Con la entrega de la indemnización administrativa a 15.907 sobrevivientes del conflicto armado, en 471 municipios del país, durante los primeros 100 días del gobierno del Presidente Iván Duque, la Unidad para las Víctimas ha dado continuidad al proceso de reparación integral al que tienen derecho estas personas por los daños sufridos a manos de grupos violentos.
De esa manera, la Unidad, como parte del Gobierno Nacional, implementa la política pública para las víctimas establecida en la Ley 1448 de 2011, que incluye cinco medidas de reparación integral: rehabilitación, satisfacción, restitución (de tierras, vivienda, fuentes de ingreso, empleo, acceso a crédito), garantías de no repetición e indemnización.
En los 100 días iniciales de este gobierno, la inversión en indemnizaciones ha sido de casi 92 mil millones de pesos ($91.862.418.204), con los cuales se espera que las víctimas mejoren su calidad de vida.
Antes de entregar esos recursos a cada persona, la Unidad para las Víctimas les ofrece talleres sobre cómo invertir el dinero de una manera que contribuya a transformar sus vidas. Es así como se les explica y se les hace un acompañamiento básico sobre inversiones en vivienda urbana o rural, en tierras, en educación o en proyectos productivos.
De manera paralela la entidad ofrece a las víctimas talleres de rehabilitación sicosocial en los que participan de manera voluntaria, para ayudarlas a superar el dolor, la rabia y otros traumas generados por los hechos violentos que las afectaron.
Entre el 01 de agosto y el 14 de noviembre de este año, la entidad ha ordenado la entrega de 30.729 indemnizaciones individuales, por un valor de alrededor de $162.585 millones, pero no todas han sido entregadas. Por diversas razones, aún están pendientes de pago 14.757 por un monto total cercano a $70.240 millones.
Entre esas indemnizaciones ordenadas se encuentran 9.500 que favorecen a menores de edad, por un valor total cercano a $39.466 millones. En el caso de las víctimas niños, niñas y adolescentes, la medida consiste en un encargo fiduciario que administra una entidad financiera hasta que el beneficiado cumpla la mayoría de edad (18 años) y pueda reclamar personalmente el dinero.
“Estamos cumpliendo con cada una de las medidas de reparación integral como lo son rehabilitación, satisfacción, restitución, indemnización y garantías de no repetición. Lo que buscamos es transformar la vida de la víctimas y lo anterior viene acompañado con un paquete de atención psicosocial y acompañamiento para la adecuada inversión de los recursos. Lo anterior demuestra que con la Ley 1448 le estamos cumpliendo a las víctimas y que adicional a esto estamos construyendo país”, señaló Ramón Alberto Rodríguez Andrade, director general de la Unidad para las Víctimas.
La reparación integral a las víctimas no solo implica una indemnización monetaria o la restitución de unos bienes, sino un acompañamiento del Estado, que garantice el goce efectivo de sus derechos en materia de educación, salud, vivienda, programas de empleo o generación de ingresos, entre otros, así como acciones para devolverles su dignidad y memoria, recuperar la verdad y crear las condiciones para que los hechos que sufrieron no vuelvan a repetirse.
