El éxodo Emberá, un desafío para las instituciones colombianas

En este especial se muestran las problemáticas que han obligado al pueblo Emberá a desplazarse a las ciudades y cómo el Estado ha empezado a intentar solucionar décadas de pobreza, abandono e inseguridad y así evitar que esta población se siga desplazando de sus territorios.


Emberá, un pueblo que resiste

El pueblo Emberá es uno de los 115 pueblos indígenas que existen en Colombia, y que está compuesto por varias familias: Chamí, Katío, Dobidá, Eyábida y Oibida. Según el DANE, son más de 260.000 personas pertenecientes a este pueblo en todo el territorio nacional.

La población Emberá es seminómada, por eso es una de las que presenta mayor dispersión en todo el país. Están ubicados en los departamentos de Chocó, Risaralda, Córdoba, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Huila, Tolima, Caquetá, Putumayo, Nariño, Meta y Guaviare.

Este pueblo, que se ha caracterizado por su enorme capacidad de resistencia, ha sido golpeado históricamente por diferentes actores, intentos de colonización y por el conflicto armado.

En los últimos 50 años, estas comunidades y sus territorios han padecido de diferentes ataques y hechos victimizantes, como: homicidios, confinamiento, reclutamientos, torturas, amenazas, violencia sexual, instalación de minas antipersonal, violencia y discriminación.

A esto se le suma la falta de presencia estatal, la violación a sus derechos humanos y ausencia de servicios básicos como salud, educación, agua potable y vivienda digna. Esto ha provocado el desplazamiento masivo y una grave situación de vulnerabilidad.

Alto Andágueda, una de las zonas más críticas

En Bagadó, Chocó, se ubica uno de los resguardos con mayor población Emberá: el Resguardo Tahamí del Alto Andágueda, que tiene una extensión de 50.000 hectáreas.

Desde la colonia, este resguardo ha sufrido la discriminación y la presencia de múltiples actores armados, lo que ha generado confrontaciones por el control territorial y social.

Esa conflictividad de los últimos 50 años ha causado daños no solo a su población, sino también a su territorio, a la integridad cultural y a su organización política.

Uno de los motivos de esta presencia armada es que este resguardo está ubicado en una zona estratégica, que sirve de ruta entre las subregiones del Atrato y San Juan (paso por los municipios de El Carmen de Atrato, Lloró y Tadó), y que también posibilita la comunicación entre Antioquia y Risaralda, para el paso, posicionamiento y repliegue de tropas.

Bogotá, ciudad receptora

Desde mediados del 2021, varias ciudades como Bogotá, Cali y Medellín han visto el desplazamiento masivo de indígenas Emberá. La situación más grave se ha vivido en la capital, donde gran parte de la población se asentó, con carpas y toldos, en el Parque Nacional. La situación más crítica de los Emberá desplazados la viven en Bogotá.

La mayoría de los desplazados son indígenas Emberá Katío provenientes de 37 comunidades del Resguardo del Alto Andágueda, que salieron de sus lugares de origen para exigir y reclamar las promesas incumplidas de varios gobiernos: vivienda, salud, energía y agua potable; todas ellas condiciones mínimas para una vida digna.

Según la última caracterización que hizo la Unidad para las Víctimas, en Bogotá hay un total de 2.189 personas de la población Emberá, que conformar 853 hogares.

La situación de desplazamiento forzado de esta población ha aumentado los índices de necesidades básicas insatisfechas del pueblo que, aumentan con respecto a las condiciones de vulnerabilidad existentes en los municipios receptores, cuya capacidad para atender a esta población víctima del conflicto armado interno no responde a una atención integral demandada por estas comunidades.

Aunque se han adecuado varios albergues en las UPI de La Florida y La Rioja, estos han sido insuficientes y se han presentado problemas de hacinamiento e insalubridad, lo que ha provocado a su vez que varios de ellos se devuelvan al Parque Nacional.

Estos son los cuatro escenarios en los que se ha asentado la población Emberá, en los que la Unidad para las Víctimas ha garantizado más de $3.300 millones de pesos en materia de atención humanitaria brindando alimentación, kits de aseo y de alojamiento y más de $6.000 millones en la entrega de alimentos en caliente.

