La Unidad para las Víctimas territorial Putumayo, participó en el Taller Estrategia Aliados y Socios Acnur, donde se socializarón las problemáticas sociales que se tienen en esta región, con el objetivo de articular acciones para brindar mejores respuestas en los planes de retorno y reubicación a nivel departamental.
Fue así como a través de mesas de trabajo interinstitucional se buscó consolidar compromisos para mejorar la calidad de vida de los desplazados y refugiados del departamento. Así lo afirmó Vera Quina, Jefa de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados- Acnur- quien reconoció el gran trabajo adelantado junto a la Unidad para las Victimas y otras instituciones para mejorar los niveles de goce efectivo de derechos de la población desplazada.
“Estamos haciendo un progreso con la población desplazada antigua, ayudándole a que cada vez disfruten más derechos y mejoren sus condiciones, pero al mismo tiempo se vienen generando nuevos desplazamientos. Aquí en Mocoa hemos tenido una persona desplazada por día, un indicador preocupante pues en el primer trimestre según datos de la Alcaldía de Mocoa se registraron 118 casos”.
De acuerdo a lo manifestado por la funcionaria, la población meta a priorizar desde el Acnur son 4000 personas donde el 80% son desplazados y otra parte corresponde a refugiados provenientes de Venezuela y colombianos que retornan al país.
“Hay comunidades desplazadas que tienen planes de retorno y reubicación, esos planes obligan a la institucionalidad a responder. Nosotros queremos más que se cumpla un plan a que sean las acciones las evidencias del disfrute real para la población. Para que me sirve tener un plan que diga acceso a la educación sino tenemos una escuela en ese asentamiento. Más allá de los planes que están formulados es ayudar a que esas iniciativas se reflejen en mejoras objetivas, reales y concretas para la población desplazada”, concluyo Quina.
A su vez, Carlos Chindoy Jacanamijoy, Defensor del Pueblo regional, reconoció que el desplazamiento es la problemática más recurrente, debido a lo cual existe un gran número de víctimas y las instituciones hasta el momento no han tenido la capacidad de prestar una atención inmediata y oportuna de acuerdo a los protocolos que establece la norma al momento de aplicarla en el nivel municipal.
También explicó que el desplazamiento puede contar con dos características, dependiendo del sitio desde donde se desplazan que son los municipios fronterizos, es decir, San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Asís y Puerto Leguizamo. Y lo otro, los municipios receptores uno de ellos es Mocoa por ser cabecera municipal.
Para agudizar esta problemática regional se calcula la llegada de cerca de 4000 venezolanos, un asunto que va en aumento, pues a diferencia del año anterior donde se registraban casos individuales, ahora son familias completas.
Blanca Guerrero, psicóloga de la Pastoral Social en convenio con Acnur para la atención de la población venezolana explicó que entre el 80 y 85% de dicha población se encuentra en situación irregular, es decir que no tiene acceso a muchos servicios y derechos. Por el momento, el derecho a la educación es el que más se ha logrado suplir, pero en cuanto a salud esta población sólo tiene la atención básica de urgencias pero sin medicamentos ni otros servicios.
El panorama no mejora en su derecho al trabajo, pues al no contar con sus documentos de ley, no pueden ser contratados de una forma legal o formal, viéndose obligados a desempañar actividades como ventas informales, ayudantes en los restaurantes, construcción y hasta ejercer la prostitución en algunos bares.
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