La Unidad para las Víctimas participó de la audiencia convocada por la comisión del Congreso de la República que le hace seguimiento a la Ley 1448 del 2011 o Ley de Víctimas y que en esta jornada analizó la situación del municipio de Bugalagrande, en el centro del Valle del Cauca.
En dicha sesión la entidad presentó un informe que reportó 5.876 víctimas del conflicto armado (cerca del 24 % de la población) en este municipio.
En este encuentro, en el que la Alcaldía local manifestó inquietudes sobre la reubicación en su territorio de algunas comunidades indígenas víctimas del conflicto provenientes de otras regiones del país, se estableció el compromiso de reactivar el Subcomité de Retornos y Reubicaciones. “Esto con el fin de que todas las entidades competentes nos articulemos para que estos procesos de reubicación se den de manera adecuada, garantizando las medidas de dignidad, como ha sido el llamado de la Unidad para las Víctimas”, dijo Luz Adriana Toro Vélez, directora territorial de la entidad en el Valle.
En materia de inmdenizaciones administrativas, una de las medidas de la reparación integral, la Unidad informó que en esta localidad han sido entregados históricamente recursos por $5.609 millones, que han llegado a manos de 796 personas. En esta temporada de pandemia se estima que han sido indemnizadas 74 personas ($582 millones), entre el 17 de marzo y el 30 de junio.
Con relación al componente de Reparación Colectiva se reportó que actualmente están incluidas tres comunidades, de los corregimientos de Galicia, Ceilán y Chorreras.
Estas comunidades ya fueron notificadas de su inclusión y están a la espera de iniciar la ruta de reparación, prevista para avanzar este año en las fases de identificación y alistamiento en los tres sujetos, situación que se ha visto afectada por la anormalidad generada por la pandemia. No obstante, apoyados en actividades virtuales, se adelantarán acciones con la Administración para iniciar el alistamiento institucional que permita que las entidades estén listas para hacer parte de la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
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