Parque Nacional, lo más crítico

El Parque nacional ha sido el hecho de que los indígenas se han asentado en el Parque Nacional y hayan dejado los albergues. Ha sido el síntoma del deterioro de las condiciones de los Emberá en Bogotá. Muchos de ellos se han ido a las carpas como protesta a las condiciones de hacinamiento, insalubridad y desatención que han sufrido en las UPIS y en los territorios.

En el Parque Nacional se han asentado comunidades d diferentes albergues que llegaron en protesta de diferentes UPIS.

Frente a la crisis del Parque Nacional, las autoridades han tratado e concertar el desalo y el retorno tanto a ls UPIS y al territorio.

La Unidad y la Alcaldía las instituciones han suministrado atención humanitaria y kits, jornadas de atención en salud, alimentación, kits de aseo y habitabilidad.

Quiénes son víctimas y quiénes no. La Unidad para las Víctimas ha realizado dos caracterizaciones, para identificar quiénes son, de dónde provienen, cuáles son sus necesidades y si tienen intención de retornar.

También ha articulado diferentes espacios de diálogo para concertar que desalojen el Parque, donde malviven y poder atenderlos de una mejor manera. Tanto en el territorio, como en las UPI, si deciden quedarse en Bogotá.

Evidencia, además, que hay muchos indígenas que se resisten a regresar a sus territorios, porque a pesar de las condiciones extremas en las que están en las ciudades. Ellos quieren vivir en Bogotá. Se adecuaron a las condiciones en Bogotá. Y encontraron en la mendicidad una forma de conseguir recursos.

La Florida

Este albergue está ubicado a las afueras de Bogotá y es el lugar de mayor asentamiento que dispone el Distrito para los desplazados.

Este espacio, destinado en inicio para la atención de habitantes en condición de calle, terminó siendo el lugar para el asentamiento indígena Emberá.

De este asentamiento es donde más han salido Emberá hacia el Parque Nacional como protesta por las condiciones de hacinamiento e insalubridad. La Alcaldía se ha encargado de adecuar las instalaciones para su cobijo, para una permanencia de forma transitoria.

Aquí se encuentra ubicada población Emberá Katío, Chamí y Dobidá, principalmente de los Resguardos Tahamí del Alto Andágueda y Gitó

Dokabú. Hay 603 personas que conforman 231 hogares según el último estudio.

Este albergue ha sido un receptor de población de diferentes puntos del territorio nacional, lo que ha producido tensiones entre diferentes líderes, lo que ha motivado la movilización de algunos miembros de esta comunidad hacia el Parque Nacional. Por lo que ha sido necesario crear espacios de diálogo constantes para superar los conflictos.

Desde las áreas misionales de la Unidad se ha brindado acompañamiento continuo, garantizando la entrega de kits de alimentación, aseo y habitabilidad.

La Rioja

Ubicada en el centro de Bogotá. Es uno de los centros de acogida más complejo para la población indígena por encontrarse en un barrio de tolerancia, con lo que se incrementan los riesgos y tienen una mayor vulnerabilidad.

En esta UPI se encuentra principalmente población Katío y Chamí de los Resguardos Indígenas Gitó Dokabú, Tahamí del Alto Andágueda, Chamí Unificado y Mondó Mondocito de los departamentos de Chocó y Risaralda.

Según el último estudio de caracterización, allí se encuentran 590 personas, que conforman 245 familias.

La mayor complejidad de la Rioja es que el albergue está ubicado en una zona de tolerancia que profundiza la vulnerabilidad de niños, adolescentes y mujeres. También ha presentado hacinamiento lo que ha derivado en un deterioro en las condiciones de salubridad.

Las fórmulas para solucionar
el problema de raíz

Además de atender la emergencia en los territorios de origen y en las ciudades receptoras en el marco de sus competencias, la Unidad para las Víctimas ha abordado el tema desde la raíz. Por eso, una de las apuestas ha sido la intervención integral en el territorio, para generar condiciones que garanticen el retorno sostenible de las comunidades.


