La Unidad para las Víctimas –Dirección Territorial Caquetá- Huila– realizará durante el mes de mayo la entrega de 525 cartas de indemnización administrativa a víctimas del conflicto armado en estos departamentos del sur del país, por un monto que supera los $4.500 millones.
En el Huila, la indemnización cobijará a 275 personas que recibirán más de $2.362 millones y en el Caquetá, 250 víctimas del conflicto recibirán $2.200 millones.
A la fecha en el Huila se hecho entrega efectiva de 130 cartas de indemnización que corresponden a víctimas de la ciudad de Neiva, por un monto que asciende a $1.100 millones de pesos. Entre tanto, Caquetá reporta en lo corrido del mes 180 beneficiarios pertenecientes a los diferentes municipios, que han recibido $1.500 millones.
El 100% de los favorecidos es población víctima cobijada por la resolución 1049 de 2018, que prioriza a personas mayores de 74 años, con discapacidad o con alguna enfermedad ruinosa, huérfana, catastrófica o terminal.
Durante las jornadas, la directora de la Unidad en Caquetá-Huila, Yhina Paola Lombana López, de la mano del equipo de trabajo, abrieron espacios para dar a conocer la oferta institucional y ofrecieron capacitaciones a los beneficiarios, sobre la importancia de invertir acertadamente estos recursos, para que los sobrevivientes mejoren su proyecto de vida.
Alison Cuéllar, un joven que hace parte de las víctimas de Caquetá, señaló que los recursos recibidos serán invertidos en su preparación académica como sicólogo, pues su sueño es adelantar un proyecto comunitario para servir a la ciudadanía.
Entre tanto, doña Teresa Salinas, manifestó que comprará pollos para un galpón en su parcela, con lo que aspira generar empleo e ingresos a su familia.
Finalmente, la directora territorial alertó a las víctimas con relación al fraude, para que no se “dejen engañar”, recordando que todos los trámites ante la entidad son gratuitos.
Estas entregas se llevan a cabo de manera presencial. Sin embargo, la Unidad para las Víctimas trabaja en el proceso de bancarización de las víctimas a través de convenios con entidades bancarias, para que los afectados por el conflicto reciban el pago de una forma segura, facilitando la consignación de los recursos.
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