Decreto 2569 de 2014, del asistencialismo a la inclusión social
Una herramienta legal para conocer la ruta que garantizará la inclusión social de las víctimas
El decreto 2569 de 2014 establece los criterios y procedimientos para la entrega de la atención humanitaria de emergencia y transición a las víctimas de desplazamiento forzado a partir de la evaluación de los componentes de la subsistencia mínima.
Además, fija los criterios técnicos para evaluar la superación de la situación de vulnerabilidad derivada del hecho victimizante de desplazamiento forzado, dentro de un proceso de retorno, reubicación en un lugar distinto al de recepción, o cuando se permanece en el lugar de recepción.
El decreto 2569 de 2014 permite iniciar un ajuste de la política pública, luego de un esfuerzo institucional y presupuestal por implementar la ley de víctimas a través de las instancias de coordinación desde el territorio y la nación, hoy con oportunidad y pertinencia a través de la Ruta integral de atención a las víctimas, armonizando y focalizando la oferta se realizarán acciones que conduzcan a garantizar el goce efectivo de derechos de las víctimas de desplazamiento forzado en clave de lograr la superación de la vulnerabilidad y con el reconocimiento de las capacidades de los ciudadanos a quienes les ocurrió un hecho victimizante de desplazamiento se integren al desarrollo local.
Cambia aspectos claves de la política pública de víctimas para virar de manera gradual desde el asistencialismo a acciones que permitan garantizar el goce efectivo de derechos de las víctimas y su inclusión en la sociedad.
La ayuda humanitaria para quienes más la necesitan
Muchas personas requieren ayuda humanitaria y consientes de las limitaciones presupuestales, los desarrollos en el registro único de víctimas y la caracterización de los hogares que sufrieron un hecho victimizante, es importante determinar que hogares hoy ya tienen lo necesario para garantizar su subsistencia mínima: Alojamiento, alimentación y el derecho a la salud, y ya no requieren seguir recibiendo ayudas de emergencia. Para que aquellos que lo requieren lo obtengan con oportunidad.
Las personas que cuentan con subsistencia mínima darán el paso que se requiere en la filosofía de la política la reparación integral generando su estabilización socio económica a través de la oferta pública integral que responde en la medida de las necesidades de cada hogar, además de la indemnización administrativa que prevé la Ley de Víctimas.
Entre 2012 y septiembre de 2014, el gobierno nacional invirtió cerca de 2,2 billones de pesos en la atención humanitaria de 1’661.208 hogares.
Trabajamos por una reparación transformadora
Estamos pasando del asistencialismo a la inclusión social y la reparación INTEGRAL de las víctimas de desplazamiento forzado.
Históricamente el Estado ha respondido al desplazamiento forzado con la asistencia humanitaria. Hoy, se ha fortalecido la política de retornos y reubicaciones para que los desplazados puedan volver a sus tierras o ubicarse en otro lugar y consolidar su proyecto de vida.
La Unidad ha acompañado 44.000 hogares en sus procesos de retornos o reubicación, bajo los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad.
Por otra parte, se busca que la indemnización aporte a la inclusión social de las víctimas, el Estado acompaña un proceso donde la entrega de un cheque es uno de los últimos pasos para el restablecimiento de la ciudadanía. La apuesta es garantizar la estabilización socioeconómica y la reparación integral a los hogares afectados por el desplazamiento forzado.
La oferta integral con una trabajo articulado del SNARIV garantizará el paso del asistencialismos a la integración local, a ciudadanas y ciudadanos al que el Estado reconoce su vulnerabilidad y trabaja para superarla y lograr la integración a la política de desarrollo.
En cumplimiento de la Ley de Víctimas tanto las entidades que conforman el equipo interinsitucional como el SNARIV han trabajado para la articulación de la nación con el territorio y el Decreto permite reforzar este ejercicio con procesos que se incluirán en la certificación de las entidades del SNARIV tanto locales como nacionales.