Ante la magnitud del desplazamiento, la Unidad diseñó una estrategia de Intervención Integral para las poblaciones más vulnerables, incluido el pueblo Emberá.

Uno de los focos de esta estrategia es la superación de la vulnerabilidad de las comunidades de los Resguardos Tahamí del Alto Andágueda, en donde se han adelantado gestiones para la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva y la unificación del Plan de Retornos para el Resguardo Tahamí del Alto Andágueda como medida para la transformación del territorio que brinda garantías de arraigo y sostenibilidad en clave de soluciones duraderas.

¿Qué busca este proceso?

· Contribuir a la sostenibilidad del pueblo Emberá, atendiendo sus particularidades respecto a la atención y reparación integral.

· Implementar soluciones duraderas para el goce efectivo de los derechos de la población Emberá.

· Apoyar en la superación de los factores de vulnerabilidad de estas comunidades y mejorar su calidad de vida.

Una intervención en el Andágueda

La Unidad para las Víctimas ha estado presente en el Alto Andágueda, realizando acciones de atención, asistencia humanitaria y reparación transformadora de los derechos de las víctimas individuales y colectivas.

Desde el 2015, cumpliendo lo ordenado por el Tribunal Superior de Antioquia, la Unidad inició la caracterización de necesidades del Resguardo Tahamí, cuyo plan fue oficializado en 2018.

En este proceso, la Unidad realizó varias visitas al territorio, incluyendo asambleas interinstitucionales, reuniones bilaterales en el marco del Plan de Retornos, acompañamiento logístico y humanitario al retorno de familias, jornadas de salud, procesos de concertación y visitas de seguimiento.

Las primeras dos asambleas se realizaron en noviembre de 2022, que sirvieron como un escenario de concertación entre las autoridades y las instituciones, donde las comunidades y sus voceros expresaron preocupaciones, contaron sus necesidades y realizaron propuestas para garantizar la atención integral y retorno de familias al territorio.

Asambleas de reconocimiento en territorio

A partir de esa asamblea se suscribieron 39 acuerdos institucionales bajo los ejes de Autonomía y Gobierno Propio; Territorio y Habitabilidad; Territorio y Productividad; Género y Familia; Retornos.

Desde entonces, diferentes entidades han asumido compromisos en infraestructura social y comunitaria, como la construcción de placas huella, puestos de salud, puentes, casas del niño, casas de la mujer y electrificación.

Se ha realizado un acompañamiento constante para el mejoramiento de vías y el proceso de retorno y reubicación de comunidades, con acciones a corto, mediano y largo plazo.  

La carretera

Uno de los puntos que más ha avanzado ha sido que, en medio de esta intervención, se generen condiciones de estabilidad económica, social y cultural en el territorio de manera permanente.

Para lograr estos objetivos se realizaron mesas de trabajo en las que participaron el ministerio de Trabajo, el Departamento de Prosperidad Social, la Unidad para las Víctimas y líderes de las comunidades, en estas se priorizó las zonas críticas de acceso al Resguardo y la construcción de la placa huella desde la entrada de Gitó Dokabú, en Pueblo Rico, Risaralda, hasta la comunidad de Conondo en el resguardo del Alto Andágueda en el municipio de Bagadó, Chocó, con una longitud de 15,9 kilómetros.

Esta obra se realizará a través de un convenio interadministrativo entre INVIAS y la Gobernación de Risaralda con un costo de 3.000 millones de pesos, siendo la Unidad para las Víctimas la entidad garante de la ejecución de este proyecto que actualmente se encuentra en proceso de licitación que iniciará su construcción en el segundo semestre del 2024.

Estrategia para el retorno 

Entre diciembre de 2022 y mayo de 2023, bajo el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas se han realizado 5 retornos, en los que volvieron un total de 1.880 personas, que corresponden a 684 hogares, con un costo que supera los 3.188 millones de pesos, brindando acompañamiento técnico y entrega de kits de habitabilidad.

Además, a los retornados se les han entregado dotaciones y kits de habitabilidad por 227 millones de pesos en 2022, y tres más en 2024 con una inversión cercana a los 223 millones de pesos.

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Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Oficina Asesora de Comunicaciones, Bogotá 30 de mayo  de 2024