemos luchado 14 años para llegar a este día podemos esperar cinco meses para desenterrar la verdad de nuestros desaparecidos”, dice Rubiela a menos de 50 metros del primer sitio donde los fiscales, técnicos y antropólogos forenses comienzan la remoción de tierra para ir tras los restos óseos de esos seres queridos.
La memoria de su hijo la acompaña al pensar en el hombre de 31 años que sería hoy. En otras siente amargura y recuerda: “mi muchacho tenía 17 años cuando lo desaparecieron… un buen hijo que estudiaba y se iba conmigo después del colegio a vender confites en los buses y con ese trabajo construimos nuestra casa” en la comuna 13.
Le duele que una limitación auditiva que padecía John Alexander no conmoviera a los victimarios. La familia ya no habita en esa vivienda porque se desplazó en 2011 luego del homicidio de un segundo hijo. Por una dolorosa coincidencia ocurrió también un 29 de agosto, exactamente diez años después de la desaparición de John Alexander.
A la ceremonia celebrada el 27 de julio, que marcó el inicio de las excavaciones, asistieron familiares de al menos un centenar de personas desaparecidas entre 1998 y 2004. Primero por milicias del Eln y las Farc y luego por grupos de autodefensas. Hombres, mujeres y menores de edad que fueron asesinados en La Escombrera y sus cuerpos arrojados en ese botadero de materiales que se convirtió en montaña día tras día durante más de una década, según las denuncias de sus familiares corroboradas por confesiones de desmovilizados de las guerrillas y el Bloque Cacique Nutibara. El objetivo no solo fue desaparecerlas, sino borrar cualquier rastro del crimen y sus victimarios. Y así enterrar la verdad.
Para desenterrarla y rendirles memoria con una eucaristía y los actos simbólicos al inicio y final de la ceremonia de apertura de las excavaciones, las familias encontraron apoyo sicosocial y logístico de la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Sobre el suelo arenoso hay huellas hechas en papel en homenaje a los desaparecidos y pancartas con sus fotos. El terreno está rodeado de siluetas negras con los nombres y frases que recuerdan a esos seres queridos ausentes y también antorchas encendidas que simbolizan la esperanza, que no se apaga a pesar de los vientos que soplaron en contra de una acción que se espera aporte verdad, justicia y reparación.
La tarea parece una utopía desde cualquier perspectiva. No en vano los estudios concluyen que La Escombrera puede considerarse la fosa común a cielo abierto más grande del mundo. “Lo que sigue es una labor monumental, literalmente mover una montaña, algo más de 100 mil metros cúbicos en un área de cerca de 10 mil metros cuadrados”, afirma la directora de la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Paula Gaviria al destacar el inicio del plan de excavación y búsqueda. Pero concluye que “es un esfuerzo pequeño en relación con el dolor y los 13 años de sufrimiento que han vivido las víctimas de La Escombrera”.
Ese es justo el tiempo de sufrimiento y la incertidumbre sin respuestas que ajusta la familia de Carol Vanesa Restrepo, la “más soñadora de la casa, una jovencita que le gustaba estudiar y buena hija que hoy sería una profesional”, como la recuerda con nostalgia su hermana Jenifer.
Tenía solo 17 años el 25 de octubre de 2002 cuando salió de su casa y nunca regresó. La adolescente acordó encontrarse con unos amigos pocas semanas después de desplazarse con su familia, intimidados por la disputa entre milicias de la guerrilla y paramilitar que azotaba la comuna 13 de Medellín. “Le dijimos que no fuera al barrio porque estaba muy peligroso y había asesinatos y desapariciones. Se fue con dos amigos y en la tarde recibimos una llamada de ella muy apresurada y temerosa. Solo nos dijo que nos quería y que iba a estar bien… pero nunca regresó y creemos que puede ser una de cientos de víctimas que esconde La Escombrera”, relata Jenifer al lado de una pancarta con la foto de la menor, la misma que los acompaña desde hace años en las marchas contra la desaparición forzada.
Los familiares coinciden en que desde 1998 los barrios de la comuna 13, en el Noroccidente de Medellín, se convirtieron en una zona de disputa entre estructuras urbanas de las guerrillas y grupos de autodefensa. En ese fuego cruzado sucumbieron los habitantes, que vivieron bajo la intimidación y control social de uno y otro bando que imponía horarios, fronteras entre barrios y “vacunas”.
Cuentan que “bastaba ser considerado colaborador de las milicias o los paramilitares o incluso llegar como un extraño para ser asesinado o desaparecido… los encapuchados se llevaban a las personas amarradas con cables o cabuya para esas escombreras… unos volvían, algunos aporreados, pero otros no”.
