Mayo
22
2018

Durante un mes la Unidad identificará las necesidades de la población víctima en Cajicá

Las familias víctimas del municipio cundinamarqués serán contactadas por la Unidad para realizarles la entrevista y el procedimiento de caracterización, mediante la cual se identifican sus necesidades con el fin de implementar programas, proyectos y acciones que les garanticen el goce efectivo de los derechos.

BOGOTÁ, D.C.

Durante algo más de un mes, del 21 de al 30 de junio, la Unidad para las Víctimas realizará la caracterización de 800 grupos familiares víctimas del conflicto armado en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.

El equipo de trabajo de la dirección territorial de la Unidad para las Víctimas en Cundinamarca es el encargado de desarrollar el proceso, cuyo objetivo es aplicar una herramienta relacionada con el Índice de Goce Efectivo de Derechos (IGED), mediante la cual se identifican y actualizan los datos de dicha población en el territorio.

La convocatoria a las víctimas la realiza exclusivamente la Unidad para las Víctimas a través de sus canales de comunicación y profesionales autorizados, sin ningún tipo de intermediarios, ni llamados de particulares, ni cobros por trámites.

A todas las personas que aparecen en el Registro Único de Víctimas (RUV) se les realiza la caracterización para medir sus necesidades y carencias, y tomar posteriores decisiones relacionadas con la asignación de ayudas humanitarias y de acceso a la oferta institucional del Estado.

Con base en la caracterización  se desarrollan programas, proyectos y acciones que garantizan el goce efectivo de los derechos a las familias víctimas del conflicto.

Este proceso permite describir a las víctimas, individual o colectivamente, con el propósito de identificar su grado de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, para ajustar la política de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral.

Las entidades del orden nacional o territorial que tienen bajo su responsabilidad el restablecimiento de los derechos de las víctimas y el otorgamiento de las garantías de no repetición consideran las características y necesidades de la población a la cual va dirigida su oferta institucional, así como las circunstancias sociales y de riesgo en su territorio.