Durante el año 2018, la Unidad para las Víctimas fue la articuladora y ejecutora de tres retornos de comunidades indígenas hasta Pueblo Rico (Risaralda) y Chocó, en los meses de septiembre y diciembre. La población desplazada se encontraba en difíciles condiciones en las ciudades de Bogotá, Pereira, Quibdó e Ibagué.
La entidad participó en el Comité de Justicia Transicional extraordinario, al que fue invitada por la administración municipal, para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos con las comunidades indígenas por las distintas entidades.
En desarrollo de dichos procesos, la Unidad realizó, en febrero, marzo y abril de este año, la entrega de tres ayudas humanitarias posteriores a la realización de los retornos. Además, puso en funcionamiento un punto de atención en Pueblo Rico, en donde atienden dos funcionarios, uno de ellos perteneciente a la comunidad indígena.
Actualmente, la entidad desarrolla el proceso para brindar apoyo a un proyecto productivo basado en la confección de artesanías de chaquiras, que estará en funcionamiento en los próximos meses.
Yolman Osorio, coordinador de retornos y reubicaciones de la Unidad, recordó que “además de los compromisos mencionados, la Unidad realizó gestiones en conjunto con la administración municipal para la cofinanciación en cuanto a la dotación de mobiliario y equipos tecnológicos para 17 instituciones educativas en la zona de influencia de las comunidades retornadas”.
Uno de los objetivos primordiales de la Unidad para las Víctimas ha sido transformar las vidas de los retornados, apoyándolos para retomar las actividades que perdieron por el conflicto armado, sobretodo propiciando la reunificación familiar y el rescate de las costumbres ancestrales de estas comunidades.
“Estamos realizando un seguimiento a los distintos compromisos adquiridos por las entidades en estos procesos de retorno; la entidad ha cumplido con los pactos y esperamos que en el menor tiempo posible las demás entidades también lo puedan
hacer; la queja generalizada es sobre el tema de vivienda, por el cual responde Fiduagraria y, de acuerdo con una reunión sostenida esta semana, se concretó que en un mes se estará retomando el proceso de construcción de 44 viviendas para los retornados de Cali en el año 2015”, dijo Laura Moreno, directora territorial de la Unidad en el Eje Cafetero.
En desarrollo del Comité, las autoridades indígenas expusieron situaciones sobre las que esperan encontrar respuestas con fechas puntuales, especialmente en lo relacionado con vivienda, salud, educación, primera infancia y proyectos productivos.
Para Raúl Guasiruma, gobernador mayor del resguardo Chamí Unificado, hace falta cumplimiento por parte de algunas entidades. “Una muestra de nuestra voluntad de aportar a la paz del país es que las comunidades que retornaron continúan en sus resguardos; en ese sentido, sabemos que la Alcaldía de Bogotá y la Unidad han cumplido y hacen la gestión, pero las entidades ejecutoras no han cumplido al ciento por ciento y eso nos preocupa, al igual que las amenazas”, acotó.
Además de la población que habita en los resguardos indígenas de Kundumí, Alto Baraquirura, Bichuvara y Similitó, también participaron de la reunión la directora territorial de la Unidad en Chocó, Vanessa Palacio, la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Alcaldía de Bogotá.
“Estos comités de seguimiento nos sirven mucho para ver los avances en las matrices planteadas en la búsqueda del bien de la comunidad víctima retornada, en nuestro municipio tenemos las puertas abiertas para todos los retornos que se puedan realizar, mitigando de esta forma la situación de nuestros indígenas en las ciudades, pero todo debe de hacerse de manera ordenada y cumpliendo los compromisos”, concluyó Rubén Darío Ruiz, alcalde de Pueblo Rico.
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