La barbarie llegó a tal extremo que varios habitantes relatan que los conductores de las volquetas que todos los días llegaban cargadas de desechos fueron obligados, bajo amenaza de muerte, para que también cargaran con los cuerpos y así asegurarse que quedaran sepultados cada vez más profundo.
No hay certeza de cuántas personas murieron y fueron desaparecidas en ese sector de la comuna 13, que se convirtió en un caso emblemático de la desaparición forzada durante el conflicto en Colombia. Organizaciones de víctimas indican que serán más de 200, mientras que la Fiscalía tiene registrados cerca de 100 casos.
Solo el movimiento Mujeres Caminando por la Verdad, al que pertenecen la mayoría de familias de los desaparecidos de la comuna 13, tiene registradas 90 personas víctimas de este delito que se presume yacen sepultados en esta zona. Alejandra Balvin, una de sus voceras para este proceso, destaca: “hoy nos sentimos más visibles y apoyadas por el Estado que antes estuvo ausente”.
Recuerda que desde el principio denunciaron las atrocidades ante las autoridades y se movilizaron para que los asesinatos y desapariciones no quedaran enterradas bajo la tierra y la impunidad. “Durante 13 años tenemos un proceso de resistencia por la garantía de nuestros derechos, por ser escuchadas y hacernos visibles después de una violencia sistemática de todos los grupos armados”.
Esa lucha sin tregua dio sus frutos y para Jorge Mejía Martínez, consejero para la Convivencia, la Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, fue la clave impedir que “se llegara a la salida más fácil que era declarar La Escombrera como campo santo, porque siempre se ha dicho que después de más de una década de botar escombros es como buscar una aguja en un pajar. Pero con la ayuda de la Fiscalía y del Gobierno vamos a hacer el esfuerzo”.
La primera etapa de la búsqueda de restos en La Escombrera se efectuará durante los próximos cinco meses en un área denominada polígono 1. Son 3.700 metros cuadrados donde se calcula deberán extraerse con maquinaria pesada y luego de forma manual 24.000 metros cúbicos de tierra y escombros. La tarea se realiza bajo la supervisión del equipo de criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía.
Es una de cuatro zonas identificadas por exparamilitares, quienes decidieron revelar los sitios usados para arrojar los cuerpos de sus víctimas como reparación y verdad en sus procesos penales de la Ley de Justicia y Paz. Desmovilizados como alias ‘Móvil 8’ recorrieron la zona en años anteriores con fiscales y confesaron que tuvieron una base cuando se enfrentaban a las milicias. En esos recorridos reconocieron que muchas personas fueron plagiadas de las calles, en los negocios o sus casas y conducidas a las escombreras y otro depósito conocido como la arenera, donde fueron asesinadas por orden de jefes paramilitares como alias de ‘King Kong’ y el ‘Negro Elkin’.
El anhelo de las víctimas y el propósito de 40 operarios y funcionarios judiciales que trabajan en la búsqueda es encontrar los restos óseos en el transcurso de este año para conseguir las identificaciones plenas en los primeros meses del próximo. Para eso hay listos dos laboratorios forenses y se recogerán muestras de ADN de los familiares para los cotejos genéticos.
Por petición de los familiares de las víctimas, la Alcaldía de Medellín adecuó un campamento en La Escombrera para que, en grupos de diez personas, puedan seguir a diario las labores de remoción y exhumación. En esa dura espera no estarán solas.
Jorge Mario Alzate, director territorial de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, explica que como parte de la alianza interinstitucional con la Alcaldía de Medellín, el Ministerio del Interior, la Fiscalía y organizaciones de víctimas, la entidad dispondrá para las familias de dos sicólogas permanentes especializadas en duelo para reforzar el equipo sicosocial conjunto.
El funcionario agrega que se prioriza la ruta de reparación integral para restablecer sus derechos con la indemnización y las medidas establecidas por la Ley de Víctimas. En este proceso la Unidad de Víctimas participa con 180 millones de pesos en medidas de atención y satisfacción de los familiares de los desaparecidos para avanzar en un proyecto complejo de búsqueda y exhumación, que se calcula cueste mil millones de pesos en esta primera etapa hasta diciembre de este año.
Ahora Rubiela Tejada siente alivio y se prepara para cruzar la ciudad cada semana durante los próximos cinco meses desde su casa en el barrio Santo Domingo, en lo más extremo de la zona oriental de Medellín, que ella llama la “terminal del cielo”.
No solo porque su nuevo hogar está en la parte más alta de esa ladera, sino por “la tranquilidad que encontré aquí para seguir adelante con mi familia. Ahora que las víctimas somos reconocidas por el Estado y después de tantos años de lucha tenemos que estar allá presentes para desenterrar a nuestros desaparecidos y a la verdad que está también sepultada”.
Y si logra recuperar los restos de su hijo de esa montaña de escombros, como repite desde hace 14 años, “llegará para mí la reparación”.